La fiscalía ve indicios de apariencia delictiva en el proceso seguido con el trasvase del río Castril.

Con fecha de 9 de junio de 2.008, la fiscalía de Granada archivó las diligencias abiertas a instancias de Ecologistas en Acción al entender que no se apreciaban indicios de delito según lo denunciado en aquellos entonces. En el decreto de la fiscalía se sostenía que las obras habían sido declaradas de emergencia acogiéndose al RD 1419/2005 por las que el Gobierno adoptaba diferentes medidas administrativas para paliar la sequía, con lo que contaban con habilitación legal para su aplicación con las consecuencias que de ello se derivan (aplicación del art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, ausencia de proyecto técnico, art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, etc.). Pero posteriormente a esa fecha, 1-3-2010, el Tribunal Supremo decretó nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. Desde ese instante, las obras del trasvase dejan de tener cobertura legal. Esa es la única conclusión posible a tenor del decreto de la fiscalía.

Pero además, nuevas irregularidades, tanto falsedades como omisiones, han aparecido durante la tramitación y ejecución del proyectado trasvase. Las obras que realmente se están ejecutando no se corresponden con los informes de la CHG. En ningún documento público decían que el río sería atravesado por la tubería en diferentes ocasiones, el diámetro real no se corresponde con el que aparece en los informes; además, afirmaban que las obras discurrirían fuera del valle fluvial. Asimismo negaban afecciones sobre la vegetación de ribera y omitían que el río Castril es Zona Piscícola Declarada así como que parte de las obras atravesarían el Conjunto Histórico de Castril, una de las figuras Bien de Interés Cultural. Nadie, ninguna parte interesada y afectada pudo alegar nada contra ello. Tampoco esa información pudo contemplarse por la secretaría de Cambio Climático para decidir si procedía el Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, las obras que se están ejecutando son unas obras diferentes a las proyectadas. Incluso se han modificado los destinatarios finales del trasvase de agua.

Denunciada nuevamente esta situación por Ecologistas en Acción ante la fiscalía del Estado, esta ha remitido el expediente a la fiscalía de Granada, quien ha considerado que de las denuncias presentadas pueden deducirse hechos de apariencia delictiva. Por ello, la fiscalía de Granada, las ha remitido y pedido la apertura de diligencias al juzgado de Huéscar, donde se encontraba una causa abierta por motivos similares -ampliada en otros aspectos-, en denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Así, la investigación judicial sobre la CHG, Ministerio, delegación provincial de Medio Ambiente, ayuntamientos y SOGEOSA (empresa adjudicataria de las obras), y en la que los denunciantes exigirán responsabilidades penales, va estrechándose.

Desde la representación andaluza y provincial del Gobierno, se sigue una fuga hacia adelante persiguiendo acabar las obras cuanto antes. Dan cobertura policial a las obras e intimidan a la población con multas administrativas y denuncias por unas inexistentes coacciones hacia la empresa. En un alarmante delirio imaginativo recrean reuniones conspirativas en las que determinadas personas deciden actuaciones, mayoritaria y disciplinadamente seguidas por la población de Cortes (¡Hay que ver cómo hay personas que tienen el don de la ubicuidad y que gozan, además, de una sorprendente capacidad de movilización!). Pero aquí, la única legalidad posible es la de unos agricultores/as que tienen el derecho a trabajar en sus tierras, acudir a ellas acompañadas si lo desean sin que una empresa ilegalmente contratada se apropie de ellas y, además, pueda impedírselo la fuerza pública enviada por el Subdelegado de Gobierno.

La noticia de la fiscalía debiera hacer reconsiderar a los organismos e instituciones implicados. A mayor gravedad del daño, medioambiental, social y contra el derecho, mayor será también la responsabilidad. Aún están a tiempo de la paralización definitiva, retirar los tubos, restituir el daño y negociar sobre la base del proyecto alternativo, como tantas veces se le ha demandado.