El Tribunal Supremo desestima el recurso de súplica contra la paralización del trasvase del río Castril.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha recibido la resolución del Tribunal Supremo desestimando el recurso de súplica, interpuesto por la abogacía del Estado, contra la paralización del trasvase del río Castril. A partir de este momento, ya no hay posible marcha atrás respecto al anterior auto del Supremo que acordaba la inmediata paralización de las obras del trasvase. En realidad, desde el 1 de marzo, en que fue declarado nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005 que adoptaba diferentes medidas contra la sequía, sus prórrogas y las medidas adoptadas a su amparo, dejaron de tener cobertura legal. Es decir, desde entonces, y tal como fueron advertidas por la Plataforma las administraciones implicadas, las obras del trasvase se han estado efectuando fuera de la ley.

En esa situación de carencia de cobertura legal, prosiguieron las obras durante el verano pasado. Vecinos y vecinas de Castril, y sobre todo, de Cortes, salieron a defender sus tierras, ilegalmente expropiadas, y el río, de aquellas máquinas que las invadían causando destrozos en los cultivos y en la vegetación de ribera. El subdelegado de Gobierno envió a los antidisturbios (GRS) para apoyar unas obras ilegales, ejecutadas por una empresa ilegalmente contratada y en unas tierras ilegalmente ocupadas y expropiadas. El pueblo, en su legítimo y legal derecho a proteger sus tierras y el río, fue brutalmente reprimido. Cortes fue literalmente tomada como si de un estado de sitio se tratara. Más de cien vecinos y vecinas fueron multados con cifras de hasta 7.000 euros, es decir, la renta anual de la mayoría de las personas multadas.

¿Dónde estaba el estado de derecho? ¿Acaso el poder ejecutivo se sitúa por encima de la ley? Lo comprendemos en los regímenes absolutistas y dictatoriales del pasado, y en los que aún persisten en muchas partes del mundo; pero no lo esperábamos de un país que se reconoce pomposamente como Estado social y democrático de derecho. Es verdad que, por fin, ha funcionado la división de poderes y el poder judicial ha actuado dando la razón a quienes denunciaban la ilegalidad del trasvase frente a la CHG, las administraciones de la Junta, el ministerio de Medio Ambiente y la subdelegación de Gobierno. Pero el precio pagado para llegar a esta situación ha sido muy alto. ¿Cómo se cuantifica el miedo y la represión sufrida? Los daños ambientales podrán repararse, no sin cierta dificultad en lo que afecta a la vegetación de ribera, pero ¿y los meses y años de continuas movilizaciones? Han sido miles de personas entre jóvenes y mayores, niños y niñas, ancianos y ancianas que reclamaban justicia. Y lo hacían con la ley en la mano. Impotentes hemos vivido escenas conmovedoras de personas llorando cuando las máquinas penetraban en sus cultivos, cultivos de los que ha dependido la renta familiar desde generaciones. ¿Quién va a cuantificar ese daño?

También han sido muchas la personas que han dedicado su tiempo, trabajo y esfuerzo, algunas casi de forma exclusiva, enorme el estudio de documentos e informes, trabajo con abogados y técnicos, etc., a la defensa del río; y todo ello con una clamorosa carencia de recursos económicos. ¿Quién va a responder ahora de ello?

La administración, antes de sentarse a negociar con la Plataforma, tiene que ser consecuente y empezar a retirar las tuberías, restituir el daño causado e indemnizar a los agricultores. A la Justicia se le pedirá un paso más: que clarifique las responsabilidades penales y actúe y sentencie en consecuencia. Y la ciudadanía y los políticos honestos tendrán que pedir las responsabilidades políticas y el cese de aquellas personas que actuaron fuera de la ley. Al pueblo de Castril se le pide que le exija responsabilidad y se pronuncie contra el alcalde que no quiso defender el río, el patrimonio y la identidad de Castril.