El recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Plataforma por la Defensa del Río en el Tribunal Supremo contra
el plan hidrológico del Guadalquivir, aprobado hace unos meses pero pendiente
de la decisión del Supremo, comienza la fase de demanda. Recordemos que
el recurso obedece a varios motivos: En el plan hidrológico, el Portillo se
considera un pantano para abastecimiento a la comarca de Baza, y los caudales
ecológicos del río se reducen alrededor de una cuarta parte de lo previsto en
los estudios realizados por la Universidad de Granada. Dicho estudio fue
llevado a cabo a instancias de la Junta de Andalucía.
¿Qué pretende
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)? Que el trasvase del río a
la comarca de Baza pueda realizarse contando con la cobertura legal que hoy no
posee. Recordemos que el trasvase fue declarado nulo de pleno derecho por el
Tribunal Supremo en sentencia firme. Desde entonces se encuentra paralizado. Si
no se ha procedido a la retirada de las tuberías, restitución del medio y a la
indemnización a las familias agricultoras, es porque el Supremo se encuentra a
la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva una cuestión de
inconstitucionalidad planteada por el propio Tribunal Supremo. Esta cuestión se
planteó a una disposición de la ley de Residuos Sólidos, aprobada en la
anterior legislatura, que pretendía legalizar el trasvase tratando de eludir el
acatamiento de la sentencia.
La CHG
pretende que el pantano no pueda tener otro uso diferente al consumo humano, al
de abastecimiento de la comarca de Baza, y que la cantidad de agua a trasvasar
no tenga más restricción que ese mínimo caudal ecológico por ellos impuesto
(1/4 del necesario). Este falso caudal ecológico dañaría irreversiblemente los ecosistemas del río Castril, vegetación de
ribera e ictiofauna, especialmente la trucha común o mediterránea (especie
protegida y en peligro de extinción), entre otras especies. Y en un ejercicio aún más sorprendente (o de cinismo),
para evitar ese posible ecocidio, para no poder ser responsabilizados de nada, la CHG
niega la existencia de la trucha en el río Castril en la actualidad.
En fin,
deseamos toda la suerte del mundo en este recurso de la Plataforma y que el
Supremo rechace el plan hidrológico del Guadalquivir y, con ello, las pretensiones de la CHG y gobiernos central y autonómico.
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