La Plataforma recurrirá el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo y advierte de la ilegalidad de las obras.

Reproducimos el comunicado de prensa
LA PLATAFORMA ANUNCIA QUE LAS OBRAS DEL TRASVASE DEL RIO CASTRIL SIGUEN SIENDO ILEGALES.

La Plataforma por la defensa del río Castril comunica que recurrirá el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo numero 4 de Granada, como parte afectada en el mismo, por el cual se acuerda la medida cautelar consistente en la suspensión del decreto de la alcaldía del ayuntamiento de Cortes de Baza, de fecha 20.03.10, en el que se decide la paralización de las obras del trasvase en su término.

Uno de los agurmentos principales que ahora mantiene la parte contraria (Ministerio de Medio Ambiente, ayuntamiento de Baza y otros) para defender la continuidad de las obras y por ende el trasvase del río Castril, es que hay que terminarlas para cuando inexorablemente retorne otro periodo de sequía, dejando en evidencia, una vez mas, que nunca ha habido motivación real para declarar las obras de emergencia.

Desde la Plataforma denunciamos las mentiras y manipulaciones constantes con las que estamos siendo víctimas, tanto los pueblos afectados por el trasvase como la ciudadanía en general, por parte de la Administración, ya que hasta ahora nos han estado convenciendo de que las obras se habían declarado de emergencia por la necesidad urgente de agua para la población de Baza, y que por ese motivo se declararon de interés general, se inicio el expediente de expropiación forzosa y la adjudicación directa de las obras.

La actitud engañosa de algunos de los alcaldes de la comarca y del propio subdelegado del gobierno en Granada, dando por hecho que este auto da luz verde y respalda la legalidad de las obras, es una irresponsabilidad mas de nuestros gobernantes, ya que dicho auto es recurrible, con lo cual todavía no es firme, y no presupone la legalidad de las obras, puesto que la sentencia de 24 de noviembre de 2009 de la Sala Tercera del Tribunal Superior, por la que se declara la nulidad de pleno derecho del Real Decreto de sequía 1419/2005 es firme, y fue el decreto que jurídicamente sustentaba las obras del trasvase.
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Por lo tanto las obras y el trasvase del río Castril siguen siendo ilegales, y con cualquier actuación que se realice encaminado a la continuidad de las mismas, se estará incurriendo en una ilegalidad por la vía de hecho, de la cual responderán ante los tribunales los responsable que decidan seguir con las obras y las administraciones que lo permitan.

Desde la Plataforma volvemos a insistir que no estamos en contra del uso del agua sino de la forma que se pretende realizar y que estamos abiertos a buscar una solución conjunta para la comarcas de Baza-Huéscar.

La suspensión cautelar del decreto de la alcaldía de Cortes, que paralizaba las obras del trasvase, no quiere decir que estas no sean ilegales.

La suspensión cautelar del decreto de la alcaldía de Cortes que paralizaba las obras del trasvase era una posibilidad que estaba abierta. El ministerio de Medio Ambiente lo había solicitado en el contencioso interpuesto al decreto de paralización. Sinceramente, creíamos que no se llevaría a cabo dicha medida, pues no veíamos ninguna razón que lo pudiera justificar. Sin embargo, la titular del juzgado de lo contencioso administrativo no debe haberlo entendido así. No sabemos por ahora en qué se basa, pero nos sorprendería que pudiera hacerlo en supuestos daños a terceros en el caso de mantenerse en vigor el decreto de paralización. Estos aspectos los analizaremos en cuanto tengamos el auto de suspensión de la juez.

Dicho lo anterior, y entrando en lo esencial, las obras son ilegales. Son ilegales porque el decreto que amparaba su ejecución con carácter de emergencia, el decreto 1419/2005, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Por tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tiene más alternativa, en cumplimiento de la ley, que la suspensión definitiva de las obras y que la empresa adjudicataria empiece la retirada de los tubos. El ayuntamiento de Cortes puede y debe advertir a la empresa de la situación de ilegalidad en que se encuentra y que presente el proyecto y solicite los permiso oportunos, como cualquier otra empresa, si quiere hacer obras en su término municipal.

Otras medidas dilatorias por parte de la CHG y las administraciones implicadas no podrán evitar el cumplimiento final de la ley y lo que sí conseguirán es que aumenten los costes económicos y las daños ambientales. Esperemos que no tarde en imponerse la sensatez.

Se revisa la declaración de tránsfuga del alcalde. Pero, realmente, ¿ha habido rectificación?

El Comité de Expertos, que asesora a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, ha considerado que el alcalde de Castril rectificó y cesó del equipo de gobierno municipal al concejal del PP declarado tránsfuga. Por ello, entiende este organismo, se debe rectificar la anterior declaración de beneficiario de transfuguismo que en la sesión julio de 2008 se formuló sobre el alcalde de Castril.

El cese como tte. de alcalde del concejal del PP, que había sido expulsado del partido por pactar con el PSOE contra el criterio de su dirección, se produjo unos días después de haber sido declarado tránsfuga y, en teoría, dejó de percibir la remuneración pactada. Esto es lo que el PSOE ha defendido ante el Comité de Expertos para que rectifique la anterior declaración

Sin duda, a nivel formal, puede que los hechos se hayan producido de esa manera. Pero también habría que hacer otras consideraciones que afectan a lo sustancial de los hechos que motivaron la declaración de tránsfuga: En primer, el apoyo del concejal expulsado por el PP se ha mantenido desde que facilitó el nombramiento del alcalde tras las elecciones. Con cargo o sin él, su voto ha estado en consonancia al del grupo municipal del alcalde. En segundo lugar y respecto de las retribuciones, no sabemos cuándo realmente dejó de percibirlas, pues los concejales de la oposición que se han interesado no han podido acceder a la información solicitada. Por último, habría que resaltar que durante los más de dos años de incumplimiento del pacto antitransfuguismo, el PSOE no ha tomado ninguna medida disciplinaria con el alcalde de Castril que, no lo olvidemos, accedió a la alcaldía y en ella se ha mantenido gracias al apoyo del concejal del PP, antes y después de haber sido expulsado del partido.

La decisión final de la Comisión de Seguimiento, a estas alturas, es decir, a 9 meses de las próximas elecciones municipales, es del todo irrelevante. Ahora es al pueblo a quien le toca valorar y decidir. Tiene la palabra.

A pesar de los reiterados anuncios, continúa cerrado el Centro Saramago a la espera del momento para la foto oficial del acalde.

Hace bastantes semanas que se terminaron las obras de remodelación del Centro cultural José Saramago; pero sus puertas no se abrieron al público. El alcalde anunció entonces, a bombo y platillo, que se abriría en un acto que contaría con la presencia del nobel de literatura. Más tarde nos volvió a sorprender anunciando que se pospondrían para el mes de julio y, una vez entregados los ordenadores pendientes por parte de la Junta. Estos anuncios se iban incumpliendo porque la realidad era otra. Incluso fatalmente otra.

Pasan las semanas, llegó el anunciado 16 de julio como fecha de apertura contando con la presencia de la viuda del escritor y otras autoridades políticas, y el Centro cultural sigue cerrado. Poco importa que se cuente con una biblioteca y se disponga de red wiffi, que los jóvenes deambulen con sus portátiles buscando zonas de red, que retornen familias de emigrantes sin contar con un espacio donde acceder a libros de lectura, internet o encontrar el lugar adecuado para el estudio u otras tareas formativas. Si no hay foto oficial, entonces se mantiene cerrado el Centro. Ahora se nos anuncia la foto para el 16 de agosto; así que el Centro se abrirá ese día. Como vemos, el aprovechamiento y utilización de esos recursos para la formación y la cultura de vecinos y vecinas, de familias retornadas y visitantes veraniegos, quedará supeditado a que el alcalde pueda protagonizar el acto inaugural con la correspondiente difusión mediática.

Podemos comprender que es bastante humano el que en la lucha por ostentar prestigio y poder político se esté dispuesto a hacer cosas rayanas en el ridículo con tal de conseguir titulares en los medios de comunicación. Cualquier profesional de la política sabe de la importancia de vender imagen, de ganar los medios. Pero cuando el afán de protagonismo se convierte en una obsesión enfermiza que no atiende a ninguna otra consideración, entonces, estaremos asistiendo al espectáculo de la propia inmolación de su protagonista. Nos tememos que eso es lo que está sucediendo hoy en Castril.

La restauración del castillo de Castril, ¿entre las compensaciones por el trasvase?

La restauración del castillo de Castril, aprobada por la Comisión Mixta de los ministerios de Fomento y Cultura, es uno de las 41 proyectos de recuperación del Patrimonio Histórico Español con cargo a los fondos que se generan para el 1% Cultural por la contratación de la obra pública. En Castril, en los últimos años, la obra pública más importante contratada, en términos económicos, es la obra del trasvase del río Castril. Antes, a finales de los 90, se terminó la construcción del pantano del Portillo, proyecto antiecológico del que también se están esperando las compensaciones anunciadas en su día. Pero como quiera que entre ellas nunca se había hablado de la restauración del castillo de la Peña, algunas personas entienden que lo que ha sucedido es una nueva y diferente negociación en la que se ha pedido el castillo a cambio del trasvase.

Miguel Ortiz, de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, sostiene que ello “explicaría la postura del alcalde defendiendo a capa y espada el entubamiento del río Castril y facilitando a la empresa constructora todo lo necesario para que se lleve a cabo, en contra de la voluntad de sus propios ciudadanos”.

Teniendo en cuenta que el trasvase se aprobó a finales del 2.007 y desde entonces –e incluso antes- el alcalde no sólo no ha hablado del castillo sino que ha insistido hasta la saciedad, como el gran proyecto en Castril, en la construcción del Centro cultural J. Saramago, uniendo los espacios de la actual biblioteca pública, el teatro y las antiguas escuelas. Pero dado que no ha sido posible su realización acogiéndose a los fondos del 1 % para proyectos de recuperación de patrimonio histórico, pues el proyecto del Centro cultural no tiene nada que ver con dicha recuperación, es bastante posible que ahora la restauración del castillo se haya utilizado como moneda de cambio.

Para Miguel Ortiz, con esta noticia, “ya se empiezan a ver algunas de las prebendas que el alcalde de Castril pensaba y piensa conseguir a cambio de su defensa de las obras del trasvase y la concesión de agua a Baza, a costa de los derechos históricos de la comunidad de regantes tradicionales de Castril, pero que posiblemente lo que estaba buscando era la construcción del edificio para la Fundación Centro José Saramago, de la que él es el Director-Gerente y con la que pensaba garantizarse la posibilidad de seguir viviendo del dinero público, sin hacer como el resto de los mortales estudiar y presentarse a unas oposiciones, para acceder a un trabajo público”.

Finalmente, expresa con rotundidad: “No sabemos si hay mas prebendas oficiales u oficiosas previstas a cambio de su apoyo incondicional a favor del trasvase, pero lo que está claro es que ni esa noticia ni veinte como esta compensarán el daño irreparable que el trasvase ocasionaría a las poblaciones de Castril y Cortes para el futuro de todos, tanto económicamente como cultural y socialmente, y al resto de la sociedad puesto que el trasvase supondría la muerte del río Castril y todos los ecosistemas que mantiene, patrimonio de todos los ciudadanos”.

Respecto al traslado de la imagen del Sagrado Corazón, “el Santo”, imagen situada en la torre más alta del castillo, y para el caso de que fuese real el proyecto de restauración, desde la administración de este blog pensamos que lo razonable sería que el pueblo y sus representantes se pronunciaran sobre su ubicación, y no que quedara en una decisión de las administraciones responsables de las obras.

Se aprueba la restauración del castillo de la Peña.

Por fin, tras años de espera y de encontrarse cerrados los accesos a la Peña y al mirador, parece que el Gobierno ha decidido la aprobación de la partida presupuestaria para la restauración del castillo roquero. En concreto se destinarán 1.272.549 euros. El proyecto, elaborado por el arquitecto P. Salmerón, contemplaría la limpieza, consolidación y protección de las estructuras y materiales pétreos de restos, bastiones y muros existentes, la adecuación del acceso y de un recorrido en el recinto, la construcción de plataformas y las estructuras originales.

La aprobación se ha realizado en la Comisión Mixta de los ministerios de Fomento y Cultura, con cargo al 1 % del presupuesto para obra pública que tiene por objeto la recuperación de patrimonio histórico y cultural. Por ahora no se tienen más datos, pero como estamos en vísperas electorales, no tardaremos en ir sabiendo los detalles. Es más, pronosticamos que la información será debidamente dosificada durante los próximos meses hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas.

No obstante, teniendo en cuenta que dicho proyecto se inició hace más de diez años y que tras varias vicisitudes que incluyeron denuncias judiciales quedó incomprensiblemente olvidado, permaneciendo desde entonces cerrados los accesos al mirador para contrariedad de los innumerables visitantes que ha recibido el pueblo durante estos años, sería una buena noticia que se ejecutase de una vez por todas.

Una duda nos asalta: si la decisión es real y no queda en aguas de borrajas: ¿qué van a hacer con el “Santo”, la imagen del Sagrado Corazón que preside la Peña? Si se pretende la restauración y vuelta al estado original del castillo, obviamente el “Santo”, colocado a mediados de los cincuenta del siglo pasado, tendría que ser cambiado de lugar. Pero en el pueblo nadie sabe nada. Esto puede significar dos cosas: o la decisión de su traslado la tomarán las administraciones responsables del proyecto, o, por ahora, no hay más que una aprobación inicial que puede quedar en sólo eso, aprobación inicial, pero sin voluntad real de acometer su ejecución a corto plazo.