La reforma electoral que promueve el Gobierno podría amenazar los deseos mayoritarios de la población castrileña.

Lo que hasta ahora conocemos sobre la reforma electoral (lo que se ha denominado el PPucherzo), consistente en que el alcalde elegido sea el candidato de la lista más votada siempre que esta supere un porcentaje determinado de votos (podría estar en torno al 40 %), es una medida creada para asegurar alcaldías a los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE. De esta forma ningún pacto entre fuerzas minoritarias o de estas con alguno de los mayoritarios, podría arrebatarles la alcaldía. Evidentemente, esta es una medida que desvirtúa aún más nuestro sistema democrático. Imaginen la situación en que dos candidaturas bastante similares (que coincidan en los principales planteamientos políticos) alcancen cada una el 30%, suponiendo entre ambas el 60% del voto emitido, y otra tercera alcanza el 40%. Pues las dos primeras, que hemos dicho coinciden en determinados planteamientos, no podrían ponerse de acuerdo para elegir alcalde. Este sería automáticamente el de la tercera lista, la que obtuvo el 40%.

Y esto también nos puede afectar en Castril. La población castrileña no quiere ver en la alcaldía a José Juan López, el antiguo alcalde del PSOE. Ello quedó patente en las anteriores elecciones municipales, pues de los 1593 votos válidos emitidos, el PSOE obtuvo poco más de un tercio, es decir, 616 votos. El resto de fuerzas alcanzaron un total de 977 votos. El PSOE obtuvo el 38,6%. Si la reforma se aprobara tal como nos vienen anunciando durante este mes de agosto, y se repitieran los resultados como los anteriores, José Juan López podría estar a un puñado de votos de ser alcalde. Y esto es un deseo que no quiere, y así lo ha expresado, la mayoría del pueblo. Por eso, se insiste en el carácter antidemocrático de esta reforma.

Pero como aún faltan casi nueve meses para las elecciones municipales, en Castril podemos evitarlo. Aparte de lo poco previsible de que José Juan López consiga los resultados de las anteriores, y menos tras la imputación judicial por presuntos delitos (ya se verá cuando haya sentencia, pero si es condenatoria podría suponer la inhabilitación para ejercicio público), los vecinos/as de Castril tienen que saber a quiénes dan su apoyo para constituir candidaturas municipales: no puede darse el espectáculo de varias candidaturas movidas exclusivamente por el interés personal del candidato a la alcaldía. O son política y programáticamente incompatibles entre sí, o tienen que ir unidas. Si es la defensa del río y de todo el patrimonio natural y cultural de Castril, el fomento del desarrollo sostenible de la agricultura y el turismo, el interés general y la transparencia y honradez en la gestión lo que les impulsa, tienen constituir una sola candidatura, una candidatura que sirva para manifestar los deseos mayoritarios de la población y que la democracia, sus principios, sean los que prevalezcan. De lo contrario, nos podríamos ver con la sorpresa de que poco más de un tercio de votantes decida sobre la mayoría y que políticos indeseables puedan gestionar nuestro futuro.