La Plataforma por la Defensa del Río Castril presentó la
demanda en el Tribunal Supremo en la que pide que la revisión del plan hidrológico
del Guadalquivir (decreto aprobado en enero pasado) sea declarado nulo de pleno
derecho. Esta petición se fundamenta en
el hecho de que la aprobación de esta revisión la ha realizado el Gobierno
estando en funciones, algo que a juicio de la Plataforma es contrario a la ley
del Gobierno, pues sólo estaría legalmente legitimado un gobierno surgido tras
las elecciones.
Además, la Plataforma insiste en otros preceptos legales que
se estarían incumpliendo. Con ellos, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir trataría de establecer las condiciones para el trasvase del río
Castril. Entre ellos, sobresale la reducción de los caudales ecológicos del río
que la Junta de Andalucía tenía establecidos según el estudio encargado a
varios especialistas de la Universidad de Granada y Politécnica de Madrid,
permitiendo un posible trasvase de hasta el 90% de sus aguas . Esta medida,
contraria también a la normativa europea, supondría la desaparición de especies
protegidas del río, como la trucha común y otras (boga, cacho, barbo) y una
grave amenaza para todos los valores naturales del río y del bosque de ribera.
En definitiva, una grave alteración del ecosistema del río y su valle. Por
ello, la Plataforma pide que el río sea declarado Reserva Natural Fluvial como
figura de protección que impida poner en riesgo sus valores naturales.
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