La Diputación de Granada anuncia que Castril tendrá un punto de información al consumidor.

La Diputación de Granada ha firmado un convenio de colaboración con varias asociaciones  de consumidores para atender los puntos de información que la Diputación tiene en la provincia. Se trataría de que cualquier ciudadano que tenga un problema o haya sufrido algún tipo de abuso en materia económica pueda recibir asesoramiento y apoyo desde estos puntos de información. Para ello, serán los técnicos de las asociaciones quienes directamente atenderán las denuncias o reclamaciones que se presenten.

El convenio encomienda a las asociaciones Adicae, Al-Ándalus, Facua, Euroconsumo y UCA-UCE las actuaciones pertinentes de información y asesoramiento en materia de consumo a todas las personas que acudan a los puntos de información al consumidor; gestión personalizada de consulta, quejas, reclamaciones y denuncias; actuaciones de mediación para la resolución de conflictos entre consumidores y usuarios; divulgación y fomento del Sistema Arbitral de Consumo y, en su caso, elevación a instancia de las partes interesadas de solicitud de arbitraje a la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación.

Además, están encargadas de facilitar documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo en materias como telefonía, seguros, vivienda o textiles, así como de colaborar en la difusión de las campañas informativas de la Junta Arbitral de Consumo en la provincia.

Aún no sabemos los días de apertura de este punto de información en Castril. Pero, sin duda, se trata de una buena noticia y una oportunidad para formalizar multitud de reclamaciones y quejas que tenemos en Castril, empezando por la gestión y calidad del abastecimiento de agua (tubería de fibrocemento que contiene amianto –sustancia cancerígena-, roturas constantes e interrupción del servicio, etc.), continuando por la caótica situación del cableado eléctrico, el estado de la carretera de Cebas desde el pantano, o los múltiples problemas que a cada vecino/a, en tanto que consumidor/a y usuario/a de servicios, padece a nivel individual.

Abierto el plazo para el curso de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio hasta el 30 de julio

El lunes 14 de julio se abrió el plazo de inscripción para el segundo itinerario formativo del proyecto Granada Empleo II, que desarrollan la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar y la Diputación de Granada. En este caso se trata de la referida a "Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio”. El plazo de inscripción en el curso será del 14 al 30 de julio, ambos inclusive. Las inscripciones podrán realizarse en la sede de la Mancomunidad, en la calle Ángel nº 15 de Huéscar y en los seis ayuntamientos de la comarca en horario de 10.00 a 14.00 horas. A la solicitud se debe adjuntar copias de la tarjeta de demanda de empleo, certificado de periodos de inscripción en el SAE, DNI, fe de vida laboral actualizada, titulación o formación relacionada con la materia del curso, así como los contratos de trabajo relacionados con la temática. También, en caso de disponer del mismo, el currículum vitae, así como el documento acreditativo del lugar de residencia. Para cualquier duda pueden dirigirse al teléfono 958 74 14 97.

La Diputación pretende reducir los servicios sociales comunitarios, prescindiendo, entre otras, de la trabajadora social de Castril. El futuro de la gestión de residuos también está en el aire.

La concejal de IU nos ha enviado la relación de puestos de trabajo que los servicios comunitarios de la Diputación de Granada pretenden eliminar. Entre ellos se encuentra la trabajadora social de Castril. Un puesto de trabajo que podría perderse y una persona más que sufriría las consecuencias de quedarse sin empleo. Y Castril sin un servicio tan necesario como el que está persona está prestando y que así pueden atestiguar los usuarios/as del mismo.

El personal afectado en la provincia ha anunciado movilizaciones y los sindicatos ofrecido su apoyo. Asimismo, los partidos de la oposición al gobierno de la Diputación, en manos del PP, han expresado su disconformidad con esta medida. Esperemos que como resultado de todo ello, finalmente, no se lleven a cabo estos despidos y la trabajadora de Castril pueda seguir desempeñando sus funciones como hasta ahora. Por el bien del pueblo (y de ella).

Pero las malas noticias no se quedan sólo en esa. También la Diputación está decidida a terminar con Resur, el consorcio provincial que gestionaba hasta ahora la recogida de residuos sólidos urbanos. La Diputación alega la situación insostenible del consorcio por las cuantiosas deudas que los ayuntamientos tienen con ella contraídas. Achaca la Diputación, además, que son mayoritariamente ayuntamientos gobernados por el PSOE los que tienen las deudas. Claro que no dice que los dos principales deudores son Granada y Motril, gobernados por el PP. Pero en cualquier caso, la alternativa pasaría por exigir (y pueden ser varias las fórmulas para hacerlo) que se pusieran al corriente de sus pagos en un plazo razonable y no desmantelar el consorcio. El caso es que la Diputación asumirá el control de la gestión. ¿Y después qué?. Ese es el interrogante cuya respuesta tememos, que no es más ni menos que pretendan privatizar el servicio otorgándoselo a alguna empresa amiga. A partir de ahí, la recogida de basuras se convertiría en un negocio, y todos los usuarios, entre ellos los vecinos y vecinas de Castril, tendríamos que pagar lo que la empresa considerara necesario para conseguir los beneficios esperados. Si esto sucede, nuestras maltrechas economías volverán a sufrir un bocado más, haciendo aún más insoportable la difícil situación que ya tienen las familias de Castril. Además, como es prácticamente inevitable, las contrataciones funcionarán con criterios empresariales por los foráneos encargados que la empresa tenga.

El ayuntamiento de Castril no apoyó el desmantelamiento, pero tampoco votó en contra. Se abstuvo, al igual que otros ayuntamientos gobernados por grupos independientes. Eso fue una actitud timorata, de no querer oponerse ni enemistarse con nadie. Pero eso no es defender los intereses de los vecinos y vecinas, que deben estar por encima de tirios y troyanos, gobiernos y oposiciones. Tenía claramente que haber apostado por su continuidad, asegurando e incluso mejorando el servicio que hasta ahora prestaba. 

La Junta de Andalucía ha pagado a la Diputación esta semana 7,1 millones de euros para Dependencia, pero las trabajadoras de Castril siguen sin cobrar desde julio.

  

Según informan los medios de la provincia, la Junta ha actualizado sus débitos con la Diputación para la ayuda a domicilio; es decir, que está al día en los pagos. Si es así, este dinero, que tiene como destino la asistencia a domicilio en municipios de 20.000 habitantes, debería haber permitido que las trabajadoras de Castril hubiesen podido cobrar lo que se les adeuda. Pero según nos informan, no ha sido así y desde julio no han ingresado nada.

Si la Diputación posee ya ese dinero, ¿a qué está esperando? La concejal de Servicios Sociales, Alicia López (IU), sostiene que a ella le comunicaron que en la primera quincena de octubre se haría llegar el dinero pendiente (algo más de 60.000), suficiente para cubrir las nóminas hasta fin de año. Ante esta realidad, cruda porque de familias hablamos y para ellas estos ingresos son necesarios (en algunos casos los únicos disponibles para cubrir las necesidades básicas), el equipo de gobierno debe pedir explicaciones en la Diputación sobre los motivos del retraso y presionar de modo que se haga efectivo en los próximos días.