La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá información al Gobierno español sobre el trasvase del río Castril.

La denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril ante el Parlamento Europeo se debatió el pasado día 17. El presidente de la Plataforma, Miguel Ortiz, y el eurodiputado de Izquierda Unida, Wily Meyer, expusieron los daños medioambientales y, en consecuencia, económicos y sociales que acarrearía el proyecto de trasvase para el río y las poblaciones de Castril y Cortes de Baza.

Alegaron el ocultismo y la falsedad con la que la CHG, el Gobierno y la Junta de Andalucía están tramitando el proyecto. Un proyecto que basado en una mentira, la necesidad de agua para abastecimiento en la comarca de Baza, lo han declarado de emergencia, mejor dicho, declararon en el 2006, para eludir todo tipo de información y la participación ciudadana. No se han tenido en cuenta los estudios disponibles sobre caudales ecológicos ni se han hecho los estudios pertinentes sobre evaluación de impacto ambiental, incumpliendo la normativa ambiental vigente. Sobre todas esatas cuestiones, la Plataforma y el Ayuntamiento de Cortes de Baza, tienen interpuesto sendos recursos de reposición y denuncias ante el juzgado por la vía del contencioso-administrativo y ante el TSJA.

Se distribuyó entre los diputados y diputadas la documentación que dispone la Plataforma en la que se indican las afecciones medioambientales que sufrirá el río con la detracción de aguas y las normativas de protección que serían vulneradas, tanto a nivel europeo como las españolas que recogen el contenido de las directivas europeas y otras más particulares.

Por último, se indicaron los estudios alternativos que se hicieron en su día consistentes en la captación de aguas desde la desembocadura del río en el pantano del Negratín, estudios financiados por la UE y cuyo impacto ambiental sería prácticamente nulo, para el caso de que alguna vez hubiese una necesidad real y fehacientemente demostrada de agua para abastecimiento humano.

El presidente de la Plataforma pidió a la Comisión que exigiera al Gobierno español la paralización inmediata del proyecto y su tramitación por la vía ordinaria, vía en la que necesariamente tienen que contar con la participación de la ciudadanía y que obliga a los estudios ambientales pertinentes. El presidente de la Comisión, que se comprometió al estudio de la documentación presentada, propuso el envío de una carta al Gobierno español exigiendo más información. También invitó a la Plataforma a participar de dicha iniciativa.

Como vemos, no hay una decisión definitiva. El interés mostrado por IU, a través de su representante, Wily Meyer, así como el empeño de la Plataforma, ha permitido que la Comisión no cierre el caso y que aún se mantengan esperanzas de que reine la cordura y se retire definitivamente este antiecológico, irracional e innecesario proyecto de trasvase de uno de los pocos ríos vivos que quedan en Andalucía.