Los numerosos procesos judiciales abiertos por las numerosas irregularidades que rodean el proyecto de trasvase del río Castril y la sentencia del T. Supremo declarando nulo de pleno derecho el Real Decreto 1419/2005, que aprobaba las medidas de emergencia para combatir la sequía, no están sirviendo de impedimento para que la CHG prosiga con las obras del trasvase. Las fuerzas del GRS han sido llamadas para que custodien los trabajos de la empresa sin que los agricultores puedan acceder a sus fincas y hacer valer sus derechos. Hoy por tercer día consecutivo.
No lo olvidemos: Las obras fueron contratadas aplicando el artículo 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas por estar declaradas de urgencia según el decreto 1419/2005, decreto anulado por el Supremo. Las expropiaciones se están llevando a cabo con carácter de urgencia, por el art. 52.2 de la ley de Expropiaciones Forzosa, en virtud del decreto antes mencionado. Y además, las obras se están haciendo sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que correspondería de haberse realizado por la vía ordinaria.
Ante esta flagrante ilegalidad, ¿qué pueden hacer quienes proponen un proyecto diferente, más respetuoso ambientalmente, capaz de satisfacer los intereses en juego y económicamente más rentable? Los agricultores/as han pretendido seguir en sus tierras con el apoyo de los vecinos y vecinas. Pero la fuerza pública los ha expulsado e impide el acceso a ellas. Varios de ellos han recibido notificaciones en las que se les imponen multas de 3000 euros. ¡Una multa por estar en una finca con autorización del propietario! Dicen que están impidiendo los trabajos de la empresa. ¿Pero quién ha autorizado a la empresa para que invada esas tierras? ¿Por qué no puede permanecer ese agricultor/a con sus vecinos/as en ella? Es el subdelegado de Gobierno quien debiera de responder a esas preguntas.
Hoy, una agricultora de Cortes, ante tanto despropósito e impotencia, viendo cómo las máquinas invadían sus cultivos, ha sufrido una crisis nerviosa que ha requerido asistencia sanitaria. La propia Guardia Civil nos indicó, a última hora, que se encontraba más restablecida. Pero la tensión, los sollozos, las emociones contenidas, creaban una atmósfera asfixiante de dolor que impregnó a todas la personas presentes. Hasta los propios dirigentes provinciales de Izquierda Unida (IU), que vinieron a expresar su apoyo al pueblo de Cortes, se quedaron anímicamente impactados e impresionados de los acontecimientos vividos.
Hemos dicho que el Subdelegado de Gobierno debe responder numerosas preguntas. El miércoles hay concertada una entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente y se espera la presencia del Subdelegado. Se plantearán las numerosas irregularidades y falsedades contempladas en la Ficha Ambiental que la CHG elaboró y que sirvió para que Medio Ambiente considerase moderado el impacto ambiental de las obras. Se va a pedir, una vez más, la suspensión de las obras. Ya no vale decir que las competencias son del Gobierno, del ministerio de Medio Ambiente. La gestión ambiental depende de Junta de Andalucía, del delegado en la provincia de Granada. Y ante tantas falsedades y omisiones cometidos en la Ficha Ambiental, a él le compete paralizar las obras, investigar lo sucedido y depurar responsabilidades.
¿Quién ha dicho que las obras no discurren por el valle fluvial? ¿Quién y por qué ha omitido que el río es atravesado hasta en seis ocasiones? ¿Por qué se oculta que la tubería supera los 42 km.? ¿Qué organismo ha informado que las obras no atraviesan ninguna zona BIC? Unas obras ilegales y rodeadas de todas estas falsedades tienen que hacer recapacitar al delegado de Medio Ambiente. Y el Subdelegado de Gobierno debe saber que en una situación así, no puede enviar a la fuerza pública para que la empresa se abra paso a la fuerza por las tierras que legítimamente defienden los agricultores/as.
Entre los afectados se empieza a hablar de prevaricación. ¿Quién puede estar incurriendo en ese posible delito?
