El pueblo de Cortes y vecinos/as de Castril paralizan por segundo día las obras del trasvase.

En una actitud increíble, la empresa que realiza las obras del trasvase del Castri ha tratado de proseguir avanzando con destrozos de cultivos y vegetación de ribera. Nuevamente algunos vecinos/as venidos desde Castril y mayoritariamente, alrededor de 300 personas, de la localidad de Cortes, se han posicionado frente a las máquinas y exigido la paralización de las obras. En definitiva, que unas obras que son ilegales porque el T. Supremo declaró nulo el decreto que las amparaba, no puedan ejecutarse. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por su parte, trata de ganar tiempo con el objetivo encubierto de la difícil reversibilidad de los hechos consumados.

Los propietarios de las fincas por donde discurren las obras han efectuado y efectúan las correspondientes denuncias, la empresa está advertida de la ilegalidad, las expropiaciones están recurridas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, la aprobación del proyecto está plagado de irregularidades que se encuentran administrativa y judicialmente denunciadas. Así las cosas, los agricultores tiene el derecho de impedir que pasen por sus fincas y destrocen sus cultivos, y de recabar el apoyo de sus vecinos/as. Eso es lo que hoy ha sucedido en las tierras de cultivo del municipio de Cortes. La Plataforma, a su vez, ha denunciado ante el SEPRONA de Baza los destrozos en la vegetación de ribera, lo que podría constituir un delito medioambiental.

Si la Confederación se mantiene en su postura y la empresa pretende continuar, la autoridad gubernativa debiera dar las instrucciones para que se protejan los derechos de los agricultores, se impidan los daños a la vegetación de ribera y se acabe con estas irracionales obras. Nadie puede mirar para otro lado a la espera de un nuevo “caso Nevada”. Ya no se trata de una ilegalidad más: es la hipoteca de los pueblos ribereños y la pérdida de un ecosistema único, el río y su valle, lo que está en juego.

El pueblo corteño ha reaccionado conforme a la razón, al sentido común y conforme a la ley. Su ayuntamiento puede tomar medidas adicionales que la protejan. Debe hacerlo. Los demás ayuntamientos afectados, llegado su día, responderán ante la justicia. Esperamos que todo suceda cuanto antes.