El ayuntamiento de Cortes ya ha aprobado en sesión plenaria su personación en el incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo promovido por la Plataforma. Como se recordará, este incidente de ejecución de sentencia fue abierto porque el Supremo declaró, en sentencia firme, nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005 que, entre otras medidas, acordaba el trasvase del río Castril. Como la CHG y el ministerio de Medio Ambiente prosiguieron las obras haciendo caso omiso a dicha sentencia del Supremo, la Plataforma se personó y pidió la apertura del incidente de ejecución de sentencia para que se paralizasen las obras, se demoliera lo ejecutado, restituyera el medio y se indemnizara a las personas afectadas. El Supremo, finalmente, ordenó la paralización, estando pendientes de decisión las otras peticiones.
Entre tanto, el 29 de julio, el parlamento procede a la aprobación de la ley de gestión de residuos y suelos contaminados. Pero esta ley encerraba una trampa. En una disposición añadida a última hora en el Senado, la disposición XV, acordaba legalizar las medidas administrativas contempladas en el decreto 1419/2005 (declarado nulo por el Supremo). Pues bien, esta disposición, que nos parce un fraude de ley y que vulnera la Constitución (arts. 9.3, 24, 117 y 118), es la que los ayuntamientos y la Plataforma pretenden interesar al Supremo para que plantee la cuestión de inconstitucionalidad.
Pero no sólo lo harán ante el Supremo. También han acordado instar al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad. La Plataforma y el Ayuntamiento de Cortes ya han adoptado los acuerdos pertinentes y el sábado, día 10, lo hará en sesión plenaria el Ayuntamiento de Castril.
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