La suspensión cautelar del decreto de la alcaldía de Cortes, que paralizaba las obras del trasvase, no quiere decir que estas no sean ilegales.

La suspensión cautelar del decreto de la alcaldía de Cortes que paralizaba las obras del trasvase era una posibilidad que estaba abierta. El ministerio de Medio Ambiente lo había solicitado en el contencioso interpuesto al decreto de paralización. Sinceramente, creíamos que no se llevaría a cabo dicha medida, pues no veíamos ninguna razón que lo pudiera justificar. Sin embargo, la titular del juzgado de lo contencioso administrativo no debe haberlo entendido así. No sabemos por ahora en qué se basa, pero nos sorprendería que pudiera hacerlo en supuestos daños a terceros en el caso de mantenerse en vigor el decreto de paralización. Estos aspectos los analizaremos en cuanto tengamos el auto de suspensión de la juez.

Dicho lo anterior, y entrando en lo esencial, las obras son ilegales. Son ilegales porque el decreto que amparaba su ejecución con carácter de emergencia, el decreto 1419/2005, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Por tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tiene más alternativa, en cumplimiento de la ley, que la suspensión definitiva de las obras y que la empresa adjudicataria empiece la retirada de los tubos. El ayuntamiento de Cortes puede y debe advertir a la empresa de la situación de ilegalidad en que se encuentra y que presente el proyecto y solicite los permiso oportunos, como cualquier otra empresa, si quiere hacer obras en su término municipal.

Otras medidas dilatorias por parte de la CHG y las administraciones implicadas no podrán evitar el cumplimiento final de la ley y lo que sí conseguirán es que aumenten los costes económicos y las daños ambientales. Esperemos que no tarde en imponerse la sensatez.