La huelga convocada por los estudiantes de secundaria y bachillerato tiene un desigual seguimiento entre el alumnado de Castril.

                                                                             

En los institutos a los que acude el alumnado de Castril, durante el primer día de huelga de los tres que han sido convocados, el seguimiento de la misma ha sido bastante desigual. En el instituto Guadalentín, en Pozo Alcón, la huelga ha alcanzado al 93 % del alumnado convocado: PCPI, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de bach., y ciclos formativos. Respecto a los institutos de Huéscar, en el Alquiviria ningún curso había secundado esta primera jornada, mientras que en La Sagra se habían puesto en huelga el alumnado de los ciclos formativos y, por ahora, un reducido número de alumnos/as de secundaria y bachillerato. Según fuentes de este instituto, se estaban aún gestionando los permisos de las familias, por lo que el número de alumnos/as en huelga podría ir en aumento.

La huelga ha sido convocada por el sindicato de estudiantes, contando con el apoyo para la jornada del 18 de octubre con la CEAPA, Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos. El motivo de estas jornadas de huelga es la protesta por los recortes que se están produciendo en el gasto de Educación. Estos recortes en la práctica están suponiendo un deterioro de la calidad de la enseñanza por aumentos de ratio profesor/alumno (masificación de las aulas), sobrecargas en el profesorado al prolongarle la jornada lectiva, pruebas externas para que el alumnado pueda proseguir estudios, y su encarecimiento, perjudicando ostensiblemente a las familias económicamente menos favorecidas, afectando sobre todo en las becas (menos cuantía y más dificultad para su acceso) y en el precio de las matrículas. En definitiva, una reducción del gasto que está suponiendo la pérdida de calidad y degradación del sistema público educativo.

No olvidemos que estas políticas de reducción de gasto se deben, según el Gobierno, a la necesidad de contener el déficit público. Una necesidad impuesta por las instituciones europeas y el sector financiero de la economía que servilmente acatan los partidos políticos mayoritarios. En la práctica, el objetivo que persiguen es el desmantelamiento los servicios públicos, del Estado de Bienestar (educación, sanidad, pensiones, ayudas a domicilio, subsidio de paro, pensiones...) para satisfacer los intereses de los bancos, europeos y españoles, al garantizarle más recursos financieros y nuevos nichos de negocio. En definitiva, una política al servicio de los muy ricos y un paso atrás para los sectores mayoritarios de la población.