La Diputación pretende reducir los servicios sociales comunitarios, prescindiendo, entre otras, de la trabajadora social de Castril. El futuro de la gestión de residuos también está en el aire.

La concejal de IU nos ha enviado la relación de puestos de trabajo que los servicios comunitarios de la Diputación de Granada pretenden eliminar. Entre ellos se encuentra la trabajadora social de Castril. Un puesto de trabajo que podría perderse y una persona más que sufriría las consecuencias de quedarse sin empleo. Y Castril sin un servicio tan necesario como el que está persona está prestando y que así pueden atestiguar los usuarios/as del mismo.

El personal afectado en la provincia ha anunciado movilizaciones y los sindicatos ofrecido su apoyo. Asimismo, los partidos de la oposición al gobierno de la Diputación, en manos del PP, han expresado su disconformidad con esta medida. Esperemos que como resultado de todo ello, finalmente, no se lleven a cabo estos despidos y la trabajadora de Castril pueda seguir desempeñando sus funciones como hasta ahora. Por el bien del pueblo (y de ella).

Pero las malas noticias no se quedan sólo en esa. También la Diputación está decidida a terminar con Resur, el consorcio provincial que gestionaba hasta ahora la recogida de residuos sólidos urbanos. La Diputación alega la situación insostenible del consorcio por las cuantiosas deudas que los ayuntamientos tienen con ella contraídas. Achaca la Diputación, además, que son mayoritariamente ayuntamientos gobernados por el PSOE los que tienen las deudas. Claro que no dice que los dos principales deudores son Granada y Motril, gobernados por el PP. Pero en cualquier caso, la alternativa pasaría por exigir (y pueden ser varias las fórmulas para hacerlo) que se pusieran al corriente de sus pagos en un plazo razonable y no desmantelar el consorcio. El caso es que la Diputación asumirá el control de la gestión. ¿Y después qué?. Ese es el interrogante cuya respuesta tememos, que no es más ni menos que pretendan privatizar el servicio otorgándoselo a alguna empresa amiga. A partir de ahí, la recogida de basuras se convertiría en un negocio, y todos los usuarios, entre ellos los vecinos y vecinas de Castril, tendríamos que pagar lo que la empresa considerara necesario para conseguir los beneficios esperados. Si esto sucede, nuestras maltrechas economías volverán a sufrir un bocado más, haciendo aún más insoportable la difícil situación que ya tienen las familias de Castril. Además, como es prácticamente inevitable, las contrataciones funcionarán con criterios empresariales por los foráneos encargados que la empresa tenga.

El ayuntamiento de Castril no apoyó el desmantelamiento, pero tampoco votó en contra. Se abstuvo, al igual que otros ayuntamientos gobernados por grupos independientes. Eso fue una actitud timorata, de no querer oponerse ni enemistarse con nadie. Pero eso no es defender los intereses de los vecinos y vecinas, que deben estar por encima de tirios y troyanos, gobiernos y oposiciones. Tenía claramente que haber apostado por su continuidad, asegurando e incluso mejorando el servicio que hasta ahora prestaba.