Hace unos días los alcaldes de Castilléjar,
Castril y Huéscar mantuvieron una reunión con agricultores y la guardia civil
en la que se abordaron medidas y recomendaciones para evitar el robo de
almendras que se produce durante la campaña recolectora.
En dicha reunión el alcalde de
Huéscar mostró su total disponibilidad y de la policía local para el
control de las plantaciones y valoró positivamente la colaboración de la
guardia civil. Informó también del bando publicado el 20 de agosto
prohibiendo la rebusca hasta el 31 de octubre. Por su parte, la guardia civil y
el jefe de la policía local dieron una serie de recomendaciones, como tomar matrículas de coches sospechosos y
el control de puntos de toma de almendra. La guardia civil anunció la puesta en
marcha una patrulla de vigilancia de robos en el campo (ROCA). Asimismo
pidieron la colaboración ciudadana avisando ante la mínima sospecha se
utilizaran los teléfonos 112 o 062.
Aun a pesar de estas medidas,
hemos podido saber que en la vecina localidad de Zújar ya se ha producido el
robo de 1300 kilos de almendra. Los infractores han sido detenidos e incautadas
las almendras sustraídas.
Sin duda, con las medidas acordadas
se podrán evitar bastantes de estos robos. Pero estas medidas tendrían que
venir acompañadas de otras para que hubiese una sustancial disminución de
cualquier tipo de robo sobre las explotaciones agrícolas. Recordemos que cuando
hay familias que tienen dificultades para alimentarse, para obtener los recursos
básicos que necesita, la desesperación puede llevarle a obrar imprudentemente. Por
ello, lo deseable sería que desde los poderes públicos se promoviera el empleo
y garantizaran unos ingresos mínimos a las familias necesitadas. En épocas en
las que se repiten los casos de hambre y miseria (como las que ya se sufrieron en
las décadas de los 40, 50 y 60), como es la actual, con un 25 % de la población
en situación de pobreza, tendría que exigirse a todas las autoridades, a los
gobernantes, ir a la raíz del problema y tomar las medidas económicas y
políticas que permitan que todas las familias puedan salir de ella.
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