Termina el año: se paralizó el trasvase del río y hubo cambio en el gobierno municipal, pero los nuevos regadíos y el colegio siguen esperando.

Cuando aún no se ha celebrado el último y crucial pleno del año en el que se aprobarán los presupuestos para el próximo año, podemos hacer balance de los principales logros y las expectativas fracasadas en este año que termina.

Una noticia destaca sobre todas: la paralización del trasvase del río por el Tribunal Supremo. Además, la Audiencia Nacional también procedió a la suspensión cautelar hasta que se produzca la sentencia definitiva. Ahora se está a la espera de que el Supremo se pronuncie por la demolición (retirada de las tuberías instaladas), restitución del medio y las indemnizaciones a hubiere lugar.

Pero también fue ampliamente celebrado (dos de cada tres vecinos/as) el cambio en la alcaldía, dando fin a los 9 años de gobierno de José Juan López, para dar inicio a una nueva y esperanzada etapa con dos períodos de dos años, teniendo de alcalde en estos primeros a Miguel Pérez (Nuevo Castril), y Alicia López (Izquierda Unida) de teniente de alcalde.

Otras buenas noticias, aunque con retrasos poco justificables, fueron la terminación de la carretera hacia Benamaurel y el comienzo de las obras del castillo roquero. Asimismo, con diligencia, el nuevo equipo de gobierno solucionó el problema de los vertidos al río y se procedió  a la limpieza de los depósitos de agua para abastecimiento. Algunos caminos rurales fueron por fin arreglados, se recuperaron algunos festejos tradicionales y la actividad ciudadana transcurrió con la normalidad democrática deseada.

En el debe de este año tendríamos que situar las dos grandes mentiras anunciadas por el anterior alcalde y dirigentes provinciales de la Junta de Andalucía. Ni los nuevos regadíos “eran ya una realidad” ni las instalaciones escolares se construirían “durante el año natural”. Ambas medidas fueron siempre presentadas con la exclusiva intención de conseguir réditos electorales entre los beneficiarios de los nuevos regadíos y padres y madres de los escolares. Sobre ambas cuestiones, el actual equipo de gobierno ha tomado diferentes iniciativas que iremos anunciando en cuanto produzcan novedades.

Tampoco podemos olvidar la construcción de la central hidroeléctrica como una potencial amenaza para la integridad ecológica del río Castril. Esperamos que el equipode gobierno sea capaz de negociar con la CHG el mantenimiento de los caudales ecológicos a lo largo de todo el año. La mejor garantía de ello y que los benefcios que reporte su explotación repercutan en el pueblo es que el ayuntamiento sea parte en la cogestión de la central. 

Respecto a las deudas contraídas en la legislatura pasada, tanto en el ayuntamiento como en el Centro Saramago, aún se está lejos de haber aclarado la situación. Especialmente sangrante es el estado del Centro Saramago, carcomido de deudas, sin que se pueda tener un conocimiento de su situación real, dada la negativa a facilitar información por el gerente, así como el cierre de la biblioteca o el lamentable estado en que quedaron dependencias utilizadas por el Centro, como es el caso del antiguo teatro. Según hemos sido informados, pueden tomarse decisiones relevantes sobre la demandada auditoría y el cambio en la gerencia en los próximos días. Esteremos atentos, tanto sobre este tema como del último pleno del año.

Las deudas contraídas en años anteriores limitan las posibilidades de gasto del Ayuntamiento e hipotecan el futuro del Centro Saramago.

Faltan pocos días para que termine el año y, por tanto, el plazo para aprobar los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. El presupuesto es importante en la medida en que es el instrumento que contempla las previsiones de ingreso y gasto del propio ayuntamiento y por el que se va regir la política municipal el próximo año. Esto no quiere decir que no vaya a haber otros recursos y ayudas económicas y otros gastos, pero la procedencia de ellos será de otras administraciones.

Analizando lo que son los recursos propios del ayuntamiento y su previsible gasto, en primer lugar señalaríamos que los ingresos del ayuntamiento no van a variar sustancialmente respecto a años anteriores, pues la actividad que los genera y las aportaciones de las administraciones del Estado son similares. En segundo lugar, un buen porcentaje del gasto es el mismo de otros años y poco se puede modificar de él. Ahora bien, ¿qué sucede con el dinero realmente disponible? A esa cantidad se le tiene que detraer la parte de deuda que haya que pagar en el próximo año. Y ese es el problema. Esa cantidad es excesiva. Según hemos sido informados, la deuda que el ayuntamiento tiene contraída, con partidas pendientes desde 2.005, puede rondar los 500.000 euros. Pocas objeciones podrían hacerse si dicha deuda fuese producto de inversiones reales en el municipio; inversiones que hubieran supuesto mejoras necesarias en el pueblo y pedanías y que hubiesen supuesto la creación de puestos de trabajo. Pero el problema es que nos encontramos con partidas de gasto en teléfono, taxi, de hoteles, de comidas, de asistencia a congresos, etc. de difícil justificación y que no son más que una muestra del afán de notoriedad y sobreactuación del anterior alcalde. Algunas de ellas se pagaron y otras están pendiente de ello. Este gasto, pendiente de pago o no, va en detrimento de las inversiones reales. Si además le añadimos otros gastos excesivos en festejos y actuaciones musicales, como los realizados poco antes de las elecciones pasadas con una evidente intencionalidad electoral, y otros pendientes desde hace años, el total supone una cantidad de deuda importante, de la que no se podrá contar para futuribles inversiones reales en Castril.

Pero también, para el próximo año y en los presupuestos pendientes de aprobación así debería figurar, hay una partida que necesitaría ser reestructurada. Nos referimos al sueldo de concejales. Lo hemos dicho en más de una ocasión: no se justifican los actuales cinco sueldos de concejales. Y no valen las excusas de que el anterior gobierno municipal gastaba más (que hacía repartiendo los sueldos entre el ayuntamiento y el Centro Saramago). Precisamente por ello lo criticamos: por los muchos sueldos y por la desmesurada remuneración que se puso el alcalde. Ser miembro de una candidatura electoral no es participar en una bolsa de trabajo. Quien aspira y quien ostenta un cargo de representación institucional debe hacerlo con el objetivo de gestionar los asuntos públicos pensando en el interés general. Si lo que preocupa es la satisfacción de los intereses privados, su lugar no es el de la gestión política. Sólo en circunstancias excepcionales se justifica la remuneración por la actividad política. En un pueblo del presupuesto y de la población como Castril, con una renta per cápita que supera en poco los 8.000 euros, tres concejales liberados, a tiempo total, ya son excesivos. Lo demás es un derroche de fondos públicos injustificable, que son aportados por toda la ciudadanía, e igual de criticable que lo que se hacía en la anterior legislatura (aunque entonces el total fuese mayor). Si algún/a concejal necesita un puesto de trabajo, como otras muchas personas, tiene que apuntarse a las mismas listas del paro, a las mismas bolsas de trabajo que los demás; pero no puede tener el privilegio de crearse un puesto de trabajo para él en el ayuntamiento. Si es necesaria esa actividad, entonces debe contratarse al personal laboral adecuado para esa función siguiendo los procedimientos ordinarios. La situación actual no se puede aceptar desde un punto de vista ético. Puede entenderse que tal como se ha efectuado el cambio respecto al régimen anterior y la espantada del anterior alcalde, hubo necesidad de que todo el equipo de gobierno dedicara la jornada laboral para ordenar y poner en marcha el ayuntamiento. Pero esa supuesta necesidad ya pasó y la actividad municipal se encuentra normalizada. Si esta situación, los cinco sueldos, persistiera en el tiempo, sin duda, los vecinos y vecinas acabarán pasando factura a las fuerzas políticas que conforman el equipo de gobierno.

En lo que respecta al Centro Saramago, las deudas que aparecen obligan a que, sin más demora, se realice una auditoría y se depuren responsabilidades. Hemos sabido que hay varias denuncias judiciales contra el gerente del Centro y anterior alcalde por impago de facturas. No alcanzamos a entender cómo puede debérsele y en concepto de qué la cantidad aproximada de unos 10.000 euros con un medio de comunicación. Pero es que aparecer más. Hay una, sorprendentemente, de 2005, cuando aun no estaba oficialmente constituido el Centro, de actividades musicales en Granada. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué se hizo con el dinero ingresado por las administraciones presentes en el patronato? Diputación de Granada, Ayuntamiento de Castril y Universidad de Granada son los miembros del patronato que han aportado los ingresos para el funcionamiento del Centro. ¿Dónde están los libros de contabilidad, inventarios, etc. preceptivos? Volvemos a insistir: el Centro no puede permanecer cerrado, sin actividad y con la biblioteca cerrada. Por tanto, las decisiones respecto a la auditoría y el cambio de gerente son una necesidad que esperamos sean ya una realidad con el inicio del año.

El accidente de tráfico en el que perdieron la vida tres vecinos de Castril no es una tragedia fortuita sin más.

Hace ya varios días de que el accidente de tráfico con el resultado de tres vecinos muertos fuera noticia en casi todos los medios de difusión estatal. Precisamente este ha sido el motivo de que no informáramos nosotros. Tampoco queríamos proporcionar imágenes del estado en que quedaron los vehículos; para no aumentar el morbo que suele rodear estos acontecimientos.

Pero ahora, pasados ya varios días, sí queremos hacer una reflexión que vaya más allá de las cábalas y comentarios que circulan en Castril y en las pedanías acerca de las posibles causas del accidente.

El tramo de carretera donde se produjo el accidente es una tramo estrecho, como son todas las carreteras del término municipal de Castril. En ese tramo de carretera hay numerosos cruces hacia pueblos (Castilléjar), pedanías, cortijadas, y accesos a fincas. La actividad dominante es la actividad agrícola. Por ello es bastante frecuente el tránsito de vehículos lentos como tractores y otros que se dedican a tareas relacionadas con la agricultura. Con estas circunstancias, la probabilidad de que se produzcan accidentes como el ocurrido o similares es superior a otro tipo de carreteras. De hecho, han sido varios los accidentes producidos en los últimos años, aunque sin el fatal resultado del acaecido el otro día. Porque en una carretera donde transiten vehículos lentos por la actividad que se desarrolla en esa comarca, por seguridad vial, para prevenir accidentes, lo lógico es que funcionara una vía de servicio. Una vía de servicio obligatoria impediría a los tractores y vehículos lentos, salvo para cruces (que estuvieran bien señalizados) circular por la carretera. Y lo que decimos para el tramo de las Almontaras, también es válido para el resto de carreteras que unen las pedanías con Castril (Fátima, Cebas, etc.). Más aun cuando, además de los vehículos dedicados a las tareas agrícolas, es una carretera por la que circulan los camiones que transportan la piedra de las canteras.

Esto no quiere decir que con esa medida se vayan a evitar los accidentes, pero lo que sí es seguro es que se reducirán. Y ningún coste es mucho si de lo que se trata es de salvar vidas humanas, de la integridad física de las personas. En alguna ocasión ya hemos comentado el estado de las carreteras, lo sinuosas y estrechas y los accidentes habidos, entre cuyos accidentados se encuentra el propio transporte público. Las administraciones, desde el Gobierno (la CHG depende del ministerio) a la Junta de Andalucía y la Diputación provincial tienen que tomar las medidas adecuadas para reducir la inseguridad y evitar más accidentes en el futuro. El ayuntamiento debe realizar las gestiones oportunas para que quienes tienen las competencias en esta materia se impliquen en ello.

Desde este blog, al margen de hacerlo personalmente, transmitimos el pésame y nuestro dolor a las familias de los tres vecinos fallecidos.

La justicia está con la población de Cortes y Castril, el río y su vega. La represión se hizo con desprecio del derecho y las libertades democráticas.

El 1 de marzo de 2010 se publicó en el BOE la sentencia del tribunal Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, el conocido decreto de la sequía. Desde ese mismo instante, todas las medidas administrativas adoptadas en dicho decreto y las que más tarde se tomarían como consecuencia de sus prórrogas, dejaban de tener cobertura legal. Entre estas medidas se encontraban las del trasvase del río Castril. Inmediatamente, la Plataforma por la Defensa del Río Castril se dirigió a todas las administraciones advirtiendo de la situación, mostrando la sentencia del Supremo y pidiendo la inmediata paralización de las obras y el proceso de expropiaciones. La respuestas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y del Gobierno, a través del subdelegado de Gobierno, A. Cruz, fue la de negar que las obras estuvieran afectadas por la sentencia. Poco después argumentaron que las prórrogas de decreto 1419/2005 (decreto que al ser nulo de pleno derecho había desaparecido del Ordenamiento jurídico), tenían validez legal para permitir la continuidad de las expropiaciones y las obras del trasvase. La delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía derivó responsabilidades al ministerio de medio Ambiente, quien tenía la competencia de dichas obras. De nada sirvió que se le recordaran sus competencias en materia ambiental y su deber de proteger un entorno que estaba siendo ilegalmente agredido.

La decisión de proseguir las obras estaba tomada. Desde la CHG, desde el ministerio, desde la dirección provincial en Granada del PSOE, desde la Junta de Andalucía apoyaron que la empresa continuara los destrozos en la vega y que las expropiaciones siguieran su curso. Pero también se incrementó la resistencia de las familias agricultoras de Castril y, especialmente, de Cortes de Baza durante el verano de 2010.

Ante la manifiesta ilegalidad de las obras y de las expropiaciones, de la declaración de emergencia y de todo el proceso administrativo seguido, que documentalmente estaba basado en el decreto declarado nulo de pleno derecho y al que aun continuaban refiriéndose en la CHG para continuar las expropiaciones, decidieron entonces inventarse otra excusa para tratar de eludir el obligado acatamiento de la ley. Como el decreto 1419/2005 (decreto nulo) autorizaba al ministerio a emprender las obras necesarias para combatir la sequía, y quien firmaba la orden ministerial era la entonces ministra de Medio Ambiente, C. Narbona, pretendieron engañar a las asociaciones defensoras del río y al ayuntamiento de Cortes de Baza (el de Castril, yendo contra su pueblo, fue un firme defensor del trasvase. Es más, se inició por el acuerdo al que llegó el entonces alcalde, José Juan López, con la CHG. Esto le ha costado la alcaldía) sosteniendo que era la orden ministerial la que aprobaba y autorizaba el trasvase del río, y que, por tanto, el RD 1419/2005 no tenía ningún efecto sobre esta medida.

En ese intenso verano de 2010, a todas las administraciones, fiscalía, Defensor del Pueblo, empresa que ejecutaba las obras, juzgados y a la propia Guardia Civil se les indicó que las expropiaciones y las obras no tenían cobertura legal y que no estaban acatando la sentencia del Supremo. Con conocimiento de ello, a finales de agosto y primeros de septiembre, se procedió a una brutal represión sobre la población de Cortes y las personas de Castril desplazadas al vecino y ribereño pueblo. Los antidisturbios (GRS) tomaron Cortes, establecieron controles, registros,, disolvieron los intentos de los vecinos y vecinas por acceder a sus tierras, denunciaron judicialmente a las personas que participaron en las protestas y el subdelegado de Gobierno impuso más de cien multas, muchas de las cuales alcanzaban los 7.000 euros (casi la renta per cápita de esos pueblos). El subdelegado de Gobierno dispuso de las fuerzas de seguridad para apoyar unas obras ilegales, en unas tierras ilegalmente expropiadas, para permitir a una empresa que trabajaba ilegalmente producir los destrozos en los cultivos y vegetación de ribera contra un pueblo que defendía la justicia y el derecho. El Gobierno actuaba al margen de la ley y utilizaba el poder represivo del Estado para acallar a un pueblo que defendía lo que era justo, sus tierras y su río. Y lo que el derecho prescribía.

En efecto, la sentencia del Supremo de 1 de marzo de 2010 no dejaba ningún lugar a dudas. Y si la división de poderes tiene sentido, es precisamente para que no se pueda abusar del poder, que el poder detenga al poder y no se caiga en el despotismo, salvaguardando la libertad y la ley. Esa fue, al menos, la intención de Montesquieu. Pero en este caso, pasaban los meses y las obras (y la represión) continuaban a marchas forzadas. La resistencia popular se había debilitado, pero no desaparecido. Es sabido, como Niestzche sostenía, que el poder posee el derecho, pero los débiles lo necesitan. En esa situación, se volvió a insistir ante el poder judicial: ante el Supremo porque el Gobierno no acataba la sentencia (con efectos desde el 1 de marzo), ante la Audiencia Nacional por la peregrina argucia de de justificar las obras en una orden ministerial. El 21 de febrero de 2011, el Supremo ordena directamente la paralización definitiva de las obras y las expropiaciones, quedando pendiente la demolición, restitución del medio y las indemnizaciones.

Pero el Gobierno intenta un nuevo ardid. En el trámite del Senado del proyecto de ley de Gestión de Residuos Sólidos, el grupo parlamentario del PSOE introduce una disposición, la XV, en la que se convalidan las medidas del RD 1419/2005 (el decreto declarado nulo de pleno derecho), que aprobaba el trasvase. Esta ley fue aprobada el 30 de junio de 2011. Sin duda, se pretendía que las obras pudieran continuar a pesar del auto del Supremo ordenando su paralización. Los ayuntamientos de Cortes, Castril (ahora sí, con el cambio en la alcaldía) y la Plataforma piden la inconstitucionalidad de la disposición XV. Finalmente, la Audiencia Nacional, donde se había interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial, en auto de 24 de noviembre y notificado el pasado día 30, se percata de las intenciones gubernamentales y decide la suspensión cautelar de la ejecución de la orden ministerial y, por tanto, de las obras –a pesar de estar paradas- hasta que se produzca la sentencia definitiva.

En unos días tendremos cambio de Gobierno. Cesarán los anteriores ministros, los delegados y subdelegados de Gobierno. Cesará el subdelegado en Granada, Antonio Cruz. Cuando se despida podrá decir cualquier cosa (incluso contra el despotismo). Para nosotros, ese día, habrá cesado alguien que se situó por encima de la ley, habrá cesado alguien que pasará por otras cosas, pero nunca por ser un demócrata.

Nuevo correctivo judicial al trasvase del río Castril. Es el momento de negociar sobre la base del proyecto alternativo.

Ahora ha sido la Audiencia Nacional. El trasvase se encuentra paralizado desde la sentencia del Supremo de 21-2-11; pero esto no quiere decir que las demás instancias judiciales no hayan seguido y sigan adelante con los procesos que se encuentran abiertos. Entre ellos se encuentran los contencioso-administrativo interpuesto en la Audiencia Nacional contra la Orden ministerial que autorizaba la ejecución del trasvase. Como hemos comentado en otras ocasiones, la CHG y el Gobierno sostenían que era esa orden ministerial la que autorizaba el trasvase del río y no las medidas aprobadas en el RD 1419/2005, el decreto declarado nulo, por lo que no quedaba afectado por la sentencia del Supremo. Ello obligó a que se interpusieran también los correspondientes recursos contencioso-administrativo contra dicha orden, alegando que esta sólo podía tener validez jurídica dando continuidad al decreto declarado nulo. Es decir, que al quedar sin el amparo del decreto del Gobierno, esta orden carecía de rango normativo para aprobar el proceso de expropiaciones y el trasvase.

Cuando se interpuso el recurso, la suspensión cautelar de las obras del trasvase fue denegada por por el juzgado: la abogacía del Estado argumentó contra ella sosteniendo que no era necesaria al estar las obras paralizadas por el Supremo. Pero se recurrió alegando que la orden ministerial impugnada seguía existiendo y produciendo efectos, y que, por tanto, la paralización del trasvase no agotaba la necesidad de la suspensión cautelar de una orden que, además, se limitaba a proceder en consecuencia a lo aprobado en el decreto declarado nulo de pleno derecho.

La Audiencia asume dichas razones y (¡sorpresa!) entiende que la Administración, con la disposición XV de la ley de Gestión de Residuos (véase entradas del 29, 30 de julio y 10 de agosto) y con su pretensión de que no haya suspensión cautelar, lo que puede pretender es darle continuidad a las obras. Asimismo, valorando los perjuicios medioambientales y en la modificación del régimen de propiedad jurídica de las fincas afectadas, queda justificada y "procede paralizar las obras y actuaciones derivadas de la Orden impugnada" hasta tanto se estudia el fondo de la cuestión. También considera la Audiencia que no hay ninguna necesidad de realizar unas obras de emergencia, toda vez que pasados 5 años se muestra que no ha habido ningún problema para el abastecimiento, y lo que sí están siendo perjudicados es el río y las familias agricultoras cuyas tierras han sido invadidas y expropiadas.

El auto de la Audiencia Nacional, en su parte expositiva , termina diciendo:

2º Procede adoptar la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, la suspensión cautelar de la ejecución de la Orden Ministerial impugnada, de forma que durante la tramitación del procedimiento principal se detenga la ejecución de las obras objeto de la disposición impugnada.

Por tanto, otra buena noticia que nos llega desde instancias judiciales. Mientras, desde la CHG, desde el Gobierno, siguen sin atender la llamada para una negociación sobre la base del proyecto alternativo. Y sin retirar las denuncias judiciales que pusieron a quienes estaban con la justicia y la ley en la resistencia frente al trasvase. El nuevo Gobierno que se constituirá dentro de pocas semanas tiene que asumir y zanjar definitivamente este innecesario problema. El embalse del Negratín, donde desemboca el río, puede satisfacer las necesidades que razonablemente puedan darse. Esperemos que la negociación, que otros negaron y niegan, se produzca entonces.