El 1 de marzo de 2010 se publicó en el BOE la sentencia del tribunal Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, el conocido decreto de la sequía. Desde ese mismo instante, todas las medidas administrativas adoptadas en dicho decreto y las que más tarde se tomarían como consecuencia de sus prórrogas, dejaban de tener cobertura legal. Entre estas medidas se encontraban las del trasvase del río Castril. Inmediatamente, la Plataforma por la Defensa del Río Castril se dirigió a todas las administraciones advirtiendo de la situación, mostrando la sentencia del Supremo y pidiendo la inmediata paralización de las obras y el proceso de expropiaciones. La respuestas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y del Gobierno, a través del subdelegado de Gobierno, A. Cruz, fue la de negar que las obras estuvieran afectadas por la sentencia. Poco después argumentaron que las prórrogas de decreto 1419/2005 (decreto que al ser nulo de pleno derecho había desaparecido del Ordenamiento jurídico), tenían validez legal para permitir la continuidad de las expropiaciones y las obras del trasvase. La delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía derivó responsabilidades al ministerio de medio Ambiente, quien tenía la competencia de dichas obras. De nada sirvió que se le recordaran sus competencias en materia ambiental y su deber de proteger un entorno que estaba siendo ilegalmente agredido.
La decisión de proseguir las obras estaba tomada. Desde la CHG, desde el ministerio, desde la dirección provincial en Granada del PSOE, desde la Junta de Andalucía apoyaron que la empresa continuara los destrozos en la vega y que las expropiaciones siguieran su curso. Pero también se incrementó la resistencia de las familias agricultoras de Castril y, especialmente, de Cortes de Baza durante el verano de 2010.
Ante la manifiesta ilegalidad de las obras y de las expropiaciones, de la declaración de emergencia y de todo el proceso administrativo seguido, que documentalmente estaba basado en el decreto declarado nulo de pleno derecho y al que aun continuaban refiriéndose en la CHG para continuar las expropiaciones, decidieron entonces inventarse otra excusa para tratar de eludir el obligado acatamiento de la ley. Como el decreto 1419/2005 (decreto nulo) autorizaba al ministerio a emprender las obras necesarias para combatir la sequía, y quien firmaba la orden ministerial era la entonces ministra de Medio Ambiente, C. Narbona, pretendieron engañar a las asociaciones defensoras del río y al ayuntamiento de Cortes de Baza (el de Castril, yendo contra su pueblo, fue un firme defensor del trasvase. Es más, se inició por el acuerdo al que llegó el entonces alcalde, José Juan López, con la CHG. Esto le ha costado la alcaldía) sosteniendo que era la orden ministerial la que aprobaba y autorizaba el trasvase del río, y que, por tanto, el RD 1419/2005 no tenía ningún efecto sobre esta medida.
En ese intenso verano de 2010, a todas las administraciones, fiscalía, Defensor del Pueblo, empresa que ejecutaba las obras, juzgados y a la propia Guardia Civil se les indicó que las expropiaciones y las obras no tenían cobertura legal y que no estaban acatando la sentencia del Supremo. Con conocimiento de ello, a finales de agosto y primeros de septiembre, se procedió a una brutal represión sobre la población de Cortes y las personas de Castril desplazadas al vecino y ribereño pueblo. Los antidisturbios (GRS) tomaron Cortes, establecieron controles, registros,, disolvieron los intentos de los vecinos y vecinas por acceder a sus tierras, denunciaron judicialmente a las personas que participaron en las protestas y el subdelegado de Gobierno impuso más de cien multas, muchas de las cuales alcanzaban los 7.000 euros (casi la renta per cápita de esos pueblos). El subdelegado de Gobierno dispuso de las fuerzas de seguridad para apoyar unas obras ilegales, en unas tierras ilegalmente expropiadas, para permitir a una empresa que trabajaba ilegalmente producir los destrozos en los cultivos y vegetación de ribera contra un pueblo que defendía la justicia y el derecho. El Gobierno actuaba al margen de la ley y utilizaba el poder represivo del Estado para acallar a un pueblo que defendía lo que era justo, sus tierras y su río. Y lo que el derecho prescribía.
En efecto, la sentencia del Supremo de 1 de marzo de 2010 no dejaba ningún lugar a dudas. Y si la división de poderes tiene sentido, es precisamente para que no se pueda abusar del poder, que el poder detenga al poder y no se caiga en el despotismo, salvaguardando la libertad y la ley. Esa fue, al menos, la intención de Montesquieu. Pero en este caso, pasaban los meses y las obras (y la represión) continuaban a marchas forzadas. La resistencia popular se había debilitado, pero no desaparecido. Es sabido, como Niestzche sostenía, que el poder posee el derecho, pero los débiles lo necesitan. En esa situación, se volvió a insistir ante el poder judicial: ante el Supremo porque el Gobierno no acataba la sentencia (con efectos desde el 1 de marzo), ante la Audiencia Nacional por la peregrina argucia de de justificar las obras en una orden ministerial. El 21 de febrero de 2011, el Supremo ordena directamente la paralización definitiva de las obras y las expropiaciones, quedando pendiente la demolición, restitución del medio y las indemnizaciones.
Pero el Gobierno intenta un nuevo ardid. En el trámite del Senado del proyecto de ley de Gestión de Residuos Sólidos, el grupo parlamentario del PSOE introduce una disposición, la XV, en la que se convalidan las medidas del RD 1419/2005 (el decreto declarado nulo de pleno derecho), que aprobaba el trasvase. Esta ley fue aprobada el 30 de junio de 2011. Sin duda, se pretendía que las obras pudieran continuar a pesar del auto del Supremo ordenando su paralización. Los ayuntamientos de Cortes, Castril (ahora sí, con el cambio en la alcaldía) y la Plataforma piden la inconstitucionalidad de la disposición XV. Finalmente, la Audiencia Nacional, donde se había interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial, en auto de 24 de noviembre y notificado el pasado día 30, se percata de las intenciones gubernamentales y decide la suspensión cautelar de la ejecución de la orden ministerial y, por tanto, de las obras –a pesar de estar paradas- hasta que se produzca la sentencia definitiva.
En unos días tendremos cambio de Gobierno. Cesarán los anteriores ministros, los delegados y subdelegados de Gobierno. Cesará el subdelegado en Granada, Antonio Cruz. Cuando se despida podrá decir cualquier cosa (incluso contra el despotismo). Para nosotros, ese día, habrá cesado alguien que se situó por encima de la ley, habrá cesado alguien que pasará por otras cosas, pero nunca por ser un demócrata.
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