El presidente de la Diputación anuncia que la CHG ha decidido otorgar la concesión para los nuevos regadíos.

En una reunión informal, para la que fueron convocados todos los concejales, el presidente de la Diputación ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha decidido otorgar la concesión para la puesta en marcha de los nuevos regadíos. Si se produce la publicación oficial en los próximos días, podría ser el principio de una realidad largamente demandada por los agricultores afectados.

Recordemos que han sido muchos los años de mentiras y utilización partidista del tema, tanto por el anterior alcalde del PSOE como por las administraciones implicadas. Y lo que es peor, su ruindad les llevó a utilizar la aprobación del proyecto de nuevos regadíos como moneda de cambio del trasvase del río Castril, tratando de desactivar las movilizaciones.

Esa “realidad” (los nuevos regadíos) que decían haber conseguido, como es obvio, nunca llegó. Y mostrando su talante “democrático”, el anterior alcalde del PSOE culpó (y todavía culpa) a ecologistas y otras asociaciones de que el proyecto y la concesión estuvieran paralizados. En realidad, el ahora ex alcalde siempre supo de la escasa voluntad de las administraciones para aprobarlo. Pero le vino bien utilizar el tema con fines electoralistas: en todas las elecciones era algo que gracias a su iniciativa se estaba a punto de conseguir o se había conseguido ya.

Lo más indignante, con todo, es el desprecio al Estado de derecho, a le ley, mostrado por José Juan López, siendo alcalde. Desprecio del que todavía hoy hace gala. Cuando se culpa a las asociaciones de paralizar el proyecto por las alegaciones que habían presentado, se está enviando el mensaje de que las alegaciones sólo esconden la voluntad perversa de entorpecer el proyecto para el que otros trabajaban: los miembros de la comunidad de Nuevos Regadíos, y alguno de ellos con un esfuerzo encomiable.

Pero las alegaciones, las que se hicieron a este proyecto, como las que se presentan a cualquier proyecto que se somete a exposición pública, no obligan a nadie, a ninguna administración, salvo que adviertan de daños a terceras personas, al medioambiente e incurran en alguna ilegalidad. La Administración puede ignorarlas, como hizo con las que esos mismos ecologistas presentaron contra el trasvase, o admitiendo las repercusiones negativas para el medio que en las alegaciones se indicaban, introducir correcciones para minimizar el impacto, como hizo con las que introdujeron en el proyecto de central hidroeléctrica. Ese es el objetivo de las alegaciones: que los proyectos no dañen o perjudiquen en aspectos que la legalidad protege. La valoración final acerca de si existe ese daño o perjuicio y si, en efecto, se encuentra amparado por la ley, corresponde a la Administración. Por eso, es un paso obligatorio en todo proyecto que se somete a exposición pública. La normativa de protección ambiental, los períodos de consulta y exposición de proyectos, etc., se han ido introduciendo en el Estado español muy lentamente y con gran retraso respecto a países de nuestro entorno. A veces, incluso, con dejación por las administraciones de su función permitiendo la consumación de desmanes, por los que ha tenido que intervenir la Justicia para corregir y recuperar la legalidad, como hemos visto con los casos Algarrobico y Nevada.

Un desprecio a la legalidad también fue la mostrada por el Gobierno con el decreto 1419/2005 que amparaba las obras del trasvase. Aquello produjo que se iniciaran las expropiaciones y las obras que, finalmente, el Supremo paralizó. Este desprecio a la ley, y al derecho ciudadano a presentar alegaciones a fin de preservarla, es lo que caracteriza a cualquier gobernante que se sitúa al margen del Estado de derecho, la característica de los dictadores de todos los tiempos.

En estos dos últimos años, en Castril, nos hemos encontrado con otro equipo de gobierno y otros alcaldes, que podrán no estar o no haber estado acertados en algunas cosas (ya comentaremos esos aspectos), pero no han engañado ni manipulado con el tema de los nuevos regadíos. Ahora podrán ponerse en marcha o no de forma inmediata, pero no podrá achacárseles el hacer un uso partidario y electoralista, ni haber utilizado el tema como moneda de cambio del trasvase del río. Ni, por supuesto, culpar a nadie que haga un uso legítimo de sus derechos.