Termina la campaña electoral con los últimos mítines en los que las denuncias judiciales tienen el protagonismo

En el último día de campaña electoral, las diferentes fuerzas políticas apuran para arañar votos con actos electorales en varias pedanías y en Castril. Como novedad, de cuanto se lleva oído respecto a anteriores campañas, han sido las referencias a las diferentes denuncias e imputaciones que se encuentran en los juzgados en fase de instrucción. Y como no podía ser de otra manera, dado que todos han estado en equipos de gobierno, lo bien que lo han hecho mientras han tenido responsabilidades en la gestión. Poco, sin embargo, sobre proyectos concretos para el futuro. En los programas escritos abundan más bien generalidades y buenas intenciones.

Respecto a la defensa del río Castril o la ampliación del parque natural Sierra de Castril, no hay nada en los programas. Del río sí se habló largo y tendido en el mitin de Nuevo Castril, y aunque no se hace ninguna mención en su programa, sí parecen tener un compromiso claro de su defensa.

Otra noticia relacionada indirectamente con las elecciones, pues ha sido bien comentada por haber aparecido en la prensa, es la personación de la fundación Centro J. Saramago en la denuncia contra su anterior gerente, José Juan López (actual candidato del PSOE a la alcaldía), en la denuncia presentada por irregularidades durante su gestión. La noticia, tal como ha aparecido en titulares es confusa, pues se refiera a la fundación José Saramago, fundación ubicada en Lisboa y que gestiona el legado del Nobel de literatura, que no tiene nada que ver con la fundación Centro José Saramago de Castril. En la fundación de  Castril, que dependía de varias instituciones como el ayuntamiento, la universidad y la diputación, tenía poderes plenipotenciarios el director-gerente para gestionar el dinero público recibido por las instituciones. Y eso es lo que ahora se investiga a la vista de las numerosas denuncias, reclamaciones e irregularidades aparecidas (y de la que hemos informado ampliamente -hacer clik en la etiqueta Centro Cultural J. Saramago-) como resultado de los años que fue gestionada por José Juan López. Estas fueron investigadas por la fiscalía y denunciadas en el juzgado de Huéscar.

Entre las acusaciones llama poderosamente la atención la situación de ilegalidad con la que funcionaba la fundación, pues al no renovar sus estatutos según la ley de fundaciones, jurídicamente no podía operar ni recibir subvenciones. Es de suponer que, una vez que haya sentencia definitiva que confirme tales hechos, deje de existir a todos los efectos.

La Junta pide el reintegro de una subvención de 239.000 euros otorgados en 2009 para la recuperación de la industria del vidrio

Según la información que hemos podido leer en un diario provincial, la Junta ha reclamado el reintegro de la subvención otorgada en 2009 al Centro Saramago para la recuperación del vidrio de Castril. Aunque el curso duró tres años y la ayuda total asciende a más de 800.000 euros, por ahora solo se reclama la concedida en 2009. La falta de justificación del destino real de este dinero ha llevado a la Junta a instar su devolución más de cinco años después.

Se da la circunstancia de que en esas fechas el Centro Saramago ya se encontraba en una situación irregular al no haberse adaptado a la nueva Ley de Fundaciones de Andalucía, y tenía prohibido expresamente recibir subvenciones de la administraciones públicas. A pesar de ello, la Junta siguió librando partidas económicas para esta institución, que las recibió para sus múltiples proyectos, hoy prácticamente extinguidos.

Todo ello ha motivado que en el juzgado de Huéscar se esté investigando la gestión del entonces gerente José Juan López, que también era alcalde de Castril por el PSOE. En este procedimiento en el que figura como imputado el ex alcalde y a quien ya se le ha tomado declaración, la acusación la ejerce el ministerio fiscal y el que después sería alcalde durante dos años, Miguel Pérez (Nuevo Castril). Según el diario, los indicios apuntan a la comisión de varios delitos, como prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

El que fuera secretario del ayuntamiento declara en el juzgado que el Centro Saramago de Castril, del que era gerente José Juan López, no estaba legalmente inscrito.

Según una información aparecida en un diario de la provincia, el secretario del ayuntamiento durante la época en que José Juan López fue alcalde (PSOE) declaró en el juzgado de Huéscar que la fundación Centro Saramago (que es diferente de la fundación Saramago, con sede en Lisboa) no había realizado su inscripción en el registro de fundaciones, tal como establece la ley. Estas declaraciones del que fuera secretario, y que también lo era del Centro Saramago, fueron realizadas durante la instrucción que se sigue en el juzgado de Huéscar contra el concejal de PSOE, José Juan López, imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros durante sus años de alcalde y gerente del Centro Saramago.

A pesar de los requerimientos que se le hicieron, el gerente (que tenía plenos poderes) no procedió a adecuar los estatutos del Centro Saramago a la nueva normativa sobre fundaciones. Al estar en situación fuera de la ley, el Centro Saramago no podía recibir subvenciones públicas, cuestión expresamente prohibida por ley, y que sin embargo no sucedió, pues fueron varias las subvenciones recibidas, hasta superar el millón cien mil euros durante esos años (de 2005 a 2011).

El ex secretario también declaró que no tenía constancia de que se hubiera presentado memoria económica anual, la cual tenía que haber sido entregada al registro de protectorado de fundaciones justificando el gasto de las subvenciones recibidas. A pesar de que no pueden obtenerse subvenciones si las del año anterior no han quedado debidamente justificadas, parecen encontrarse sin justificación las subvenciones recibidas al menos durante los años 2009 y 2011 (según la investigación de la policía judicial), cuestión esta que sorprendió al ex secretario y declarante, tal como revela la información periodística.

Tras la imputación por posibles delitos, el ex alcalde del PSOE, José Juan López, intenta mejorar su imagen en los medios con informaciones falsas y sesgadas.

En la última semana hemos podido leer varias informaciones divulgadas por José Juan López en diferentes medios informativos. Entre ellas, como no podía faltar, la publicada por el periodista amigo suyo del diario Ideal. Y como es habitual en lo que este periodista escribe sobre Castril, carente del más mínimo rigor. Por supuesto, sin contrastar tampoco con las personas a las que José Juan López alude en la información que le facilita.

En general, de las informaciones que José Juan López ha enviado a los medios, incluido a su amigo., destacamos y aclaramos las siguientes falsedades:

1º Las denuncias por las que José Juan López está imputado han sido interpuestas por la Fiscalía ante el juzgado de Huéscar, y no por ninguna otra persona.

2º La Fiscalía ha actuado porque la entonces alcaldesa en funciones, Alicia López (IU), recibió un informe documentado sobre irregularidades que podrían ser constitutivas de varios delitos durante la gestión como alcalde de José Juan López. Este informe, que comúnmente denominamos “auditoría”, fue encargado siendo alcalde Miguel Pérez (Nuevo Castril). Como es su obligación legal (tipificado penalmente si no lo hubiera hecho), la alcaldesa puso en conocimiento de la Fiscalía esa información..

3º Lejos de estar archivada, la denuncia de la Fiscalía por malversación, falsedad y prevaricación se sigue instruyendo en el juzgado de Huéscar. En ella están personados Alicia López (IU) y Miguel Pérez (NC).

4º Lo que el juzgado archivó, y de eso hace unos meses, fue una pieza separada relativa a la contratación de una empresa. Ese archivo fue recurrido por Nuevo Castril y está aceptado en la Audiencia provincial.

5º Además de las denuncias en la gestión del ayuntamiento, la Fiscalía también denunció a José Juan López por varios delitos más en su condición de gerente del Centro Saramago. Por esta última denuncia, el Juzgado ya lo ha llamado a declarar como imputado.

¿Qué es lo que persigue José Juan López propagando todas esas falsedades? Sospechamos que está intentando que el PSOE de Granada no le ponga impedimentos para que encabece otra vez la candidatura del PSOE en las municipales. Para ello necesita hacer llegar a la dirección de su partido el mensaje de que la instrucción de la Fiscalía carece de rigor y que la imputación por los delitos de los que está acusado están siendo archivados. También, y de la misma manera, pretende que crean que las denuncias obedecen a interese espurios de representantes (IU, NC) de otras fuerzas políticas.

Las respuestas que han dado Alicia López (IU) y Miguel Pérez (NC) han sido suficientemente aclaratorias y el juzgado prosigue su instrucción. No va a ser fácil que la dirección del PSOE pique el anzuelo.

La concejala de IU-Castril, Alicia López, responde a las declaraciones del ex alcalde del PSOE, López Ródenas.

IZQUIERDA UNIDA-CASTRIL

Concejala Alicia López Moreno

COMUNICADO DE PRENSA

Con motivo de las declaraciones del Sr. López Ródenas (ex alcalde PSOE y ex gerente del Centro José Saramago de Castril, actualmente concejal y portavoz del PSOE en el Excmo. Ayuntamiento de Castril) del pasado día 08 de octubre de 2014, al periódico IDEAL GRANADA, y en referencia a la gestión del Centro Saramago de Castril, me veo en la obligación de hacer pública esta declaración, contrariamente a mi deseo por razones obvias de cautela, pero que por la gravedad que revisten no puedo hacer caso omiso.

En primer lugar, no puedo pasar por alto la calificación que hace el Sr. López Ródenas de “malísima investigación” al trabajo que ha venido realizando la policía judicial, por una parte, y de otra, la consideración de “ligereza de la fiscalía” por hacer las funciones que les son propias en un Estado Social Democrático y de Derecho. Es una clara muestra de desprecio a los principios y valores de la justicia social. 

En segundo lugar, dice el Sr. López Ródenas que desconocía la “obligación de sometimiento a la ley”, en este caso a la ley de Fundaciones de Andalucía, y que desconocía a su vez la “obligación de justificar el uso del dinero recibido en concepto de subvención”. ¿Entendía acaso el Sr. López Ródenas que el dinero de las subvenciones era de carácter privado? O dicho de otra forma, ¿creía que se lo habían dado a él con titularidad privada? Resulta extraño, tal desconocimiento de obligaciones, máxime siendo en ese momento secretario-interventor del ayuntamiento, D. José Ramón Mateos,  que era a su vez, secretario-administrador de la Fundación Centro José Saramago.

Es este un mal del que adolece una parte importante de los políticos de este país: recurrir al desconocimiento de sus obligaciones obviando con ello las responsabilidades que se derivan del cargo que ostentan. Prueba de ello es la constante utilización del dinero público de manera irresponsable, y en ocasiones, comprando voluntades y simpatías interesadas. ¿En qué lugar queda la labor de los secretarios/as? O es acaso necesario el paraguas de los mismísimos secretarios/as de los ayuntamientos para que esto ocurra?

En este mismo sentido, continúa el Sr. López Rodenas (PSOE) diciendo que si no hubieran estado justificadas las subvenciones de Diputación, en cuyo momento era presidente el Sr. Martínez Caler (PSOE) éste último, no se las habría concedido al año siguiente. Ahí queda eso sobre la mesa, lo dice él, no lo digo yo. Entiendo que la instrucción hará su trabajo.

Cualquier ciudadano, sea o no cargo político, está sometido a la ley como principio básico y para ello se ampara en la norma y, caso de ser político, también en el deber de hacer un uso ético de los caudales públicos de forma limpia y clara, por lo que no debería entenderse un ataque o una intromisión el hecho que cualquier persona quiera saber sobre la gestión que se hace del dinero de todos. Mostrarlo y compartirlo es un acto de transparencia que es obligación fundamental del político, o dicho de otra manera, es un derecho que tienen los ciudadanos, acudiendo si fuera necesario a la instancia judicial, como es el caso que nos acontece.

En tercer lugar, sobre el tema de la vidriera y de los trabajadores/as, en la misma solo cabe decir que es muy llamativo que sean siempre sus familiares y/o allegados los que reúnan los requisitos para optar a estos trabajos.

En cuarto lugar, en referencia a un viaje a Lisboa en taxi, dice el Sr. López Ródenas textualmente: “pagó el ayuntamiento pero por error, porque acudió a una reunión con D. José Saramago en calidad de alcalde y no como patrono de la fundación”. Menudo lío, si acudió como alcalde entonces no hubo ningún error, y la factura debería cargarse al ayuntamiento. El error existiría si López Ródenas hubiera asistido en calidad de patrono de la fundación y se la cargara al ayuntamiento. En realidad a eso juega el ex alcalde: a confundir si actuaba en calidad de un u otro cargo. Más bien podría decirse que él parece formar parte del misterio de la Santísima Trinidad “todo en uno”, pero lo cierto es que erróneamente o no, éste y otros numerosos viajes en taxi son un auténtico abuso económico para las arcas municipales.

Por último, sería conveniente en un momento como el actual, que el conjunto de la sociedad y muy especialmente los que estamos al servicio del pueblo, hiciéramos un acto de nobleza y reconocimiento de una escasez de decencia política que, motivada por una inculta prepotencia embriagada de poder, pretende superponerse al poder judicial entrando en parcelas que son de exclusividad jurídica y que deben ser respetadas conforme a la supremacía que ostentan los juzgados y tribunales. Posiblemente sea esta misma razón, -escasez de decencia y de humildad- el motivo por el que el Sr. López Ródenas asegura públicamente que la fiscalía procederá al archivo de esta causa, en la que está imputado como en otras más.

Ante este panorama, con todas las reservas y cautelas pertinentes, Izquierda Unida mantiene la denuncia que interpuso en su momento a fin de que sean los órganos pertinentes los que decidan si hay o no conculcación de derechos al pueblo de Castril, recordando una vez más que IU-Castril persigue únicamente el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, motivo por el cual mantenemos la prudencia legal oportuna. 

El agujero negro de la ‘falsa’ Fundación Saramago de Castril. Información aparecida en el diario digital eldiario.es.

El agujero negro de la ‘falsa’ Fundación Saramago de Castril.

Casi un millón de euros de dinero público sin justificar entró en la entidad entre 2007 y 2011.

El ex alcalde, Juan José López Ródenas (PSOE), declara este martes ante el juez de instrucción acusado de cuatro delitos diferentes.

La entidad ni siquiera cumple con la Ley Andaluza de Fundaciones, según las investigaciones de la fiscalía.

Desde 2012, la familia del fallecido Nobel pide desvincular su nombre de ella.

Castril de la Peña, en el norte de la provincia de Granada, algo menos de 2.500 habitantes, es la localidad natal de Pilar del Río, la viuda del Premio Nobel José Saramago. En 2004, este dio su permiso para ponerle su nombre a una fundación para promocionar la cultura en el pueblo, que en principio apenas iba a ocuparse de la biblioteca municipal y algunos talleres. Desde 2012, la familia del fallecido Nobel pide desvincular su nombre de ella.

Diez años después, el ex alcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE), tendrá que responder ante el fiscal, que investiga si cometió hasta cuatro delitos diferentes –malversación, fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsedad– en su gestión de la Fundación Saramago, que a estas alturas ni es fundación ni es Saramago. La familia del fallecido Nobel lleva tres años pidiendo que se desvincule su nombre de la misma, mientras que la investigación de Fiscalía ha desvelado que la institución ni siquiera cumple con la Ley Andaluza de Fundaciones de 2005.

Esto último podría pasar por un error administrativo: se fundó en 2004 y debía adaptar sus estatutos, algo que no ha hecho en 9 años. Sin embargo, lo llamativo es que ninguna de las instituciones que ejercen como patronos de la misma pareció notarlo: ni Diputación de Granada, ni Universidad de Granada, ni el propio Ayuntamiento de Castril, que hasta 2011 regía López Ródenas.

El ex alcalde ganó las elecciones de ese año con mayoría simple, por lo que una alianza del resto de partidos –PP, IU, Nuevo Castril y Grupo Independiente de Castril– lo desbancó y comenzó una auditoría tanto de las cuentas del Ayuntamiento como de las de la Fundación. El plan de pago a proveedores, además, sacó a relucir la confusión entre los movimientos de dinero de ambas instituciones.

Un millón de euros sin aclarar

En total, la Fiscalía ha detectado casi un millón de euros en movimientos sin aclarar. En concreto, 434.00 y 417.000 de los presupuestos de 2008 y 2010, respectivamente, los únicos que obran en manos de la Diputación provincial, y en los que el balance de ingresos y gastos no han sido justificado. A ellos se suman las aportaciones de 60.000 y 48.000 de la misma institución provincial en 2009 y 2011.

Finalmente, el Ayuntamiento aportó al menos otros 9.500 y 2.500 euros en cuestiones relacionadas con la biblioteca del centro. Eso, que se haya podido deducir por la documentación que ha recuperado la Fiscalía, ya que no existen cuentas de la Fundación, perdidas supuestamente, según López Ródenas, tras el traspaso de poderes de 2011, aunque formalmente él continúa siendo gerente de la Fundación....

Seguir leyendo en el enlace de eldiario.es donde aparece esta información:

 http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/agujero-falsa-Fundacion-Saramago-Castril_0_311119054.html

Según el diario Granada Hoy, el ex alcalde y actual portavoz del PSOE, José Juan López, declarará como imputado por la gestión del Centro Saramago.

Aparece con fecha de hoy, 2 de octubre, en el diario Granada Hoy, una información según la cual el ex alcalde José Juan López tendrá que declarar como imputado por presuntos delitos cometidos en la gestión del Centro Saramago. José Juan López, que continúa siendo concejal y portavoz del PSOE en el ayuntamiento, tendrá que declarar en el juzgado de Huéscar  el próximo día 7. Esta denuncia fue interpuesta por la Fiscalía tras la investigación que llevó a cabo al haberse detectado numerosas irregularidades en la gestión del centro en los años en que fue gerente.

Ponemos el enlace de la información:

http://www.granadahoy.com/article/granada/1868284/ex/alcalde/castril/declarara/como/imputado/octubre.html

La imputación del ex alcalde José Juan López (PSOE) de presuntos delitos por la Fiscalía, es una muestra de la decadencia y corrupción de la clase política.

La Fiscalía imputa al ex alcalde de Castril, José Juan López Ródenas, de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documentación pública. Los indicios manejados por la Fiscalía, a consecuencia del informe de gestión contable, muestran solo una parte de la realidad. Porque la gestión de JJ fue mucho más allá. No se limitó solo a esas irregularidades.

El Centro Saramago se gestionó como un fondo de reptiles. Al igual que la Junta de Andalucía en esos años utilizó los fondos para subvenciones y ayudas según sus particulares redes clientelares, las subvenciones del Centro Saramago fueron utilizadas por su gerente con el mismo criterio. En ningún caso funcionó el más mínimo control del dinero público. Dos años y medio después se ignora cómo se gestionaron las aportaciones y subvenciones recibidas durante esos años en que el dinero fluía alegremente sin control alguno. Las decisiones sobre gasto  fueron tomadas a libre discrecionalidad por el gerente y ex alcalde. No hay registro o documento que pueda arrojar luz sobre el destino real de ese dinero. Es de suponer que existirán movimientos en las cuentas bancarias, para nadie ha tenido acceso a ellas. Lo que sí han aparecido son numerosas reclamaciones personales sobre deudas pendientes de cobro. Algunas han acabado en el juzgado, reconociendo la deuda y condenando al Centro. Pero como carece de ingresos en la actualidad, los proveedores con los que tienen contraídas las deudas no pueden cobrarlas, por lo que están indignados. A algunos se les deben cantidades que superan la media de los ingresos anuales de las familias castrileñas.

La denuncia interpuesta por la Fiscalía se refiere, por ahora, a los gastos e irregularidades de la gestión del ayuntamiento. Los indicios apuntan a tres posibles delitos. Habrá que esperar a la  sentencia definitiva para juzgar la gravedad y dar por válida la veracidad de los mismos. Pero todo indica que el ex alcalde gestionó el ayuntamiento y el dinero público como si de su propiedad se tratara. Todo un síntoma de la catadura moral del ex alcalde. Y lo que apunta la Fiscalía es sólo la punta del iceberg de lo que fue una despótica gestión.

No es un delito, no está recogido en el código penal, pero lo más doloroso que sufrió el pueblo fue el ignominioso acuerdo que el ex alcalde estableció con la CHG para que se efectuara el trasvase del río a escondidas de la población. Este acuerdo que puso en marcha el ilegal trasvase, cuando pudo ser advertido, provocó la mayoritaria respuesta del pueblo de Castril. El ex alcalde no solo se situó en contra del pueblo, de su medio de vida y de un símbolo de su identidad, sino que trató de evitar (siguiendo el acuerdo al que llegó con P. Delgado) las respuestas impidiendo reuniones (amparadas por la Constitución en esta incipiente democracia) o el uso de locales públicos. Como si las dependencias municipales, el Centro Saramago y el Centro de visitantes del parque natural fuesen locales de uso personal. La persecución que hizo de sus oponentes desde el poder que le permitía la alcaldía, el estar en el partido que controlaba la mayoría de las instituciones del  país, y el contar con medios de comunicación (de desinformación y manipulación) proclives a los intereses de su partido, fue implacable, situándose fuera de la ley en numerosas ocasiones.

El desprecio por la democracia y las libertades del que hizo gala el ex alcalde tuvo el apoyo de los dirigentes provinciales de su partido. Además, en esa borrachera de poder y desprecio del derecho, el Gobierno y la CHG continuaron con las obras del trasvase a pesar de haber sido declaradas nulas de pleno derecho por el Tribunal Supremo. El ex alcalde fue un fiel colaborador en la represión sufrida en aquellos infames días. Aprovechaba cualquier ocasión, fuese un programa de fiestas, una entrevista en la radio, o un encuentro con sus dirigentes políticos, para falsear la realidad y mentir sobre quienes protestaban por el trasvase del río. Y no dudó en utilizar información confidencial para, una vez descontextualizada, difamar sobre sus oponentes. Para frenar las movilizaciones en contra del trasvase, tampoco dudó en mentir y utilizar, con el apoyo de instituciones y dirigentes de su partido, temas como el de los nuevos regadíos (que nunca llegaron), cuyo logro pretendían ligarlo a la aceptación del trasvase. Sería largo de exponer la gestión de quien utilizó la alcaldía por encima del derecho y de la ley. En este blog hemos narrado muchos de aquellos acontecimientos.

Finalmente ha sido imputado por el uso (y abuso) del dinero público en unos cuantos escándalos. Pero sobre el resto de los asuntos, aunque no sean juzgados en los tribunales, es al pueblo a quien corresponde hacer justicia expresándolo en las urnas. Si no es inhabilitado por los hechos denunciados, que sean las urnas quienes dictaminen el lugar que le corresponde a quien despreció la legalidad democrática conquistada con mucho esfuerzo tras los 40 años de dictadura: nunca más en la alcaldía de este pueblo.  

¿Puede estar relacionado el caso de los ERE con las subvenciones recibidas para actividades diversas en el Centro Saramago y el ayuntamiento?

Ayer se supo que la juez Alaya imputaba al ex consejero de la Junta de Andalucía y presidente de la agencia IDEA, Francisco Vallejo, así  como al ex consejero de Economía, Innovación y Ciencia,  Antonio Ávila, en relación con la investigación que realiza sobre el caso de los ERE. También está imputado en este mismo procedimiento el que fuera director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA –antes IFA), entre otros cargos, como los ex presidentes Chaves y Griñán.

¿Tiene esto algo que ver con Castril? Podría ser que nada más allá de lo que el caso afecta a toda la población andaluza. Pero sin embargo, nos encontramos con algunas inquietantes interrogantes que podrían manifestar cierta conexión. Veamos:

Desde la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (dependiente de la consejería), se han concedido subvenciones para la realización de determinados proyectos relacionados con el vidrio de Castril. Como ha sucedido en otras muchas localidades, nada hay de extraño en la concesión de estas subvenciones.

Pero el problema aparece cuando no se tiene documentación alguna del destino final de ese dinero. No, al menos, se encuentra en las instituciones en las que debería estar depositada dicha documentación: ayuntamiento de Castril y Centro Saramago. O en la presidencia del Centro, ostentada por el presidente de la Diputación granadina. El responsable de haber dispuesto la contabilidad preceptiva y de su custodia era el gerente José Juan López (PSOE), quien disponía de la gestión de los recursos del Centro y del ayuntamiento en su condición de alcalde. Esta documentación le ha sido  requerida en diversas ocasiones y hasta la fecha no ha entregado nada.

Entre tanto, diferentes proveedores y también trabajadores le han reclamado al ayuntamiento y al Centro el pago por servicios y trabajos realizados. Y aquí es donde surgen las sospechas: ¿Cómo es posible que se conceda una subvención para una actividad y, sin embargo, un gasto previsto, como es el suministro de gasoil, no se le pague al proveedor? Y quien dice gasoil (9.000 euros), dice también botellas de oxígeno (900 euros) o trabajador contratado (9.000 euros). ¿Dónde se empleó entonces el dinero de la subvención? También reclaman el adelanto de dinero (27.000 euros) para un curso que, según la delegación de Empleo, tampoco se ejecutó. Se podrían comentar otras irregularidades, pero lo dejamos ahí.

¿Y qué dicen de esto los mecanismos de control e intervención de la Junta, que es la administración que concedió las subvenciones y quien tiene que vigilar y verificar el uso adecuado? Pues resulta que son los responsables los que aparecen imputados por la juez Alaya en el caso de los ERE (consejeros, presidente y director de la agencia IDEA). ¿Dónde están los expedientes que deberían mostrar que el procedimiento seguido por la Junta cumplió con la normativa? ¿Emitió informe la Intervención General de la Junta? ¿Se habrá actuado con estas subvenciones como con lo relacionado en el presunto desvío de fondos públicos para comisiones y beneficios particulares?

Como vemos, son muchas preguntas sin respuesta. Solo esperamos que la Justicia intervenga y arroje luz sobre todo ello. En Castril hay familias esperando cobrar lo que legítimamente les corresponde. Sean los jueces que sean, que se haga justicia.

La Fiscalía investiga las irregularidades que el informe realizado a los últimos años de mandato del José Juan López (PSOE) como alcalde de Castril, ha puesto al descubierto.

Hemos tenido noticias de que agentes de la policía judicial están investigando las irregularidades detectadas en el informe que el alcalde anterior, Miguel Pérez (Nuevo Castril), encomendó a una empresa auditora especializada. Ha sido el propio afectado, José Juan López, quien ha advertido de lo que estaba sucediendo. Pero quien presentó ante la Fiscalía el informe, fue Alicia López (IU), durante los días que ejerció como alcaldesa en funciones.

La concejal de IU cumplió con la ley: en cuanto tuvo conocimiento del informe de la gestión (que no es exactamente una auditoría) y las irregularidades que ponía de manifiesto, su obligación era ponerlo en manos de la Justicia. Lo que por ahora no sabemos, es cómo habrá procedido el equipo de gobierno sabiendo de la existencia de esas irregularidades. Lo cierto es que nadie puede ignorar la ley, y el deber de colaborar con la Justicia, obliga a los responsables municipales a facilitar el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.

De las irregularidades sólo sabemos lo que apareció en los medios de comunicación hace unas semanas. Pero suponemos que tras las investigaciones, podrá saberse el contenido del informe. En cualquier caso, sabiendo las cautelas que hay que mantener en este momento, preguntamos a la concejal Alicia por la situación en que se encuentran estas diligencias:

-¿Qué te impulsó a presentar el informe ante la Fiscalía, cuándo la presentaste?

Antes de responder a eso, debo aclarar que se trata de un informe de revisión contable de la gestión del último periodo del ex alcalde José Juan López Ródenas. Dicho informe ha sido realizado por una empresa de auditores de Granada y una vez finalizado se registró en el Ayuntamiento justo en el periodo de tránsito entre el cese de Miguel Pérez (ex alcalde del último bienio) y la investidura Javier Dengra (alcalde actual), con la particularidad que en esos días era mi obligación ostentar la alcaldía accidental, tal como indica la ley.

Respondiendo a la pregunta tengo que decir que únicamente  me impulsó el sentido del deber y el compromiso que adquirí en su día con el pueblo de Castril. Como cualquier buen cristiano sabe, los pecados se cometen por “acción” y por “omisión”; pues de igual forma ocurre con la justicia, los delitos pueden ser por acción y por omisión, y todo ciudadano debe saberlo. Mi obligación es poner en conocimiento de la justicia lo que han registrado en el ayuntamiento. No sería responsable guardarla en un cajón.

-Han sido muchos los años de prepotencia y nepotismo de José Juan López. De su gestión se han ido sabiendo irregularidades y anomalías, acompañadas de mentiras, y también el intento de algún listillo de endosarle deudas del Centro Saramago al propio ayuntamiento, como los 27.000 euros que intentó cobrar el director del festival “Siete Soles Siete Lunas”. En tu opinión, ¿son graves las responsabilidades adquiridas por José Juan López si se confirma el informe de revisión contable sobre la gestión? ¿Se están investigando también las cuentas del Centro?

Será la justicia la que tenga que tipificar las actuaciones llevadas a cabo por el Sr. López Ródenas. Sinceramente no tengo la capacidad de juzgar, pero sí tengo la capacidad de poner en conocimiento de los juzgados y tribunales todas aquellas actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito.

Respecto a la segunda pregunta, referente al Centro Saramago, no puedo desvelar nada aún, ya que prefiero respetar el trabajo del poder judicial sin entorpecer su investigación. Aún así, me atrevo a explicar de nuevo que el Sr. Gerente hizo desaparecer todos los documentos del centro que pudieran ser comprometidos, por lo que se dificultará esta tarea. Y a todo esto, tenemos la biblioteca cerrada y unas instalaciones que no dan servicio a la ciudadanía. La pregunta sería: ¿dónde está el dinero que ha venido de Diputación? ¿En qué se ha invertido? A día de hoy sigue siendo un misterio.

-El equipo de gobierno, ¿ha tomado alguna iniciativa ante la Justicia o el Tribunal de Cuentas y está tratando de que se llegue hasta el final en las investigaciones?

El equipo de gobierno tuvo conocimiento desde el mismo momento que interpuse la denuncia ante el fiscal, ya que personalmente se lo hice saber. Posteriormente hemos tenido alguna conversación sobre este asunto. El resultado final que me han trasladado es que el informe está mal y no reúne los requisitos necesarios. En mi opinión será el juzgado quien estime o desestime el informe, al menos yo no tengo la capacidad de decidir si el informe es correcto o no lo es. Se escapa a mi competencia.

-Si no hubiera la debida colaboración para el esclarecimiento de lo que la auditoría revela, ¿se incurriría en alguna responsabilidad?

Ni idea, no conozco el código penal, pero imagino que obstaculizar el trabajo de la policía judicial y del fiscal no debe ser muy bueno.

-¿Hay alguna otra fuerza política que vaya a personarse?

No lo sé, posiblemente Nuevo Castril lo haga, al menos sería lo esperable ya que fue Miguel Pérez quien mandó hacer el informe de revisión. A este respecto debo señalar que todos los grupos estábamos de acuerdo con hacer un estudio que esclareciera la gestión del Sr. López Ródenas durante su mandato anterior.

-¿Quieres añadir algo más a este respecto?

Sí, agradecer al pueblo el soporte y la fuerza que me da para no decaer ante las amenazas e injurias que vierte el ex alcalde sobre mi persona por  mi atrevimiento de llevar este informe a manos de la justicia.

Terminamos esta breve entrevista y quedamos en que más adelante, en cuanto haya información que pueda hacerse pública, nos la hará llegar.

El alcalde de Castril anuncia que el ayuntamiento se acogerá al nuevo plan de pago a los proveedores.

En una entrevista publicada en un diario de la provincia, el alcalde, Francisco Javier Dengra, anuncia que el ayuntamiento de Castril se acogerá de nuevo al plan de pago a proveedores  que el Gobierno tiene dispuesto en una segunda fase. Recordemos que el anterior plan de pago ascendió a la cifra de 1.100.000 euros, que es solo una parte de la deuda generada por el gobierno municipal del PSOE en la anterior legislatura; pues del total de las deudas de entonces, quedan por cuantificar las que se encuentran pendientes de decisiones judiciales y las que los proveedores (y trabajadores) tienen suscritas con el Centro Saramago.

A este nuevo plan de pago se acogerían las facturas no pagadas durante la legislatura actual. Lo que por ahora no sabemos es a cuánto ascienden. El alcalde no aporta ningún dato. Pero sería importante que en los próximos días esas cifras se hicieran públicas. Entre otras cosas, para saber las posibilidades que el propio ayuntamiento posee para hacerse cargo de las mismas, sin las hipotecas que un nuevo plan de pago supondría al ayuntamiento (que se sumarían a las del anterior).

Además, todo esto es imprescindible para aprobar los presupuestos del 12 y del 13 (cumpliendo lo aprobado en el plan de ajuste, incluido el sueldo de los cargos electos) y conocer el estado real de ingresos y gastos. El anterior alcalde, Miguel Pérez, afirma que los gastos ocasionados en el primer semestre son inferiores al 50 % de los ingresos previstos durante el año. Si fuese así, sería una cifra que entraría dentro de lo razonable. Para confirmar estos supuestos, pediremos la información oportuna al consistorio.

El Centro Saramago tiene que exigir a las instituciones que forman el patronato que aporten las cantidades comprometidas.

Ninguna institución de las que forman el patronato del Centro Saramago, a saber,  Ayuntamiento de Castril, Universidad de Granada y Diputación Provincial, han efectuado en los dos últimos años las asignaciones que tenían comprometidas para las actividades del mismo.

No sabemos si el gerente habrá hecho alguna gestión al respecto, pero lo cierto es que la Diputación presupuestó para el año 2012 30.000 euros y 15.000 para 2013, y no han llegado. Ni tampoco el que anualmente otorgaba la Universidad. Estas cantidades son ridículas si las comparamos con la deuda que dejó José Juan López en sus años de gerencia. Eran años en los que generosamente llegaron las subvenciones y las instituciones del patronato aportaban anualmente las cantidades comprometidas. Sin embargo, incomprensiblemente, el entonces gerente dejó de pagar a numerosos proveedores y empresas a las que realizaba algún encargo.

El último año que se celebró en Castril el festival “Siete Soles, Siete Lunas”, fue en 2010. Entonces se anunció que vendría subvencionado por la Junta en su totalidad. Lo dijeron públicamente en los medios informativos el entonces gerente (y alcalde), José Juan López, y el director del festival. Pero, o mentían, o el dinero se evaporó (...), pues no hace muchos meses quiso el director del festival cobrar 27.000 euros al ayuntamiento (gobernado con otro equipo de gobierno) por el espectáculo presentado en 2010. Como se negaron a asumir esa deuda, se la demandaron al Centro, no sin antes protagonizar unas vergonzantes declaraciones difamatorias contra el equipo de gobierno.  Después, casualidad, ya no era el ayuntamiento quien le adeudaba, sino el Centro. No dijeron nada de la subvención de la Junta (a pesar de anunciarlo a bombo y platillo), intentan cobrar a través del ayuntamiento, y después lo reclaman al Centro. Eso se llama carencia de escrúpulos éticos. O tener desfachatez, por no utilizar otro calificativo malsonante.

Pero antes que nadie, son los vecinos de Castril, proveedores o personas contratadas para la realización de determinadas actividades, quienes tendrían que cobrar. La deuda por consumo de gasoil, por ejemplo, asciende a unos 8.810 euros. Esta cantidad (ridícula para los Bárcenas, Botín, Gúrtel, Nóos, EREs, etc.) representa en Castril la renta anual de muchas familias. Y este vecino, como a  otros a los que se les adeuda, tiene sus necesidades y el derecho a cobrarla.   

El dinero presupuestado por la Diputación no es que sean gran cosa, pero sí, al menos, es un dinero que serviría para pagar la deuda del  gasoil, parte de alguna otra, y contribuir a la programación cultural de este verano.

La decisión está en manos del presidente del Centro, dirigente provincial del PP, partido al que pertenece el actual gerente, como el alcalde de Castril. A ver si fuera posible que este verano pudieran contarse con esos 45.000 euros.

Utilizar el dinero público y el ayuntamiento como si fuera un patrimonio personal, no sólo no es ético, es que no puede ser legal.

Según el informe de la contabilidad municipal divulgado por la prensa, durante el período 2008-11 hubo unos gastos realizados por el entonces alcalde, José Juan López (PSOE), de alrededor de 47.000 euros en taxis. Entre ellos figura una factura de viajes a Lisboa y otras ciudades por valor de 1.740 euros.

El entonces alcalde quiere justificarse diciendo que dicho viaje tuvo que realizarlo necesariamente con prisas por llegar a tiempo al entierro del escritor J. Saramago. Una excusa de miserables. No sólo por querer justificar el gasto con la desaparición física de esa persona, sino porque el entierro fue 4 días después de la muerte del escritor, tiempo suficiente para coger un vuelo o un autobús. Pero aún es más grave: según hemos podido saber, la factura es de mayo de 2009, un año antes de que este muriera. En dicha factura, además del viaje a Lisboa (880 euros) figuran otras ciudades, como Granada, con sucesivos viajes, y Almería (ignoramos qué gestiones oficiales pueden realizarse en esta ciudad).

Pero con todo, lo que resulta indignante y no se puede permitir desde ningún punto de vista, ni ético ni legal, es que esa factura (como otras) que fue emitida por el Centro Saramago, que tenía autonomía y presupuesto propio, las pague el ayuntamiento. Es decir, “yo como gerente me lo guiso, yo como alcalde me lo como”. Y que pague el pueblo. Esa es la concepción patrimonialista que José Juan López tenía de ambas instituciones: como entidades de su exclusiva propiedad particular.

Un año después del nombramiento del nuevo gerente, sigue sin conocerse la situación económica del Centro Saramago.

  

Ha transcurrido más de un año desde que tomara posesión el nuevo gerente del Centro Saramago. Esperábamos que por fin pudiera saberse la situación económica del Centro y que se realizaran las gestiones oportunas, administrativas y, llegado el momento, judiciales, para que el anterior gerente entregara o explicara qué se hizo con los libros de contabilidad que preceptivamente el Centro debía poseer. A fecha de hoy se desconoce qué ingresos tuvo el Centro, no tanto por las aportaciones de las instituciones que conforman el patronato como por las subvenciones recibidas para la realización de diferentes actividades. Alguna de ellas, como el curso de soplado de vidrio, no se llegó a realizar, aunque la delegación de Empleo si procedió a la entrega de un adelanto de 23.326 euros (véanse entradas del 9 y 13 de febrero). De otra actividad, que públicamente se anunció como subvencionada por la Junta, como el festival “Siete Soles, Siete Lunas” del año 2010, ahora la empresa organizadora reclama (aunque torticeramente lo hace al ayuntamiento) el pago de la misma, 27.000 euros (véanse entradas del 9 y 14 de enero). Pero también han aparecido numerosas facturas de años atrás pendientes de pago, algunas de las cuales se encuentran reclamadas judicialmente.

Las instituciones representadas en el patronato del Centro se comprometieron con diferentes aportaciones que, sin embargo, no han sido recibidas. Sabemos que la Diputación contemplaba su aportación en los actuales presupuestos. Hubiera sido importante el haberla recibido para que, al menos, poder pagar a algunos proveedores de Castril, como los 9000 euros pendientes por consumo de gasoil. Además, con las aportaciones de la Diputación y de la Universidad, se hubieran podido realizar algunas actividades que hoy no pueden asumirse.

A pesar de ello, las instalaciones del Centro no han dejado de tener una actividad continuada. Destacamos de entre ellas la escuela de música y la revitalización de la orquesta de Castril. También se imparten cursos de idiomas, clases de refuerzo ofertadas por particulares, etc., que permiten que las instalaciones estén abiertas y los vecinos/as puedan hacer uso de ellas.

Lo que no puede demorarse más es la reunión del patronato que, según los estatutos, debe de hacerse anualmente. En ella, las instituciones tendrían que dar cuenta de los compromisos adquiridos, y el gerente, de la gestión realizada. El ayuntamiento, por su parte, como institución del patronato y como responsable de esas dependencias municipales, debería emprender las acciones necesarias para saber la situación económico-contable en que se encuentra el Centro así como pedir la reunión del patronato.

Dimite del equipo de gobierno el concejal del PP, Andrés Pérez.

Con la dimisión del concejal del PP Andrés López (y que al parecer formalizó el viernes pasado), el equipo de gobierno queda compuesto por el otro concejal del PP, Javier Dengra, quien a tenor del pacto de legislatura ostentará la alcaldía a partir de junio, la concejal de IU Alicia López, y la concejal Eva Carrasco que con el alcalde Miguel Pérez forman el grupo de Nuevo Castril. No olvidemos que la concejal Isabel Iruela, del GIC, presentó su dimisión a finales del verano.

Aún desconocemos el sentido de esta dimisión, pues son tres meses lo que quedan de mandato del actual alcalde antes de que acceda a la alcaldía su compañero de candidatura en el PP. Suponemos que se quiere escenificar el desacuerdo con la gestión; porque lo que es esperar que vaya a conseguirse alguna propuesta pendiente, superar alguna desavenencia o cualquier otra cosa de tipo positivo con el alcalde, no parece sea este el camino más indicado. Llegará junio, cuando se produzca el relevo en la alcaldía, y la situación seguirá igual. Entonces, entendemos, lo que sí podría pretender esta medida, la dimisión ahora formalizada, es dar un aviso al futuro alcalde. Un aviso en el sentido de hacerle saber que el apoyo a su próxima gestión depende también del acuerdo que puedan negociar. ¿Es así, o no es más que una respuesta impulsiva como consecuencia del enfrentamiento con el alcalde? El tiempo desvelará que hay tras esta y la anterior dimisión.

Pero también cabe una tercera hipótesis. Y es la de que el PSOE estuviera detrás de estos movimientos. Podría estar (el PSOE) interesado en que a junio se llegara en una situación precaria, en cuanto a gobernabilidad del ayuntamiento se refiere, de manera que pudiera proponer algún acuerdo que les permitiera entrar en el gobierno municipal. Tenemos el precedente de lo acontecido en Cortes de Baza, donde rompieron el pacto de gobierno para hacerse con la alcaldía, a través de una moción de censura, formando gobierno con el hasta entonces principal grupo de oposición.  De maniobras como estas, el PSOE local tiene amplia experiencia. Y en general en la comarca y en Andalucía. Muchos años de régimen y de control del territorio le han permitido el poder y las redes clientelares como para manejar estos asuntos.

Pero en Castril, la pérdida del poder municipal ha permitido que se pongan al descubierto las irregularidades en la gestión de estos años atrás. No sólo por la voluminosa deuda que ha aflorado, por lo que el ayuntamiento tuvo que acogerse al plan de pago a proveedores con las medidas de ajuste que este imponía, sino porque a día de hoy aún se ignora el paradero o el uso de dinero procedente de subvenciones o aportaciones; especialmente en lo que se refiere al Centro Saramago, pero también al propio ayuntamiento. Sin ir más lejos, el Servicio de Formación para el Empleo reclama la devolución de 23.436 euros de un curso de “soplador de vidrio”, cantidad que, según dicho servicio, adelantó al ayuntamiento en 2010, no habiéndose realizado tal curso. En el ayuntamiento no les consta expediente alguno. Por tanto, ¿qué sucedió con el dinero y con el curso? Ahora mismo es un misterio que sólo el anterior alcalde podría desvelar. Pero también pudiera suceder que nunca se supiera. Y tal vez haya intereses en que esto sucediera así.

No hay expediente ni convenio para impartir un curso de soplado de vidrio. Tampoco consta que se haya producido un adelanto de 24.000 euros.

La delegación de Empleo reclama –como informábamos en la anterior entrada- la devolución de 23.346 euros que se adelantaron para el curso de soplador de vidrio y que, según dicho organismo, tenía solicitado y concedido el ayuntamiento. La aprobación se produjo en 2009 y el adelanto en 2010. Pues bien, no existe documentación alguna que acredite ambas cuestiones: ni del convenio para la realización del curso, ni que haya habido ningún ingreso procedente de la delegación de Empleo con tal fin.

Hemos preguntado al alcalde de Castril sobre qué responderá el ayuntamiento al requerimiento de la delegación. Nos ha comentado que alegarán la inexistencia del convenio para la realización del curso y que tampoco en el ayuntamiento consta que se haya recibido el adelanto que ahora se reclama. Por último pedirán que se les entregue copia de la documentación que la delegación posea sobre tal asunto

Suponemos que cuando la delegación de Empleo envíe la documentación podremos saber algo más. Sin duda, el anterior alcalde tiene que estar al tanto de todo, y sabrá también qué se hizo con ese adelanto que ahora se reclama. Y en calidad de qué lo recibió: si como alcalde, como gerente del Centro Saramago, o a través de alguna entidad interpuesta como el Centro Andaluz del Vidrio (aunque mucho nos tememos que esa información no llegue a los responsables municipales). Pero lo que sí que tendría que hacer el ayuntamiento es instar a la delegación de Empleo a que se dirija a la persona con quien suscribió el convenio y a la que recepcionó el adelanto de los 24.000 euros.  Esa persona es la puede arrojar luz sobre este asunto. 

La Junta financió el festival “Siete Soles Siete Lunas” en Castril en 2010. ¿Qué pasó con ese dinero?

  

Volvemos sobre el mismo tema tratado en la entrada anterior. El motivo es que, repasando hemeroteca, hemos podido recuperar una información ofrecida el 14 de junio de 2010. En esta información aparece una foto en la que se encuentran el delegado de Cultura, Pedro Benzal, el alcalde y gerente del Centro Saramago, José Juan López, y el director del festival “Siete Soles Siete Lunas”, Marco Abbondanza, acompañando la información ofrecida durante la presentación del festival de ese año en Castril. En ella se decía que “tanto el alcalde de Castril como el director del festival coincidieron hoy en destacar la colaboración de la Junta de Andalucía en el proyecto, en el que contribuye en la práctica totalidad de su financiación, de unos 30.000 euros este año, a fin de convertir a la cultura en “motor de desarrollo”.

Si el festival estaba financiado en su totalidad por la Junta, ¿cómo es posible que el director del festival aparezca ahora en los medios diciendo que el ayuntamiento de Castril se niega a reconocer una deuda de 27.000 euros por el festival de ese año? Si el dinero de la Junta no llegó y todo se debió a un mero acto de propaganda -de los que nos tiene acostumbrados-, pues que se lo exija a la Junta. Y si la Junta pagó, entonces tendrá que aclarar con los involucrados, como el entonces delegado de cultura y el a la sazón gerente del Centro Saramago y alcalde de Castril, qué se hizo con el dinero. Y de paso, que le expliquen el porqué, ese mismo año, retiraron la subvención para el festival de 2011; situación que ha continuado en los años subsiguientes.

Lo que llama la atención es que el director del festival se dedique a acusar a la actual corporación de no tener interés en el festival y reclamarle esa deuda. Inventarse historias puede ser algo bonito, pero para ser leídas como tales, no para ocultar o deformar la realidad, no para evitar que los ciudadanos/as puedan realmente saber qué pasó.

El festival “Siete soles, Siete lunas” no viene a Castril desde el 2010, porque ese año el Centro Saramago no abonó a la organización 27.000 euros y la Junta retiró la subvención para el 2011.

Aparece una noticia en el diario “Granada Hoy” referida al festival “Siete soles, Siete lunas”. Según el diario, el festival  se celebrará en la localidad de Montefrío y dejará de venir a Castril, porque según el director del certamen, Marco Abbondanza,  el actual ayuntamiento habría dejado de tener interés en continuar con esta iniciativa. Continúa el mencionado director, que el ayuntamiento se habría negado a reconocer la deuda de 27.000 euros que tiene con él contraída. Por último, se refiere a la situación del Centro en tono crítico culpando al ayuntamiento de querer romper la relación de Castril con Saramago.

También se hace eco esta misma noticia de unas declaraciones del concejal de Cultura, quien replicaría que la ausencia del festival se debería a que la Junta eliminó la subvención que otorgaba y a la mala gestión del Centro que hizo el anterior gerente y ex alcalde de Castril.

Tenemos que matizar algunas cosas:

En 2010, fecha de la última edición del festival organizado en Castril por el Centro Saramago, este contó con la subvención de la Junta de Andalucía y el gerente del Centro dejó de abonarle 27.000 euros a la organización del festival. Es decir, es el Centro quien tiene contraída la deuda y no el ayuntamiento; y es el anterior gerente, que ocupó el cargo hasta febrero de 2012, quien dejó esa deuda, ignorándose hasta la fecha el paradero de las subvenciones y de los ingresos que el Centro obtenía de las instituciones que componían el patronato. Es al anterior gerente, quien no ha hecho entrega de ningún libro de los que reglamentariamente el Centro debe disponer, a pesar de los requerimientos que se le han efectuado, a quien habrá que pedirle responsabilidades.

Ese mismo año de 2010, siendo alcalde de Castril y gerente del Centro José Juan López, la Junta de Andalucía, entre las medidas de recortes, decidió no incluir para los presupuestos de 2011 la subvención al festival en Castril. Es decir, muchos meses antes de las elecciones municipales en las que el anterior y susodicho alcalde perdiera el gobierno municipal. Ese año de 2011, cuando aún no había sido cesado de sus funciones de gerente, el festival, como estaba anunciado, no vino a Castril (aunque sí a otros municipios de Andalucía para los que sí contó con subvención).

Por tanto, lo que el director del festival sabe y tendría que reconocer, es que la deuda no es con el ayuntamiento, que es por una actuación organizada por el Centro en 2010 para la que el gerente recibió las subvención correspondiente; y es con él, personalmente o en sede judicial, con quien tendrá que aclarar la situación. Y respecto a los demás juicios de valor, como cualquier ciudadano, es libre de interpretar lo que quiera (y de escuchar a quien quiera). Pero que sepamos, sus opiniones, no coinciden con las mantenidas por el equipo de gobierno.

A pesar de la libertad recuperada en la actual legislatura, Castril encara un 2013 plagado de incertidumbres.

Pasaron los año difíciles de la anterior legislatura y un nuevo aire de libertad recorrió todo el municipio. Desapareció el temor de los vecinos ante posibles represalias desde la alcaldía y cualquier vecino/a pudo expresar su opinión libremente sin ser llamado al orden. Las asociaciones pudieron ejercer sus derechos en libertad sin inventadas trabas burocráticas. La alcaldía ya no era el “Gran Hermano” de la novela orwelliana que todo vigilaba. A las administraciones controladas por el PSOE  dejaron de llegar los avisos (cartas, visitas, llamadas telefónicas…) para controlar e investigar a los disidentes. Cualquiera podía hablar con quien quisiera sin recibir las amenazas del alcalde, las reuniones en los bares podían celebrarse sin más requisito que la voluntad de los convocados y los hosteleros respiraron aliviados de que desde el ayuntamiento no les llegara ninguna amenaza. Los niños han podido protestar y quejarse, como saben hacerlo (pintadas, chirigotas…), sin que la autoridad municipal interviniese para poner orden. Dejó de propagarse con dinero público todo tipo de calumnias, difamaciones y mentiras a través de medios afines, periodistas colaboradores y panfletos. Los locales públicos dejaron de ser exclusivos de actos de propaganda del alcalde para que el pueblo pudiera disponer de ellos. A nadie le prohibieron los derechos que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano y la Plataforma por la Defensa del Río Castril pudo seguir convocando actos en locales públicos. Las persona implicadas en la defensa del río no temieron porque sus nombres circularan por las instituciones administrativas que pretendían el trasvase. El equipo de gobierno dejó de fisgonear en las fotos de las movilizaciones contra el trasvase para identificar a las personas que en ellas aparecían. Tampoco temieron por delaciones (falsas en gran medida entonces) ante instancias gubernativas y judiciales. Nadie fue excluido o temió no ser contratado por no mantener afinidades diversas con el alcalde. Desde el poder municipal y de las administraciones afines dejaron de propagarse bulos y mentiras (regadíos, colegio…) con fines electoralistas y desmovilizadores.

La lista de acontecimientos por los que vecinos y vecinas han dejado de sentir miedo, o la represión y persecución que sufrieron durante la legislatura que terminó en 2011, sería interminable.  Pero este nuevo clima de libertad que se vive no nos anuncia un 2013 exento de problemas. Pendientes o sobrevenidos, el ayuntamiento y el equipo de gobierno, con el actual alcalde y el que lo relevará esta primavera, tendrán que dar respuesta a numerosos de ellos:

-Tendrán que trabajar con la Plataforma para resolver definitivamente los intentos de trasvase del río Castril. Tanto desde un punto de vista político como judicial. Para ello, 2013 tendría que ser el año en el que se consiguiera la protección integral del valle y del río, cerrando las iniciativas puestas en marcha y asumiendo el pago de los recursos judiciales.

-En este año se debería dar solución al problema planteado por la central hidroeléctrica, resolviendo el tema de la turbina. Se trataría de que la turbina que se instalase respetara en todo momento los caudales ecológicos (estudio de la Universidad de Granada) y las necesidades de regadío. También tendría que negociarse la coparticipación del ayuntamiento en la explotación de la central para que el pueblo pueda beneficiarse de ello.

-El ayuntamiento tendría que definir su estrategia respecto a los nuevos regadíos, poniéndose de acuerdo con todas las partes (administraciones y asociaciones)  que están interviniendo en el proceso.

-El colegio y la carretera de Pozo Alcón tienen que ser un objetivo a conseguir este año entrante. La negociación con las delegaciones de la Junta y la CHG tiene que hacerse con carácter inmediato.

-La sustitución de la tubería de agua para abastecimiento: con alguno de los proyectos ya planteados o con el concurso de las administraciones, el camino para la resolución de este grave problema tiene que hacerse en este primer trimestre del año.

-El plan de desarrollo de turismo sostenible, que en un primer borrador ha elaborado el grupo de IU, tiene que negociarse con el sector (empresas y vecinos/as interesados) y las administraciones junto a la dirección del parque. Ligado a este, habrá que estudiar las posibilidades que aún ofrecen las recortadas políticas activas de empleo, con la consecución para Castril de alguna escuela taller relacionada con el sector de turismo, patrimonio y naturaleza. 2013 puede ser el año del relanzamiento de Castril con el castillo, el río y la sierra como reclamos.

-El ayuntamiento tiene que volcarse en el apoyo a la IX Fiesta Andaluza del Agua que se desarrollará esta primavera en Castril (en la legislatura pasada hubiera sido imposible, como sucedió con las jornadas emprendidas en 2008, que a pesar de contar con la presencia de diputados, catedráticos, expertos de reconocido  prestigio, etc., se denegaron todos los locales públicos y, finalmente, tuvieron que celebrarse semiclandestinamente en el comedor de un restaurante de la localidad). La fiesta, que promueve la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, cuenta además este año como coorganizadores de la misma, con la Plataforma y la asociación de amigos de las acequias (ASSAQYA).

-Tampoco puede demorarse la clarificación de la situación contable y el futuro del Centro Saramago. Habría que conseguir la financiación suficiente para mantener su actividad y atender al pago, al menos, de la deuda contraída con los proveedores locales.

-Por último, el equipo de gobierno tendrá que hacer el esfuerzo, en términos de negociación, para que las cuentas de 2012 se aprueben y se puedan elaborar los presupuestos de 2013. Y todo ello durante el primer trimestre.

Se pueden añadir más iniciativas, pero estas son, a nuestro juicio, las que por su relevancia demandan su implementación durante este próximo año. Invitamos a los lectores/as a que hagan también otras sugerencias.  

Huelga general 14N. En Castril también hay que protestar contra las políticas que perjudican a las clases populares.

Esta huelga general contra las políticas de austeridad, contra las políticas de recortes en el gasto público y en las prestaciones sociales, convocada en todo el Estado, no puede pasar desapercibida en nuestro pueblo. En Castril, cuya población mayoritariamente está en el umbral de la pobreza, también se están sufriendo las reducciones del gasto público.

Por un lado, han disminuido las transferencias y subvenciones de organismos e instituciones del Estado, tanto al ayuntamiento como al Centro Saramago o al parque natural, resintiéndose la actividad económica en general como consecuencia de las mismas. Pero tampoco se han contado con las inversiones directas de las administraciones para obras largamente demandadas e, incluso, ya aprobadas. Así, ni la carretera de Cebas ha sido arreglada, ni la tubería de abastecimiento sustituida, ni se ha procedido a la construcción de las nuevas instalaciones escolares (esas que el anterior alcalde, acompañado de la impresentable delegada de Educación, dijo que estarían terminadas en el 2011 -claro que era campaña electoral, y ya se sabe de los políticos…-), ni el festival “Siete soles, Siete Lunas” ha podido estar presente un año más en el pueblo.

Se podría proseguir bastante más con el repertorio de actuaciones que quedan en el olvido consecuencia de las equívocas políticas de austeridad de los últimos tres años. Pero con todo, la capacidad adquisitiva de las familias castrileñas, se resiente enormemente ante la falta de expectativas de futuro de jóvenes y no tan jóvenes. No referimos al paro. En efecto, son muchas las familias azotadas por esta situación. Y las personas que se encuentran en activo, o que viven con unas cada vez más menguadas pensiones o subsidios,  tienen que hacerse cargo de la economía familiar.

Los trabajadores/as en activo también han visto disminuir sus salarios. Unos, los pertenecientes al sector público, por decisión directa del Gobierno y, en menor medida, de la Junta de Andalucía; y otros por efectos de las reformas laborales que al abaratar y facilitar el despido han presionado a la baja los salarios. Además, servicios públicos como la educación han encarecido sus precios (tasas de matrícula) y disminuido las becas (o dificultado su acceso). En el sector público como la sanidad, la educación o la dependencia, han disminuido las contrataciones, afectando a las familias del pueblo que tenían alguno de sus miembros trabajando en estos sectores, a la vez que a los trabajadores/as han reducido sus salarios.

¿Y todo esto por qué y para qué? Por unas erróneas políticas que tratan de superar la crisis manteniendo los enormes beneficios acumulados por un pequeño sector de financiero (bancos, aseguradoras, fondos de inversión) y grandes empresas. Y ese es el error. Porque la crisis se ha generado al concentrarse la riqueza en muy pocas manos y quedar estrangulada la actividad económica: no se puede consumir ni producir al ritmo adecuado si ese dinero ha quedado en manos de un 1% de la población que se dedica a la especulación en productos financieros, como comprar deuda, fondos de inversión, paraísos fiscales, etc. (o gasto suntuario: los artículos de lujo como viviendas y coches de de lujo, yates, joyería, etc. que siguen en aumento). Y así no hay salida de la crisis. Sin que el Estado recaude de ese pequeño sector de la población y sin una banca pública que facilite el crédito, a la vez que se deja sin pagar la deuda ilegítima, nos hundimos más en la recesión. Pero lejos de enfrentarse a ese sector financiero, a la banca, el poder político, la clase política, se ha puesto a su servicio. En realidad, mantienen intereses comunes, y las mismas personas indistintamente ejercen en un lugar u otro.

Por eso, la protesta contra esas políticas que empobrecen al pueblo están más que justificadas. Este día, el día 14N, no es sólo una jornada de huelga, de no acudir a los centros de trabajo, y de manifestarse en las calles de las grandes ciudades, es también huelga de consumo, de no realizar compras ni consumir más de lo básico. Por ello se ha hecho también el llamamiento para que se reduzca el consumo energético, para que en todas las casa se disminuya el gasto, especialmente desde las 10 horas a las 10:30 de la mañana (desconectando el automático en ese momento, que en media hora no se descongela lo que se tenga). Se trata de un aviso a las compañías del sector energético, otra de las grandes beneficiarias en estos últimos años por las políticas gubernamentales y cuyos directivos proceden de la misma clase política.

En fin, en Castril, como en otras partes, hay motivos sobrados para expresar la protesta. El día 16 informaremos de cuál fue la respuesta.