Las deudas contraídas en años anteriores limitan las posibilidades de gasto del Ayuntamiento e hipotecan el futuro del Centro Saramago.

Faltan pocos días para que termine el año y, por tanto, el plazo para aprobar los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. El presupuesto es importante en la medida en que es el instrumento que contempla las previsiones de ingreso y gasto del propio ayuntamiento y por el que se va regir la política municipal el próximo año. Esto no quiere decir que no vaya a haber otros recursos y ayudas económicas y otros gastos, pero la procedencia de ellos será de otras administraciones.

Analizando lo que son los recursos propios del ayuntamiento y su previsible gasto, en primer lugar señalaríamos que los ingresos del ayuntamiento no van a variar sustancialmente respecto a años anteriores, pues la actividad que los genera y las aportaciones de las administraciones del Estado son similares. En segundo lugar, un buen porcentaje del gasto es el mismo de otros años y poco se puede modificar de él. Ahora bien, ¿qué sucede con el dinero realmente disponible? A esa cantidad se le tiene que detraer la parte de deuda que haya que pagar en el próximo año. Y ese es el problema. Esa cantidad es excesiva. Según hemos sido informados, la deuda que el ayuntamiento tiene contraída, con partidas pendientes desde 2.005, puede rondar los 500.000 euros. Pocas objeciones podrían hacerse si dicha deuda fuese producto de inversiones reales en el municipio; inversiones que hubieran supuesto mejoras necesarias en el pueblo y pedanías y que hubiesen supuesto la creación de puestos de trabajo. Pero el problema es que nos encontramos con partidas de gasto en teléfono, taxi, de hoteles, de comidas, de asistencia a congresos, etc. de difícil justificación y que no son más que una muestra del afán de notoriedad y sobreactuación del anterior alcalde. Algunas de ellas se pagaron y otras están pendiente de ello. Este gasto, pendiente de pago o no, va en detrimento de las inversiones reales. Si además le añadimos otros gastos excesivos en festejos y actuaciones musicales, como los realizados poco antes de las elecciones pasadas con una evidente intencionalidad electoral, y otros pendientes desde hace años, el total supone una cantidad de deuda importante, de la que no se podrá contar para futuribles inversiones reales en Castril.

Pero también, para el próximo año y en los presupuestos pendientes de aprobación así debería figurar, hay una partida que necesitaría ser reestructurada. Nos referimos al sueldo de concejales. Lo hemos dicho en más de una ocasión: no se justifican los actuales cinco sueldos de concejales. Y no valen las excusas de que el anterior gobierno municipal gastaba más (que hacía repartiendo los sueldos entre el ayuntamiento y el Centro Saramago). Precisamente por ello lo criticamos: por los muchos sueldos y por la desmesurada remuneración que se puso el alcalde. Ser miembro de una candidatura electoral no es participar en una bolsa de trabajo. Quien aspira y quien ostenta un cargo de representación institucional debe hacerlo con el objetivo de gestionar los asuntos públicos pensando en el interés general. Si lo que preocupa es la satisfacción de los intereses privados, su lugar no es el de la gestión política. Sólo en circunstancias excepcionales se justifica la remuneración por la actividad política. En un pueblo del presupuesto y de la población como Castril, con una renta per cápita que supera en poco los 8.000 euros, tres concejales liberados, a tiempo total, ya son excesivos. Lo demás es un derroche de fondos públicos injustificable, que son aportados por toda la ciudadanía, e igual de criticable que lo que se hacía en la anterior legislatura (aunque entonces el total fuese mayor). Si algún/a concejal necesita un puesto de trabajo, como otras muchas personas, tiene que apuntarse a las mismas listas del paro, a las mismas bolsas de trabajo que los demás; pero no puede tener el privilegio de crearse un puesto de trabajo para él en el ayuntamiento. Si es necesaria esa actividad, entonces debe contratarse al personal laboral adecuado para esa función siguiendo los procedimientos ordinarios. La situación actual no se puede aceptar desde un punto de vista ético. Puede entenderse que tal como se ha efectuado el cambio respecto al régimen anterior y la espantada del anterior alcalde, hubo necesidad de que todo el equipo de gobierno dedicara la jornada laboral para ordenar y poner en marcha el ayuntamiento. Pero esa supuesta necesidad ya pasó y la actividad municipal se encuentra normalizada. Si esta situación, los cinco sueldos, persistiera en el tiempo, sin duda, los vecinos y vecinas acabarán pasando factura a las fuerzas políticas que conforman el equipo de gobierno.

En lo que respecta al Centro Saramago, las deudas que aparecen obligan a que, sin más demora, se realice una auditoría y se depuren responsabilidades. Hemos sabido que hay varias denuncias judiciales contra el gerente del Centro y anterior alcalde por impago de facturas. No alcanzamos a entender cómo puede debérsele y en concepto de qué la cantidad aproximada de unos 10.000 euros con un medio de comunicación. Pero es que aparecer más. Hay una, sorprendentemente, de 2005, cuando aun no estaba oficialmente constituido el Centro, de actividades musicales en Granada. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué se hizo con el dinero ingresado por las administraciones presentes en el patronato? Diputación de Granada, Ayuntamiento de Castril y Universidad de Granada son los miembros del patronato que han aportado los ingresos para el funcionamiento del Centro. ¿Dónde están los libros de contabilidad, inventarios, etc. preceptivos? Volvemos a insistir: el Centro no puede permanecer cerrado, sin actividad y con la biblioteca cerrada. Por tanto, las decisiones respecto a la auditoría y el cambio de gerente son una necesidad que esperamos sean ya una realidad con el inicio del año.