En un Estado de derecho la ley se sitúa por encima de la ciudadanía y de los poderes del Estado. La representación popular, el poder legislativo, podrá cambiar las leyes, pero mientras estén en vigor, estas son de obligado cumplimiento, incluido para el propio Gobierno.
A finales de 2005 el Gobierno aprobó un decreto en el que se contemplaban una serie de medidas excepcionales para combatir la sequía. Este decreto fue posteriormente prorrogado incorporando nuevas actuaciones a su amparo. Pero para la aprobación de ese decreto se requerían una serie de informes preceptivos: del Consejo de Estado, de los organismos de cuenca de las confederaciones hidrográficas competentes, una memoria económica, etc. Nada de esto se cumplió. El Tribunal Supremo declaró nulo dicho decreto.
Nunca habíamos entendido cómo era posible que, entre esas medidas, se planteara el trasvase del río Castril, con el enorme impacto ambiental que supondría para el ecosistema fluvial y de la cuenca, cuando podrían fácilmente captar las aguas, en caso de necesidad, de la desembocadura del río en el pantano del Negratín, a escasos km. de los núcleos de población beneficiarios de esas aguas (Baza, Zújar… ). ¿Qué sentido tiene que una tubería discurra en paralelo al río, lo atraviese por varios puntos, destroce cultivos y se expropien tierras, cuando puede ir por el propio río? ¿Es necesaria la captación de aguas en ese punto alto, con el coste económico y, sobre todo, ecológico que ello supone? No se olvide que el río alberga especies protegidas como la nutria, el barbo gitano u otras que se encuentran en peligro de extinción como la trucha común. Asimismo, el río cuenta con bosque de ribera de reconocido valor ecológico y también protegido por las directivas europeas. Además, los regadíos tradicionales del valle del río, con la positiva contribución al mantenimiento del ecosistema y que son una de las pocas fuentes de riqueza de los pueblos de Castril y Cortes de Baza, ahora quedarían en peligro al disminuir los aportes del río.
Los responsables de las diferentes administraciones con competencias (CHG, Ministerio y Consejería) nunca quisieron entrar al debate con argumentos racionales y evaluando las alternativas que se proponían. El motivo es más que evidente: no podrían mostrar mejores argumentos y mayor fuerza probatoria a los que ecologistas y defensores del río Castril sostenían. Por eso han querido obviar los trámites que la propia legislación obliga. Como también lo hicieron con la resolución de la secretaría de Estado de Cambio Climático que denegaba la necesidad del estudio de impacto ambiental. A dicha resolución se le interpusieron diversos recursos de reposición a los que la administración respondió casi un año después desestimándolos todos con idéntica respuesta, plena de vagas generalidades y sin indagar lo que se recurría. Las alegaciones a las expropiaciones, proceso pleno de irregularidades, aún a fecha de hoy carecen de respuesta
Pero la grandeza de la democracia y del Estado de derecho reside, entre otras, en que se disponen de mecanismos (a veces no sin ciertas dificultades) para hacer que la ley se cumpla, aún contra el propio Gobierno. Un municipio leridano interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto gubernamental que aprobaba las medidas excepcionales contra la sequía por no cumplir con los trámites de información preceptivos. El resultado ha sido el ya mencionado de declarar nulo dicho decreto. A partir de ahí, quedan sin efecto las normas y decretos que de dicho decreto se deriven. Contra lo que la CHG y las administraciones digan estos días, la situación es clara: las obras del trasvase son ilegales, las expropiaciones que a su amparo se ejecutan por procedimiento de emergencia también lo son.
El ayuntamiento de Cortes de Baza ha decretado la paralización de las obras al carecer la empresa de los permisos necesarios. La Plataforma ha comunicado esa situación de ilegalidad a los ayuntamientos por cuyos términos discurren las obras y a las administraciones involucradas. Ahora no les queda más remedio que aceptar y acatar la ley: la paralización definitiva de las obras del trasvase, retirar los tubos, indemnizar a las personas expropiadas y negociar alternativas más viables y sin el impacto ambiental del anterior proyecto. Será un triunfo del sentido común, un bien para nuestra maltrecha naturaleza y un beneficio común para la población del altiplano granadino.
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