El Tribunal Supremo confirma la imposibilidad de ejecutar la sentencia que paralizaba las obras del trasvase

                                                                             

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El Supremo ha dictado un auto en el que desestima el recurso interpuesto por los ayuntamientos de Castril, Cortes y la Pataforma por la Defensa del Río contra el anterior auto del Supremo por el que declaraba imposibilidad de ejecución de la sentencia que paralizaba las obras del trasvase. Dado que contra este auto no cabe recurso, la imposibilidad de ejecución de sentencia es firme.

Recordemos cómo se ha llegado a esta situación y las alternativas que hay abiertas: tras la sentencia del Supremo que paralizaba las obras del trasvase, se aprobó en el parlamento una ley, la ley de residuos sólidos, que en su disposición XV planteaba la legalización del decreto 1419/2005 que otorgaba la cobertura para las obras del trasvase y que había sido declarado nulo de pleno derecho por el Supremo. En esa situación, el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional resolvió rechazando la inconstitucionalidad. El Supremo, entonces, acordó la imposibilidad de ejecutar la sentencia de paralización de las obras del trasvase. Esta imposibilidad de ejecución fue recurrida, y es la que ahora el Supremo desestima y vuelve a reiterar la imposibilidad de ejecución de sentencia.

¿Quiere esto decir que el Gobierno puede reemprender las obras? No. No puede mientras exista la suspensión que en su día estableció la Audiencia Nacional en el contencioso-administrativo que se interpuso contra el decreto ministerial que acordaba las obras del trasvase. Pero tampoco puede el Gobierno entender la decisión del Supremo como un levantamiento de la sentencia que paralizaba las obras. Que el Supremo no pueda ejecutar la sentencia, a nuestro entender, no quiere decir que el Gobierno, sin más, pueda no acatar la sentencia de paralización. Es de suponer que intentará alegar circunstancias de especial gravedad para proseguir con las obras, pero en caso contrario tendría que abandonar el actual proyecto de trasvase.

Lo sensato, tal y como está la situación en el terreno judicial, y deseable sería que el Gobierno emprendiera negociaciones con los ayuntamientos y la Plataforma para poner en marcha el proyecto alternativo, captando las aguas desde la desembocadura del río y manteniendo parte de la infraestructura instalada.