Las denuncias interpuestas por la Plataforma por la Defensa del Río Castril podrían producir noticias en breve.

Tras publicarse la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el decreto del Gobierno de medidas contra la sequía, entre las que se encuentra el proyecto de trasvase del río Castril, La Plataforma se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Consejería de Medio Ambiente para que actuaran en consecuencia y paralizaran y demolieran definitivamente las obras. Asimismo les instaba a que restituyeran los daños causados e indemnizaran a los agricultores expropiados. Estos organismos respondieron argumentando que el decreto anulado no amparaba dicho proyecto y que su intención era proseguir y finalizar las obras. En vista de este absurdo empecinamiento, la Plataforma ha tenido que pedir el amparo de los tribunales.

También, y por otro lado, la Plataforma se dirigió a los ayuntamientos por donde discurrían las obras para advertirles de la ilegalidad de estas. Entre estos ayuntamientos se encuentran los de Castril, Cortes de Baza, Zújar, Benamaurel y Baza. Mientras los demás guardaron silencio, el ayuntamiento de Cortes, como era de prever dado que públicamente había manifestado su oposición, en cuanto estas obras penetraron en su término municipal decretó la inmediata paralización alegando la inexistencia de los preceptivos permisos municipales por parte de la empresa. A dicho decreto de paralización, el Ministerio de Medio Ambiente interpuso un recurso contenciosos-administrativo porque, según ellos, no necesitaban de tales permisos al ser una obra declarada de interés general. El ayuntamiento de Cortes se defiende diciendo que todo el proceso de expropiaciones ha estado amparado en el decreto anulado y, por tanto, carece de legalidad, por lo que la empresa no puede operar en su término sin los permisos correspondientes. La Plataforma. como organización que lucha por la preservación del río en su integridad, también participa como parte en el contencioso argumentando y aportando abundante documentación que muestra la situación de ilegalidad de todo el proceso seguido, pues el decreto que pone en marcha todos los pasos necesarios para la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros es nulo de pleno derecho, por lo que la empresa y la CHG se situarían fuera de la ley. El juzgado denegó la medida cautelarísima de suspensión del decreto de la alcaldía de Cortes pedida por el Ministerio, así como también la personación en el contencioso como parte del ayuntamiento de Baza. Este ayuntamiento, junto a otros que no aparecen como beneficiarios del trasvase en la documentación oficial, también quieren recurrir el decreto de la alcaldía de Cortes.

Pero la Plataforma ha ido más allá. El ayuntamiento de Castril, lejos de responder a la requisitoria de la Plataforma advirtiendo de la ilegalidad de las obras, ha permitido que estas sigan realizando trabajos en su término municipal. Así las cosas, a la Plataforma no le ha quedado más respuesta que interponer una querella contra dicho ayuntamiento.

Por tanto, de estos tres pleitos, más el que en su día interpusieron las personas afectadas por las expropiaciones ante el cúmulo de irregularidades habidas durante la tramitación del proceso, podrían tenerse noticias en los próximos días. Informaremos en cuanto haya noticias de ellos así como del contenciosos interpuesto a la Resolución que denegaba la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental al proyecto de trasvase.

En alguna ocasión, desde la Consejería de Medio Ambiente se ha indicado que sólo una resolución del Parlamento Europeo o una sentencia judicial les llevaría paralizar definitivamente el trasvase. El problema es que ahora, además de ser más oneroso, no van a poder eludir las responsabilidades que se derivan de mantener esta situación de manifiesta ilegalidad.

El silencio de los ayuntamientos de la comarca ante la proyectada incineradora en el municipio de Huéscar.

En la misma noticia que se divulgaba en algunos medios de comunicación la decisión del alcalde de Huéscar de no seguir adelante con la pretendida instalación de una incineradora en su término, hemos sabido que se celebró una reunión de la mancomunidad de municipios de la comarca unos días antes. En ella -según el diario Granada Hoy- algunos alcaldes se pronunciaron contra la instalación de la incineradora. Entre ellos el alcalde Castril.

Esta noticia ha servido para que alguien cuestione la información que en el blog dábamos hace unos días acerca del silencio mantenido mayoritariamente por los alcaldes de la comarca. Vamos a aclarar algunas cosas:

1º La petición de los permisos al ayuntamiento de Huéscar para la instalación de la incineradora se hizo durante el mes de febrero. El acuerdo plenario del ayuntamiento de Huéscar autorizando su instalación es de fecha 26 de marzo. Y según los responsables políticos del PSOE comarcal, las negociaciones con Plasma System Group, S.L. se venían produciendo desde al menos hacía un año. Ahora bien, la reunión de la nancomunidad se celebró el pasado día 10 de mayo; es decir, que transcurre más de un año desde que el PSOE comarcal tiene conocimiento de lo que se proyecta en la comarca sin que el alcalde de Castril diga nada; más de tres meses desde que presentan la petición ante el ayuntamiento oscense, y dos desde que se aprueba, sin que el alcalde de Castril diga nada.

2º Cuando la alarma ha cundido en la comarca, cuando diferentes grupos y plataformas se han constituido al efecto, cuando personas geográficamente dispersas en diferentes localidades, todos sin apoyo institucional, han iniciado las investigaciones sobre lo que hay detrás de la supuesta ecológica y limpia incineración basada en la gasificación por arco de plasma, sobre la viabilidad del proyecto y los intereses e intenciones de sus promotores, cuando con dedicación y esfuerzo, con pocos precedentes en la comarca, se ha recabado todo tipo de información, el apoyo de las asociaciones ecologistas, se ha divulgado el problema en las poblaciones afectadas y por la red, se han hecho circular los informes recabados, se ha mantenido una inaudita comunicación horizontal entre blogs y foros de la comarca, cuando el principal partido político de la oposición en Huéscar se posiciona en contra, cuando todo parece indicar que el alcalde del ayuntamiento de Huéscar está buscando el momento de anunciar la reconsideración de lo que hasta ahora ha sido la posición oficial, entonces, y sólo entonces, se pronuncia el alcalde de Castril en una reunión de la que nadie sabe nada.

3º Hasta ese día, la mayoría de los alcaldes ha mantenido silencio. En Castril nadie tiene información proveniente del ayuntamiento. En la mayoría de los pueblos tampoco. ¿Qué significa no guardar silencio, hablar, pronunciarse y asumir la responsabilidad política que le corresponde como institución? Significa, principalmente, informar al pueblo a quien se debe el cargo de lo que sucede. Significa que, con la capacidad, recursos y poder de que goza el consistorio, se concite la información precisa, se muestre públicamente la oposición y se movilice al pueblo frente a la amenaza que se avecina. ¿Cómo es posible que alcaldes, como el de Castril, que aprovechan cualquier evento, viaje o circunstancia, por más banal que sea, para publicitarse en los medios, no haya dicho nada de la posición oficial del ayuntamiento en un tema que preocupa e indigna en los núcleos de población castrileña y en toda la comarca?

Concluyendo, nada de nada. Silencio absoluto. Esa ha sido la posición del alcalde de Castril, y otros, para con su pueblo. Sólo sabemos que a “toro pasao” –dicho en castizo- se ha pronunciado en una reunión de la que se enteran sólo los allí reunidos. Nadie en el pueblo tiene información que provenga del ayuntamiento, nadie en el pueblo sabe de los peligros que se cernían sobre su entorno, sobre su salud, nada que haya sido proporcionada por el ayuntamiento. La única información ha sido facilitada por quienes careciendo de lo medios más imprescindibles, pero superados con esfuerzo, tesón y constancia, conectándose entre sí, a veces incluso anónimamente, la han hecho circular. Esta información ha sido la que, finalmente, ha servido para que el ayuntamiento de Huéscar opte por abandonar su absurda y temeraria pretensión.

Pero, ¿quiénes son esos que no han guardado silencio, que han hablado, se han pronunciado y asumido lo que tenía que haber sido responsabilidad política del alcalde y los concejales del equipo de gobierno que cobran de la institución? ¿Quién o quiénes han dado a conocer el problema en la comarca? Son todas esas personas que han estado trabajando con la plataforma vecinal contra la incineradora, la asociación de artesanas DahirA, las asociaciones ecologistas (Ecologistas en acción, Greenpeace…), las personas que colaboran en los blog y foros de la comarca:

radiopikaza.superforos.com

riocastril.superforos.com

huescarcontralaincineradora.org

dahiradeartesanias.blogspot.com

loquepasaencastril.blogsopot.com

cortesdelrio.blogspot.com

Y muchas otras personas que transmitían lo que se iba sabiendo, que facilitaban informes, que los hacían llegar de un pueblo a otro, y también con el boca a boca. También entre ellas las que advertían de la intencionalidad fraudulenta que se escondía entre los promotores de la incineradora. Ese clamor es el que ha propiciado la marcha atrás que ya se proyectó en la reunión de la mancomunidad. Ese clamor es el que venció el silencio de los alcaldes. A todas ellas, muchas gracias.

El alcalde de Huéscar anuncia que no autorizará la instalación de la incineradora.

A la vista del informe emitido por la organización ecologista Greempeace, advirtiendo de los riesgos medioambientales y para la salud humana que conllevaría la proyectada incineradora de gasificación por arco de plasma en el municipio oscense, el alcalde de Huéscar, Agustín Gallego, ha anunciado a diversos medios y publicado en la web del PSOE de Huéscar www.psoe-huescar.com, su decisión de no dar los permisos para la construcción de la incineradora.

Sin duda, esto es una buena noticia para toda la comarca. Porque no era sólo la población oscense y su entorno quien se iba a ver afectada por los efectos perniciosos de la incineradora. Sus consecuencias las hubiéramos padecido en toda la comarca. Por tanto, en Castril, en Castilléjar, en la Puebla, en Orce, etc. estamos de enhorabuena. Aunque nuestros alcaldes, mayoritariamente, hayan guardado silencio, la opinión pública, conforme iba teniendo conocimiento de lo que se pretendía, mostraba su disconformidad. Finalmente, ese clamor y la presión de tantas voces en el vecino pueblo de Huéscar, con el incansable trabajo de innumerables grupos y personas, más las aportaciones de las asociaciones ecologistas, parece que han provocado que se imponga la sensatez y cordura tantas veces demandada. Esperemos que la decisión sea definita.

Greenpeace advierte de los riesgos que supone la instalación de la proyectada incineradora por arco de plasma en el municipio de Huéscar.

La asociación de artesanas DahirA publica en su blog un informe que previamente había solicitado a la organización ecologista Greenpeace. Invitamos a los lectores y lectoras que visiten dicho blog www.dahiradeartesanias.blogspot.com.

Hace unos días se comentó que desde la alcaldía de Huéscar iban a solicitar información sobre las incineradoras de gasificación por arco de plasma a diferentes asociaciones ecologistas. Ignoramos si lo habrán hecho, si se lo habrán remitido y si piensan poner en conocimiento público los resultados del mismo. Pero lo que Greempeace opina ya empieza a circular por la comarca, y nadie podrá mirar para otro lado. El ayuntamiento oscense y los partidos que apoyaron la instalación de la incineradora no pueden repetir sin pudor el chascarrillo de que es una energía limpia, verde. Iban a pedir información, pues ahí está. Sean consecuentes.

La creación de riqueza en el altiplano granadino no puede convertirse en un objetivo por sí sólo. No se puede dar pábulo de credibilidad a la primera propuesta que en ese sentido se ponga sobre la mesa, por muchos cantos de sirena que la acompañen. Hay otros criterios, otras consideraciones, racionales, ecológicas, sociales y éticas, que aconsejan la prudencia, el estudio y el diálogo antes de tomar una decisión. Esperemos que finalmente impere la sensatez y la cordura.

La Confederación tiene que demoler las obras del trasvase. El tiempo se agota.

En un Estado de derecho la ley se sitúa por encima de la ciudadanía y de los poderes del Estado. La representación popular, el poder legislativo, podrá cambiar las leyes, pero mientras estén en vigor, estas son de obligado cumplimiento, incluido para el propio Gobierno.

A finales de 2005 el Gobierno aprobó un decreto en el que se contemplaban una serie de medidas excepcionales para combatir la sequía. Este decreto fue posteriormente prorrogado incorporando nuevas actuaciones a su amparo. Pero para la aprobación de ese decreto se requerían una serie de informes preceptivos: del Consejo de Estado, de los organismos de cuenca de las confederaciones hidrográficas competentes, una memoria económica, etc. Nada de esto se cumplió. El Tribunal Supremo declaró nulo dicho decreto.

Nunca habíamos entendido cómo era posible que, entre esas medidas, se planteara el trasvase del río Castril, con el enorme impacto ambiental que supondría para el ecosistema fluvial y de la cuenca, cuando podrían fácilmente captar las aguas, en caso de necesidad, de la desembocadura del río en el pantano del Negratín, a escasos km. de los núcleos de población beneficiarios de esas aguas (Baza, Zújar… ). ¿Qué sentido tiene que una tubería discurra en paralelo al río, lo atraviese por varios puntos, destroce cultivos y se expropien tierras, cuando puede ir por el propio río? ¿Es necesaria la captación de aguas en ese punto alto, con el coste económico y, sobre todo, ecológico que ello supone? No se olvide que el río alberga especies protegidas como la nutria, el barbo gitano u otras que se encuentran en peligro de extinción como la trucha común. Asimismo, el río cuenta con bosque de ribera de reconocido valor ecológico y también protegido por las directivas europeas. Además, los regadíos tradicionales del valle del río, con la positiva contribución al mantenimiento del ecosistema y que son una de las pocas fuentes de riqueza de los pueblos de Castril y Cortes de Baza, ahora quedarían en peligro al disminuir los aportes del río.

Los responsables de las diferentes administraciones con competencias (CHG, Ministerio y Consejería) nunca quisieron entrar al debate con argumentos racionales y evaluando las alternativas que se proponían. El motivo es más que evidente: no podrían mostrar mejores argumentos y mayor fuerza probatoria a los que ecologistas y defensores del río Castril sostenían. Por eso han querido obviar los trámites que la propia legislación obliga. Como también lo hicieron con la resolución de la secretaría de Estado de Cambio Climático que denegaba la necesidad del estudio de impacto ambiental. A dicha resolución se le interpusieron diversos recursos de reposición a los que la administración respondió casi un año después desestimándolos todos con idéntica respuesta, plena de vagas generalidades y sin indagar lo que se recurría. Las alegaciones a las expropiaciones, proceso pleno de irregularidades, aún a fecha de hoy carecen de respuesta

Pero la grandeza de la democracia y del Estado de derecho reside, entre otras, en que se disponen de mecanismos (a veces no sin ciertas dificultades) para hacer que la ley se cumpla, aún contra el propio Gobierno. Un municipio leridano interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto gubernamental que aprobaba las medidas excepcionales contra la sequía por no cumplir con los trámites de información preceptivos. El resultado ha sido el ya mencionado de declarar nulo dicho decreto. A partir de ahí, quedan sin efecto las normas y decretos que de dicho decreto se deriven. Contra lo que la CHG y las administraciones digan estos días, la situación es clara: las obras del trasvase son ilegales, las expropiaciones que a su amparo se ejecutan por procedimiento de emergencia también lo son.

El ayuntamiento de Cortes de Baza ha decretado la paralización de las obras al carecer la empresa de los permisos necesarios. La Plataforma ha comunicado esa situación de ilegalidad a los ayuntamientos por cuyos términos discurren las obras y a las administraciones involucradas. Ahora no les queda más remedio que aceptar y acatar la ley: la paralización definitiva de las obras del trasvase, retirar los tubos, indemnizar a las personas expropiadas y negociar alternativas más viables y sin el impacto ambiental del anterior proyecto. Será un triunfo del sentido común, un bien para nuestra maltrecha naturaleza y un beneficio común para la población del altiplano granadino.

Se incrementan las sospechas sobre los promotores del proyecto de incineradora en la comarca de Huéscar.

En la delegación granadina de Medio Ambiente aún no tienen conocimiento de ningún proyecto de incineradora en el término municipal de Huéscar. Por tanto, la única información oficial es la proveniente del ayuntamiento de Huéscar. En concreto, y según publica la web de dicho ayuntamiento, la propuesta fue sometida a debate con dos posiciones encontradas:


Planta de Biomasa para la producción energética.

Vista la petición presentada en el mes de febrero para el estudio de la construcción de una planta de biomasa para la producción energética de 100 MW en Huéscar. El día 26 de Marzo de 2010 fue sometido y aprobado por pleno, con 7 votos a favor (6 del GRUPO SOCIALISTA y 1 del PA) y 6 votos en contra pertenecientes al PARTIDO POPULAR.

Consideraciones defendidas por el Partido Socialista de Huéscar, sobre la instalación de un gasificador de plasma:
1º. Esta tecnología es de las denominadas verdes y renovables cuya función es la eliminación de residuos contaminantes tanto para la atmosfera como para al suelo y el subsuelo.
2º. Plasma System Group S.L. manifiesta que esta actividad no genera ningún vertido tóxico (ni sólido, ni líquido ni gaseoso) nocivo para el medio ambiente ni para las personas, y que el aporte adicional de agua para el funcionamiento de dicha planta no será superior a 80.000 m3 de agua al año entre la que se encuentra el consumo de agua para el uso del personal de trabajo y visitantes.
3º. Que la situación económica de este municipio muy dependiente del sector primario, con unas altas tasas de desempleo que históricamente vienen obligando a emigrar a los más jóvenes a otras zonas más industrializadas y que dentro de las competencias municipales está el promover, apoyar y fomentar cualquier actividad que genere empleo.
Según el Partido Socialista, estos son los compromisos adquiridos por la empresa gestionadora PLASMA SYSTEM GROUP S.L.:
1. A gestionar todos los permisos (europeos, nacionales, autonómicos y locales) necesarios para el desarrollo de la actividad.
2. La adquisición del terreno necesario para la ubicación de la planta.
3. Redacción de los proyectos técnicos o de cualquier otra índole, que sean necesarios para la realización de dicha obra.
4. La creación de 300 puestos de trabajo localizados en el municipio como interés social.
5. La eliminación gratuita de todos los residuos urbanos e industriales del municipio de Huéscar.
6. La planta, con el fin de evitar las molestias de la población (por circulación de camiones), se instalara a más de 5 Km. del suelo urbano.
7. La creación de un comité de seguimiento medioambiental e industrial de la actividad.
8. La empresa estará obligada a estar dada de alta con domicilio fiscal e IAE en la ciudad de Huéscar.
9. A pagar las tasas, licencias y en especial un canon por eliminación de residuos de 10 € por tonelada de residuos peligrosos, 2 € por tonelada de residuos no peligrosos y de 1€ Mw/hora de electricidad producida.
10. La colaboración con asociaciones sociales de interés municipal de 500.000 € anuales con las revisiones del I.P.C. al alza.
11. El desarrollar la inversión de 520.000.000 de dólares de EE.UU. a riesgo y ventura del inversor.
12. La promoción del municipio en todos los foros de presentación de la planta.

Consideraciones defendidas por el Partido Popular de Huéscar.

1ª El Partido Popular sólo ha sido informado de este tema el día 20 de marzo, y el día 26 había que adoptar una decisión.
2ª PSOE Y PA llevan un año con este proyecto en sus manos, ¿por qué no le han dado publicidad?, ¿por qué no han dicho de qué se trata?, han tenido tiempo suficiente para que todo el mundo lo conociera y tuviera opinión sobre si queremos que se instale en Huéscar o no. ¿Por qué no lo han hecho?
3ª El Partido Popular solicitó que, ya que no había un plazo para adoptar esta decisión que se dejara sobre la mesa y se procediera a realizar unas cuantas sesiones, tipo jornadas, seminarios, congreso, mesa redonda, unas sesiones informativas dirigidas a todos los ciudadanos para que pudiéramos conocer de qué se trataba exactamente, pues en todo momento se habla de una tecnología novedosa.
4ª Que una vez conocido el proyecto por los oscenses proceder a una consulta popular.
5ª ¿Por qué fue este nuestro posicionamiento? Por una razón muy sencilla como se puede ver en el documento que explica en qué consiste (documentación que se incorpora al final) se observa que en ningún sitio habla de bioplasma, sino de planta gasificadora por arco de plasma, y si alguien tiene interés puede buscar qué es esta tecnología y podrá comprobar que no todo el mundo defiende que sea una energía ni limpia, ni verde.
6ª En algunos informes se habla incluso de que puede emitir dioxinas y furanos que son elementos desencadenantes de procesos cancerígenos.
7ª Consideramos una decisión de este tipo de una gran envergadura, y máxime cuando ninguno de los 3 grupos políticos (PP, PSOE y PA) lo incluía en su programa electoral.
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A todo esto, se incremetan las sospechas sobre la empresa promotora de la incineradora, sobre su real capacidad para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura o sobre si existe voluntad para hacerlo y no es más que una fraudulenta operación puesta en marcha. Las informaciones que nos llegan, con profusión de datos contrastables, van en esa dirección. Una asociación de perjudicados por el principal promotor de la incineradora, Slawomir Jarmoc, nos ha advertido (véase comentario a la etiqueta incineradora)de ello. En diferentes blogs de la comarca están apareciendo informaciones que ponen en entredicho los objetivos que persigue la empresa “Plasma System Group S.L.”. Pueden leerse:

http://www.dahiradeartesanias.blogspot.com
http://www.huescarcontralaincineradora.blogspot.com
htpp://www.radiopikazasuperforos.com

Ante ello, el equipo de gobierno del ayuntamiento oscense guarda silencio. La sospechas también se dirigen ahora hacia el propio ayuntamiento y las prisas por otorgar la autorización a la instalación de dicha incineradora. Se cita la abultada deuda del ayuntamiento, que podría ascender a 31-12-2009 a 2.037.000 €, el 25,05 % del presupuesto municipal de 8.130.885 € para el año 2009 (la deuda a 31/12/2008 ascendía a 1.467.000, por lo que en el último año la deuda creció en 570.000 €.) y las fuertes necesidades de financiación, aspecto este que se vería ostensiblemente aliviado con los ingresos procedentes de la planta incineradora.

La deuda del ayuntamiento de Castril asciende a 436.000 euros

Suele ser habitual que cuando se entra en el último año de legislatura municipal se dispare la deuda de los ayuntamientos. Este exceso de gasto tiene como objetivo el intento de granjearse simpatías entre las personas beneficiadas por dicho gasto. Evidentemente se busca el rédito político-electoral. Si el gasto repercute en inversiones reales, atiende a necesidades del municipio y no sobrepasa un porcentaje que pueda fácilmente cubrirse posteriormente sin excesivas cargas, no tiene por qué ser sumamente criticable.

Ahora bien, cuando la deuda se dispara y puede hipotecar peligrosamente al próximo equipo de gobierno, el resultante de las siguientes elecciones municipales, entonces la crítica ética y política sí que cobra todo su sentido. En el caso de nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento castrileño, esta deuda alcanzaba a finales del 2009 el 15,14 % del presupuesto municipal, suponiendo un total de 436.000 euros. Es decir, que a un año vista, nos encontramos en una peligrosa cuesta abajo si continúa el endeudamiento siguiendo la progresión desde el año anterior. A continuación las cifras:

Información publicada en www.foro-ciudad.com

Deuda viva del Ayuntamiento de Castril a 31/12/2009
Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de Castril a 31/12/2009 posee una deuda de 436.000 € el 15,14 % del presupuesto municipal que asciende a 2.879.545 € para el año 2009.

La deuda viva a 31/12/2008 ascendia a 87.000 por lo que en el ultimo año la deuda crecio en 349.000 €.

Como vemos, la deuda se ha disparado. Es tarea de los grupos de la oposición controlar y exigir del equipo de gobierno las cuentas del ayuntamiento, pedir explicaciones acerca de lo que se está haciendo con el dinero público, cuál es el estado actual de la deuda, e impedir que la gestión municipal quede hipotecada en el futuro.

Realizan trabajos en torno al río Castril. ¿Está la CHG desafiando la acción de la Justicia?

No alcanzamos a comprender lo que se propone la Confederación. El Supremo declaró nulo de pleno derecho el decreto que aprobaba determinadas medidas para combatir la sequía. Esto conlleva la nulidad de sus prórrogas y las obras que a su amparo se pretendían realizar. Por tanto, a la CHG no le queda más remedio que la paralización de la obras y la retirada de la tuberías. Pero en estos días han continuado realizando trabajos en el río dentro del término municipal de Castril.

Tanto la Confederación como el ayuntamiento de Castril están advertidos de la situación de ilegalidad de las obras, ¿qué pretenden entonces con este giro de tuerca? ¿Quieren ver cuál es la reacción de la Plataforma por la defensa del río? ¿Quieren probar hasta dónde llega la Justicia? Lo hemos dicho en anteriores ocasiones y lo volvemos a repetir: las consecuencias pueden conllevar responsabilidades penales. Y una cosa es segura: la Plataforma no se va a quedar quieta. Avisados están tanto el ayuntamiento castrileño como la CHG.