Incomprensiblemente, el Gobierno, a través de la subdelegación en Granada, continúa con el proceso de expropiaciones efectuado por la CHG de los terrenos por donde iba a discurrir la tubería del trasvase del río Castril. Como puede verse en la imagen, el 27 de abril pasado la subdelegación envió esta notificación a uno de los afectados comunicándole la valoración sobre el precio de las tierras sujetas a expropiación y ocupación. Además, le señala un plazo de un mes desde la recepción de la comunicación para que pueda interponer potestativo recurso de reposición, o de dos meses si es directamente recurso contencioso-administrativo ante el TSJA, contra el acuerdo del jurado provincial de expropiación forzosa.
Recordemos que desde el 21 de febrero de 2011 las obras del trasvase están paralizadas por orden del Supremo. En ese mismo auto, también se ordena la paralización del proceso de expropiaciones y anuncia que de ello se pondrá en conocimiento al ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para que, a su vez, dé las correspondientes instrucciones. Por tanto, la situación de ilegalidad de estas actuaciones es más que manifiesta. En rigor, estas obras eran ya ilegales desde que se declaró nulo de pleno derecho el decreto que amparaba el trasvase, el RD 1419/2005, con sentencia publicada el 1 de marzo de 2010. Como puede verse, nuevamente se amparan en dicho decreto para continuar con las expropiaciones. Posteriormente, en incidente de ejecución de sentencia promovido por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, el Supremo ordenó la paralización, que fue definitiva semanas después tras rechazar el recurso de súplica del ministerio. Tampoco podemos olvidar que la Audiencia Nacional había decretado la suspensión temporal de todas las actuaciones. Por último, y tras un desesperado intento, el Gobierno trató de legalizar las obras mediante una disposición, la disposición XV, en la ley de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados, a finales de junio. Pero el Supremo planteó cuestión de inconstitucionalidad a esta disposición y el Tribunal Constitucional resolvió suspendiendo la entrada en vigor de la misma.
Es difícil entender cómo llevan a cabo estas actuaciones contra lo ordenado por todas las instancias judiciales mencionadas. Este desprecio a las sentencias judiciales y al propio Tribunal Constitucional por parte de las administraciones y, en este caso concreto, del jurado de expropiaciones forzosas, no puede quedar impune. Ni tampoco la responsabilidad que adquiere la subdelegación del Gobierno en Granada, la CHG y el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino al no ordenar detener la ejecución de los expedientes abiertos. A nuestro entender, todo ello podría ser constitutivo de un delito de desacato a la autoridad judicial que podría tener consecuencias sobre sus responsables.
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