El anterior alcalde tendrá que declarar como imputado por un presunto delito de injurias contra una vecina de Castril.

Desde hace algunos años venimos criticando las formas dictatoriales con las que el anterior alcalde, José Juan López, estaba ejerciendo el poder, especialmente en la última legislatura de su mandato. Esta crítica se hizo desde el mismo momento de su propio nombramiento como alcalde, lo que consiguió con el voto del concejal del PP al que incorporó en su equipo de gobierno (poco después ambos cargos serían denunciados ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo). Desde el instante de su nombramiento, ante el pueblo, estaba quedando como una persona carente de escrúpulos y capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. La frágil situación de su mayoría, siempre pendiente del concejal tránsfuga y de los compromisos con él adquiridos, con el pueblo mayoritariamente en contra por el acuerdo al que llegó con la CHG para permitir el trasvase del río, unido a una gestión política en la que una minoría allegada era ostentosamente beneficiada, hizo que la crítica política estuviera presente desde sus inicios y que el alcalde viviera la práctica totalidad de la legislatura en un permanente estado de crispación.

En ese estado y con esa situación, utilizó todo tipo de medidas y artimañas para silenciar las voces críticas que, en la práctica, supusieron dejar en suspenso las constitucionales libertades ciudadanas. Pero tampoco dudó en acusaciones falaces a sus oponentes, en lo que no eran más que un intento por estimular y provocar enfrentamientos entre el vecindario. El grado de paroxismo al que llegó fue tal que, además del insulto, la calumnia y la difamación, llegó a manipular información en panfletos distribuidos por el pueblo, señalando a determinadas personas como responsables del fracaso de unos proyectos con los que él, José Juan López, venía sistemáticamente engañando a las personas afectadas. Todo ello con el doble objetivo de conseguir los apoyos que iba perdiendo y de que se culpabilizara a personas u organizaciones de sus fracasos. Entre esas clamorosas mentiras, destaca aquella con la que trató de impedir las movilizaciones contra el trasvase: se refería a la supuesta contrapartida de la concesión de nuevos regadíos para Castril (“son ya una realidad”, mentían al unísono los responsables de la Junta y el alcalde en el momento álgido de las movilizaciones).

Uno de los muchos acontecimientos que mostraban esa forma tiránica de ejercer la alcaldía sucedió a finales de agosto del 2010, cuando sorpresivamente aparecieron unos carteles en los que se denunciaba la suspensión de la tradicional fiesta de las migas y se culpabilizaba de ello a una persona determinada. No era la primera vez que el entonces alcalde acusaba por escrito, con nombres y apellidos, a vecinos y vecinas de Castril de conspiraciones, intereses ocultos y animadversiones diversas que tenían por objeto el entorpecimiento de sus planes. Desde luego, no existen precedentes de actuaciones similares por parte de ningún alcalde en Castril, ni en ningún otro lugar que conozcamos.

¿Qué pretendía el alcalde con ese inaudito cartel? Está claro que desprestigiar a esa persona ante el pueblo. Y todo ello porque mantenía con ella, con su empresa familiar, un litigio respecto a la responsabilidad acerca del ruido en negocios hosteleros próximos, lo que había dado lugar a las correspondientes quejas ante el ayuntamiento e, incluso, una denuncia ante la Guardia Civil. La sorpresa para las personas que conocían la existencia de ese litigio fue mayúscula. ¿Qué tienen que ver un tema con otro? ¿Qué tiene que ver los ruidos denunciados con las migas previstas? Nada. Pero para quienes desconocían los hechos, al indicar en el susodicho cartel que la causa de la suspensión era la denuncia interpuesta contra “la celebración de actividades lúdicas en el área recreativa municipal”, el motivo estaba claramente inducido: se pretendía que esa persona quedara señalada como responsable ante el pueblo. La excusa, una denuncia por ruidos de unas actividades concretas, servía de chivo expiatorio para tratar de “crucificar” a la persona y la empresa familiar. El cartel, colocado por cualquier vecino o vecina, por calumnioso e injurioso, sería objeto de denuncia judicial. Pero colocado por el que era entonces alcalde, adquiere una gravedad mayor. Por eso, fue interpuesta la correspondiente denuncia judicial. Y el día 21 se abrirá el proceso con la toma de declaración de José Juan López como inculpado en el presunto delito. Veremos qué se decide y sentencia finalmente. Pero lo que esta denuncia pone de manifiesto es una muestra más de lo que fue el ejercicio de la alcaldía por José Juan López.