La fiscalía ve indicios de apariencia delictiva en el proceso seguido con el trasvase del río Castril.

Con fecha de 9 de junio de 2.008, la fiscalía de Granada archivó las diligencias abiertas a instancias de Ecologistas en Acción al entender que no se apreciaban indicios de delito según lo denunciado en aquellos entonces. En el decreto de la fiscalía se sostenía que las obras habían sido declaradas de emergencia acogiéndose al RD 1419/2005 por las que el Gobierno adoptaba diferentes medidas administrativas para paliar la sequía, con lo que contaban con habilitación legal para su aplicación con las consecuencias que de ello se derivan (aplicación del art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, ausencia de proyecto técnico, art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, etc.). Pero posteriormente a esa fecha, 1-3-2010, el Tribunal Supremo decretó nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. Desde ese instante, las obras del trasvase dejan de tener cobertura legal. Esa es la única conclusión posible a tenor del decreto de la fiscalía.

Pero además, nuevas irregularidades, tanto falsedades como omisiones, han aparecido durante la tramitación y ejecución del proyectado trasvase. Las obras que realmente se están ejecutando no se corresponden con los informes de la CHG. En ningún documento público decían que el río sería atravesado por la tubería en diferentes ocasiones, el diámetro real no se corresponde con el que aparece en los informes; además, afirmaban que las obras discurrirían fuera del valle fluvial. Asimismo negaban afecciones sobre la vegetación de ribera y omitían que el río Castril es Zona Piscícola Declarada así como que parte de las obras atravesarían el Conjunto Histórico de Castril, una de las figuras Bien de Interés Cultural. Nadie, ninguna parte interesada y afectada pudo alegar nada contra ello. Tampoco esa información pudo contemplarse por la secretaría de Cambio Climático para decidir si procedía el Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, las obras que se están ejecutando son unas obras diferentes a las proyectadas. Incluso se han modificado los destinatarios finales del trasvase de agua.

Denunciada nuevamente esta situación por Ecologistas en Acción ante la fiscalía del Estado, esta ha remitido el expediente a la fiscalía de Granada, quien ha considerado que de las denuncias presentadas pueden deducirse hechos de apariencia delictiva. Por ello, la fiscalía de Granada, las ha remitido y pedido la apertura de diligencias al juzgado de Huéscar, donde se encontraba una causa abierta por motivos similares -ampliada en otros aspectos-, en denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Así, la investigación judicial sobre la CHG, Ministerio, delegación provincial de Medio Ambiente, ayuntamientos y SOGEOSA (empresa adjudicataria de las obras), y en la que los denunciantes exigirán responsabilidades penales, va estrechándose.

Desde la representación andaluza y provincial del Gobierno, se sigue una fuga hacia adelante persiguiendo acabar las obras cuanto antes. Dan cobertura policial a las obras e intimidan a la población con multas administrativas y denuncias por unas inexistentes coacciones hacia la empresa. En un alarmante delirio imaginativo recrean reuniones conspirativas en las que determinadas personas deciden actuaciones, mayoritaria y disciplinadamente seguidas por la población de Cortes (¡Hay que ver cómo hay personas que tienen el don de la ubicuidad y que gozan, además, de una sorprendente capacidad de movilización!). Pero aquí, la única legalidad posible es la de unos agricultores/as que tienen el derecho a trabajar en sus tierras, acudir a ellas acompañadas si lo desean sin que una empresa ilegalmente contratada se apropie de ellas y, además, pueda impedírselo la fuerza pública enviada por el Subdelegado de Gobierno.

La noticia de la fiscalía debiera hacer reconsiderar a los organismos e instituciones implicados. A mayor gravedad del daño, medioambiental, social y contra el derecho, mayor será también la responsabilidad. Aún están a tiempo de la paralización definitiva, retirar los tubos, restituir el daño y negociar sobre la base del proyecto alternativo, como tantas veces se le ha demandado.

Los partidos políticos preparan candidaturas para las municipales. Los rumores señalan nuevas candidaturas electorales en Castril.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre quiénes encabezarán las candidaturas de los diferentes partidos políticos para las elecciones municipales a celebrar en mayo, coincidiendo también con las autonómicas. Por lo que sabemos, PSOE y PP ya tienen decidida la persona que opte a la alcaldía. En cuanto a los demás grupos con representación en el ayuntamiento, no sabemos con seguridad si presentarán candidaturas. De algunos se rumorea que se integrarán o presentarán en una candidatura de UPyD. Asimismo, parece que IU-CA-LV irrumpirá como fuerza política en esta cita electoral. Otros están aún sopesando la conveniencia de estar presentes en ella.

No vamos a adelantarnos a lo que oficialmente no se nos ha comunicado. Pero sí vamos a hacer una oferta a todas las candidaturas que van a postularse para regir los destinos del consistorio en los próximos 4 años. Les proponemos que nos envíen información sobre el candidato a la alcaldía -y otros miembros de la candidatura si lo consideran oportuno-, así como un breve avance de lo que podría ser su programa electoral. En él, al menos, rogaríamos que incluyeran el pronunciamiento sobre temas que están actualmente en el debate político local, a saber: trasvase del río a Baza, nuevos regadíos, regadíos tradicionales, central hidroeléctrica, urbanismo, agua para abastecimiento, carreteras y caminos, castillo roquero, contrataciones municipales, información y participación ciudadana, etc. También, como es obvio, pueden incluir el pronunciamiento sobre otros temas como medidas necesarias a acometer a corto plazo. Lo publicaríamos tal como nos lo enviasen siempre y cuando no superasen una cara y media en A-5 y tamaño 12 de letra. Por supuesto tienen que estar cortésmente redactados, sin descalificaciones, insultos o referencias personales. Los envíos pueden hacerse a la dirección de correo plataformariocastril@hotmail.com o entregarse a alguno de los miembros de la Plataforma. No obstante, si pasado un tiempo no nos llega dicha información, los administradores del blog trataremos de recabarla personalmente así como el permiso para hacerla pública.

Ingeniería jurídica para justificar lo inevitable: EL trasvase del río Castril carece de cobertura legal.

La fiscalía de Granada justificó el archivo de las diligencias abiertas a instancia de Ecologistas en Acción, entre otras, al hecho de que las obras del trasvase estaban declaradas de emergencia por el decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía aprobado por el Gobierno. Como es sabido dicho decreto es nulo de pleno derecho por sentencia del Supremo publicada el 1-3-2010. Como nuevamente la asociación Ecologistas en Acción ha recurrido ante la fiscalía, en este caso ante la del Estado, advirtiendo de nuevos errores y falsedades en la información ambiental del proyecto que se presentó para su aprobación por la secretaría de Cambio Climático, diferente del que realmente están y pretenden continuar ejecutando, esta fiscalía ha decidido remitir el expediente a la de Granada. A su vez, la fiscalía de Granada, sabiendo de un proceso abierto en el juzgado de Huéscar a instancias de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, ha decidido acumular todas las actuaciones en dicho juzgado.

De ello, con el expediente de la fiscalía de Granada, no cabría esperar más que el reconocimiento de que las obras del trasvase se están realizando fuera de la ley. Pero sin duda, la maquinaria estatal posee los suficientes recursos para tratar de ganar tiempo yendo hacia una política de hechos consumados. De esta manera, frente a lo hasta ahora sostenido, las administraciones han puesto en marcha una nueva maniobra dilatoria: se trata de justificar la emergencia y aprobación de las obras en base a una orden ministerial; orden que según pretenden no se amparaba en el decreto 1419/2005 anulado por el Supremo sino en una prórroga del mismo, y que dicha prórroga no se vería afectada por la anulación del anterior decreto. Pero lo que olvidan u omiten es que fue el decreto 1419/2005, un decreto que jurídicamente ha dejado de existir, el que facultó al ministerio para decretar las obras de emergencia y que se aplicara el art. 72 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas que puso en marcha todo el procedimiento de aprobación de las obras. No obstante, ante esa imputación de responsabilidad en una orden ministerial, suficiente por sí misma para declarar las obras de emergencia según la abogacía del estado y responsables de otras administraciones, lo siguiente que tenemos que advertir, es que dicha orden ministerial parece ser una orden clandestina, pues no aparece publicada en el BOE. Es difícil que alguien pudiera haber recurrido dicha orden cuando nunca se publicó. Si esa es la cobertura legal que pretenden dar al proyecto y las obras del trasvase, a las expropiaciones y a todas las irregularidades cometidas en su tramitación, entonces, decir que vivimos en un Estado de derecho, es una pura entelequia.

La sequía ha desaparecido y los decretos que tomaban medidas excepcionales para combatirla han dejado de tener vigencia. El decreto 1419/2005 que daba cobertura a las medidas administrativas para combatir la sequía es nulo de pleno derecho; y lo que no ha existido no se puede prorrogar (“Si nada había, nada hay; porque de la nada, nada puede surgir”, desde Parménides asumimos estos principios racionales). La orden ministerial que recogiendo lo acordado en el Consejo de Ministros pudiera facultar la emergencia y la aprobación de las obras del trasvase, no ha sido publicada oficialmente. ¿Qué pretende el ministerio con estas renovadas argumentaciones y contraargumentaciones? Dilatar en el tiempo cualquier decisión judicial y, mientras, proseguir con las obras. De esta forma, atraviesan el valle fluvial y el río sin presentar proyecto ni estudio de impacto ambiental que lo avale. Bajo cuerda, tras el mismo anuncio de SOGEOSA (empresa ajudicataria de las obras) publicado en el BOP y en los tablones municipales, abriendo un plazo para presentar alegaciones a los cruces en el río, cuelan las obras para la captación de aguas en el azud de la cerrada e invaden la zona BIC, el conjunto histórico-artístico de Castril. Todo ello realizado por una empresa en cuyo contrato se dice que ha sido efectuado al amparo de un decreto, el 1419/2005, que fue anulado por el Supremo.

Otros recursos también se encuentran en sede judicial. Pero la acción no se detiene ahí. Hasta que se restablezca el derecho y se haga justicia, se pidan las responsabilidades administrativas y penales, la Plataforma proseguirá sus actuaciones y en los próximos días tomará nuevas medidas.

Se aproxima el invierno y las carreteras de acceso a Castril siguen en un lamentable estado tercermundista. Ni Junta ni CHG asumen sus compromisos.

La carretera de La Junta que une Castril con Pozo Alcón y que es vía de acceso a la provincia de Jaén y también hacia Granada, por estrecha y sinuosa dejó prácticamente de utilizarse cuando a finales de los 90 la CHG construyó el camino de servicio con motivo de las obras del pantano el Portillo sobre el río Castril. A partir de ese instante se utilizó esta carretera que llegaba hasta la aldea de Campo Cebas, conectando desde ahí con la A-326 hasta la localidad de Pozo Alcón. Era mucho más ancha, directa y evitaba los kms. más peligrosos de ascenso hasta Campo Cebas por la A-326, la carretera de la Junta. Además de acceso a la provincia de Jaén, se convirtió en la ruta más utilizada para llegar a Granada. Sin embargo, con una pasmosa dejación de responsabilidades por parte de la CHG, esta vía de servicio fue paulatinamente deteriorándose hasta cerrarse definitivamente para el tráfico rodado hace ahora un año. Como consecuencia, el tráfico ha tenido que recuperar esos peligrosos kms. de ascenso hacia Campo Cebas por la antigua carretera dependiente de la Junta de Andalucía.

Son especialmente peligrosos porque a las numerosas curvas sin visibilidad, falta de señalización en el asfalto y estado del mismo, se une una estrechez como no recordamos en alguna carretera andaluza. Conduciendo con prudencia, dos turismos podrán cruzarse no sin cierto riesgo. Pero si el cruce se produce con un autocar o camión, y no se olvide la frecuencia de los camiones que acuden a las canteras, el peligro es enorme. Tanto es así, que incluso sin inclemencias metereológicas, se han producido numerosos accidentes. El último, el sufrido por el autobús de línea con Granada hace unas semanas.

La CHG lleva tiempo diciendo que tiene aprobado el arreglo del camino de servicio que de ella depende. Pero esto empieza a parecer como la “realidad de los nuevos regadíos”. El tiempo pasa, los accidentes se producen y, algunos, con heridos. Mientras, el alcalde alaba el esfuerzo de las administraciones en la mejora de las infraestructuras en su álbum-programa de fiestas.

¿Se puede referir con la mejora de las infraestructuras a las otras carreteras que salen de Castril? La que une Castril con Huéscar, acceso para otros pueblos de la comarca y el levante, y que permite conectar, poco antes de Fátima, con la carretera que comunica con otros anejos de Castril (las Almontaras, Fuentevera, etc.) hasta alcanzar la carretera Cortes de Baza-Benamurel-Baza, desde donde ya se puede acceder a la A-92, tiene tramos estrechos y sinuosos objeto también de accidentes. En la carretetera con dirección hacia la de Cortes-Benamurel-Baza, se arregló hace años el tramo hasta sobrepasar el cruce de los Laneros, pero con una travesía por las Almontaras planteada como si de un desprecio a la población se tratara (¿dónde está la prometida rotonda?). Pero más allá del cruce con lo Laneros, hasta llegar a la carretera de Cortes-Baza, hay kms. olvidados por la Junta desde que esta existe. Los coches pueden circular a pesar de ser estrecha y de visibilidad escasa en muchas curvas. Pero el asfalto está en tan mal estado, con tal cúmulo de baches, badenes e irregularidades, que todavía tenemos mejor recuerdo de aquella carretera que aún en los 60 estaba sin asfaltar. Quien necesariamente tiene que repetir esta ruta, acaba visitando el taller mecánico antes de tiempo. En general, hasta llegar a Baza, estamos hablando de carreteras tercemundistas.

No olvidemos que la carreteras de salida de Castril comunican con centros comarcales de los que se depende para servicios básicos y necesarios: hospitales, institutos, juzgados, registros de propiedad, mercados, comercios, notarías, etc. Son carreteras que permiten también la comunicación con la capital o con otras provincias con fuertes vinculaciones migratorias. En algunos casos, como la de Baza-Cortes, se viene prometiendo, al menos desde 2007, su inminente arreglo y mejora.

Dado este lamentable estado de las carreteras, ¿a qué se refiere el alcalde con el esfuerzo de las administraciones en “financiar y ejecutar obras e iniciativas que han sido y serán fundamentales para la mejora de nuestras infraestructuras”? Porque si revisamos lo que nos queda, los caminos de acceso al río (por encima del pantano y por la dehesa), cementerio de Castril, cortijos de Castril y anejos, etc. las mejoras han sido excepcionales. Y además, con un problema añadido: su no generalización provoca agravios comparativos, generando un comprensible malestar entre los vecinos y vecinas que no se consideran agraciados, que son mayoría.

Las infraestructuras, las carreteras como redes de comunicación comarcal, serán uno de los retos que tendrá que afrontar y exigir a las administraciones el próximo ayuntamiento que salga de las urnas. Eso esperamos.

La Administración se justifica en sus propios errores para no aprobar el proyecto de nuevos regadíos en Castril.

El uso electoral y arrojadizo de los nuevos regadíos lleva gravitando sobre la población de Castril desde hace muchos años. Responsables públicos del PSOE y el alcalde han venido vendiendo la aprobación del proyecto como una conquista social en la que se habían involucrado. Pero no eran más que mentiras. A menudo habían aludido a la tardanza en su definitiva aprobación a los obstáculos interpuestos por las asociaciones que defienden el medio ambiente. Decían que eran las alegaciones sobre las posibles afecciones ambientales presentadas por estas asociaciones las responsables de que no se aprobaran. Finalmente, cuando el pueblo se estaba movilizando para protestar por el trasvase de aguas del río a la localidad de Baza, anunciaron que los nuevos regadío eran una realidad.

Sin embargo, mucha gente en el pueblo ya era consciente de que los nuevos regadíos estaban siendo utilizados para pescar votos y desmovilizar a la población que, con inquietud, veía cómo otra vez peligraba la vida del río del río Castril con el proyectado trasvase. La condición puesta para obtención de los nuevos regadíos, como bien se encargaban de repetir una y otra vez desde el círculo próximo al alcalde, era que se aceptara el trasvase. Pero eso era justamente lo que levantaba las voces de alarma. Esa era la jugada que desde la Plataforma se intuyó desde un principio y de la que se trató de alertar a personas beneficiarias de los nuevos regadíos: estos regadíos serían imposibles en la práctica con el trasvase; pero además, se advertía, una vez las obras estuvieran finalizándose en el término de Castril, acabarían denegando cualquier concesión. Entre tanto, utilizando hábilmente el tema, es decir, dosificando los anuncios de su inminente aprobación, tratarían de desmovilizar a la población a la vez que se garantizaban el apoyo político y un buen puñado de votos entre los beneficiarios de esos nuevos regadíos. Pero para los miembros de la Plataforma lo que que no se veía era una decidida apuesta y voluntad real de incrementar las hectáreas de regadío en Castril.

Llegando a extremos impropios de un estado de derecho, el alcalde había acusado a diferentes personas y asociaciones de los retrasos en la puesta en marcha de esos regadíos. La acusación se basaba en el hecho de que se había utilizado lo que la ley contempla: la posibilidad de plantear alegaciones acerca de previsibles impactos sobre el medio ambiente. Es decir, lo que con tanto esfuerzo se consiguió en las últimas décadas: la normativa de protección ambiental y el ejercicio del derecho a presentar alegaciones a cualquier proyecto sometido a información pública. Esto lo presentaba el alcalde como una conspiración malévola que atentaba contra los planes de los nuevos regadíos. Como es sabido, las alegaciones a cualquier proyecto tienen como fin que se cumpla la legislación; algo que nunca debiera escandalizar a los que quieren ser respetuosos con ella, y menos si además pertenecen o están de acuerdo con el partido gobernante, el partido que propone y aprueba esas leyes. Pero como hemos dicho, todo ello no era más que una estrategia que desviaba responsabilidades, conseguía apoyos y preparaba el terreno para cuando surgiera lo que finalmente ha sucedido: se deniega la concesión.

Algunas personas habíamos creído que finalmente y a pesar de las mentiras y el retraso, la administración cedería ante los agricultores y promotores de la comunidad de nuevos regadíos por los compromisos públicos que habían ido contrayendo en los últimos años. Incluso se operaron los cambios normativos que podían posibilitar la aprobación de estos regadíos. Pero no ha sido así. Aduce la Agencia Andaluza del Agua que los defectos en la tramitación del expediente conlleva la nulidad del proyecto. ¿Acaso desconoce la administración cómo se tramitan estos proyectos? ¿O es que se han ido permitiendo esos defectos, especialmente los referidos a exposición pública y consulta de los mismos, para después proceder a declarar nulo todo el proceso? ¿No esconde esto una falta de voluntad real de querer poner en marcha estos regadíos? Atrás quedaron las mentiras. “Los nuevos regadíos son ya una realidad” decía el alcalde hasta hace unos días. La última vez en el álbum de fotos que sirvió de programa de las fiestas. Seguramente volverá el alcalde a culpabilizar a los ecologistas, a sus oponentes políticos, a los defensores del río. Pero lo que no hará será reconocer sus mentiras y el uso electoral que de ellas ha hecho. Nunca reconocerá la falta de voluntad real por la administración ni cómo se ha utilizado el tema para tratar de desmovilizar al pueblo de Castril en su lucha contra el trasvase. Se acabó el tiempo. Finalizadas (o casi) la obras en Castril, lo que el pueblo opina ya no es ni será necesario; la decisión final sobre el trasvase se decidirá en los tribunales de justicia. Por tanto, la Administración, con las manos libres, ha dejado de marear la perdiz: por ahora, no habrá nuevos regadíos.

La comunidad de nuevos regadíos dispone de un mes para recurrir la resolución, pero si como es previsible, esta se hiciera firme, tendría que volver a iniciar el proceso. Ha sido mucho el esfuerzo dedicado para poner en marcha los nuevos regadíos. Por ello, no debiera darse marcha atrás. Pero algo sí debe quedar claro: no se puede dar crédito a los cantos de sirena ni dejarse seducir por el ayuntamiento o los responsables públicos de las administraciones. La Agencia Andaluza del Agua sabe cómo se tramitan los proyectos, los períodos de exposición y consulta, las medidas correctoras que debe incluir para prevenir impactos ambientales, etc. Es decir, lo que no han hecho hasta ahora. La comunidad de nuevos regadíos debe ser consciente de que las aguas del río Castril tienen que quedarse en la cuenca, para los regadíos de Castril y Cortes, para los tradicionales y las nuevas hectáreas de riego que se implanten. Los riegos en la cuenca contribuyen positivamente al mantenimiento del ecosistema de la cuenca y del ecosistema fluvial en un proceso de retroalimentación. El proyecto de nuevos regadíos puede ser viable y positivo, pero siempre que las aguas del Castril no sean trasvasadas a otras comarcas y cuencas. Por tanto, deben que saber con quién tienen que unir sus esfuerzos. Serán bien recibidos.

Nuevas concesiones de los acuíferos de Baza para regadíos. A la par, siguen demandando el trasvase del río Castril porque dicen que les falta agua.

Ecologistas en Acción envía un comunicado que reproducimos más adelante. En él comentan la aprobación por la Agencia Andaluzxa del Agua de medio millón de m3 anuales (suficiente para un consumo de 8.000 personas) para regadíos procedentes del acuífero Sierra de Baza, el principal aporte con que cuenta la localidad de Baza para su abastecimiento. Ello es una muestra más de la falsedad de los informes emitidos por la CHG advirtiendo de futuros problemas en el abastecimiento para la población bastetana contando con los actuales recursos disponibles, y que pretenden justificar la necesidad del trasvase del río Castril. En bastantes ocasiones han alegado la reducción de caudales de las fuentes de que se abastece y se riega en Baza. Pues esto nos muestra la prevaricadora política de la CHG en lo que a gestión de recursos hidráulicos se refiere. No pueden exigir el trasvase de aguas de un río, con la degradación ecológica que ello pueda suponer, sin ordenar y racionalizar la gestión de los propios recursos hídricos.

¿Qué pretenden?, ¿que se reduzcan los niveles piezométricos de manera que se vean afectados los caudales de las fuentes para justificar el trasvase del río Castril?, ¿el agua como negocio?, ¿especular con el agua? Cuando se encuentran en sede judicial numerosos recursos contra el trasvase, esta noticia puede volverse en contra de sus pretensiones. Y de sus intereses. De esos intereses que debieran responder personas ligadas al PSOE local, a los regadíos, a las empresas que especulan con terrenos, etc. De todo ello debieran responder personas como Manuel Quirante, Alcón García de la Serrana, P. Fernández, etc. (Más información en la entrada del 22-11-09)


El comunicado de Ecologistas en Acción

POR LO VISTO HAY TANTA AGUA EN BAZA QUE VAN A CONCEDER MEDIO MILLÓN DE METROS CÚBICOS ANUALES DEL ACUÍFERO PARA REGAR SECARRALES.

La Agencia Andaluza del Agua está preparada para autorizar una concesión de más de medio millón de metros cúbicos anuales (agua para abastecer un año a casi 8.000 personas) para el riego de 120 Hectáreas de secano.

Se trata del Cortijo Casablanca, en el término municipal de Guadix, que pretende sacar el agua del acuífero de Baza.

Ya vamos viendo el interés por llevar agua para beber a Baza (que parece que no tiene mucho problema de abastecimiento, a la vista de ésta y otras concesiones otorgadas en los últimos años). Se llevan el agua del Castril para beber y la que han usado siempre la dedican a sus regadíos, antiguos y, sobre todo, nuevos, mientras la gente en Cortes de Baza y en Castril se quedan mirando las palomicas.

Ecologistas en Acción ha alegado ante esta nueva concesión (que tiene el visto bueno ya de todas las administraciones) por inmoral e ilegal.

Es inmoral porque no se puede poner en riego secanos a costa del agua potable de una población, como es Baza.

Es ilegal porque suponen nuevos regadíos y estos no están contemplados en el Plan Nacional de Regadíos y además la Junta tiene el compromiso con la Unión Europea de no poner en riego ni una hectárea de más, fuera de lo ya programado.

Además existe una decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 16 de junio de 2008, en la que se acuerda la imposibilidad de otorgar ninguna nueva concesión de aguas en la cuenca hasta la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, aunque esta decisión se incumple sistemáticamente en la provincia de Granada.

Otorgar esta concesión del mismo acuífero de donde se nutre Baza, que está previsto que se tenga que abastecer mediante una conducción costosísima y una potabilización también más cara, en lugar de hacerlo del acuífero -donde por lo visto sobran medio millón de metros cúbicos- atenta contra los principios de economía y eficacia de la administración, al optar por solucionar el problema de abastecimiento a Baza con la opción económica y ambientalmente más cara, cuando son conocedores de la existencia de este recurso localizado y que no supone ningún coste adicional

Relevos en la delegación de Gobierno y el ministerio de Medio Ambiente. ¿Se acatará la sentencia del Supremo paralizando el trasvase del río Castril?

Sin muchas explicaciones, el presidente ha anunciado los cambios en su Gobierno. Entre ellos la sustitución de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, por la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.

En principio, lo noticia, en Castril, ha sido recibida con satisfacción. No tanto por el nombramiento de la nueva ministra, pues la duda sobre su sensibilidad ambiental es más que razonable, sino por el cese de la anterior, cuya nefasta gestión respecto a los temas medioambientales ha sido puesto de manifiesto en los 6 años que ha estado de ministra, tanto en Agricultura como en Medio Ambiente.

Siendo ministra de Agricultura Elena Espinosa y estando en el ministerio de Medio Ambiente Cristina Narbona, el Gobierno aprobó el decreto que contemplaba determinadas medidas para combatir la sequía. Dicho decreto y sus prórrogas fueron un cajón de sastre para aprobar con carácter de emergencia varias obras obviando los trámites de consulta ciudadana y los correspondientes estudios ambientales. Una de estas obras, las del trasvase del río Castril, ya fueron descartadas por las administraciones y la propia Junta de Andalucía, pero desde la CHG aprovecharon la coyuntura para colarse con la justificación de la emergencia. Lo que anteriormente fue descartado por considerarlo prácticamente un ecocidio, es decir, que acabaría con la vida del río Castril, ahora se presenta como aguas para abastecimiento, consumo humano, inventando una necesidades que, sin embargo, cuando se proyectaba el anterior trasvase -2003-, en ningún momento se planteó que las aguas tuvieran que satisfacer esas supuestas necesidades. Esta estrategia, la de recuperar el anterior trasvase que se había utilizado como arma arrojadiza contra el Gobierno de aquellos entonces (PP), se camufló en las prórrogas del decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía. La ministra aceptó las propuestas que desde la CHG, a través de directivos como P. Girón o J. Delgado, y con la posterior aquiescencia de los responsables provinciales del PSOE granadino, le hicieron llegar. Este es el motivo de que la Ficha Ambiental presentada por la CHG no se corresponda con las obras que se están realizando. Porque, en realidad, dicha Ficha se elaboró sobre la base de trasvases anteriores.

Anulado por el Supremo, con fecha de 1 de marzo de 2010 dicho decreto, Elena Espinosa, la ministra ahora cesada, tenía que haber reconsiderado el trasvase del río Castril paralizando definitivamente las obras y negociando las alternativas que se habían propuesto. La Plataforma por la Defensa del Río Castril se lo hizo saber y, a día de hoy, aún no se ha recibido ninguna respuesta. En el cajón de algún despacho del ministerio duerme el escrito que, esperamos, la nueva ministra, Rosa Aguilar, debiera responder. No olvidemos que además de la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005, la sequía ha quedado oficialmente extinguida. Mucho nos tememos que si no hay respuesta en los próximos días, nuevamente haya que acudir a la vía judicial y contra los actuales responsables del ministerio.

Pero también la nueva ministra, Rosa Aguilar, tendrá que responder en el Congreso a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida, G. Llamazares. Será el momento de evaluar el talante con el que la ministra pretende ejercer el cargo y la gestión ambiental en lo que queda de legislatura.

También hubo relevo en la delegación de Gobierno en Andalucía. Bajo el mandato de J.J. López Garzón, y ejerciendo en la subdelegación de Granada A. Cruz, se ha producido la represión sobre los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que han protestado por las expropiaciones y las obras del trasvase del río. Cortes de Baza fue tomado por los antidisturbios (GRS) para proteger las obras y se ha procedido al envío masivo de multas administrativas y, también, denuncias por la vía penal. Se acusa a los vecinos y vecinas de reuniones y concentraciones ilegales; como si el derecho de reunión no estuviere constitucionalmente reconocido en el Estado español; como si para reunirse en una finca privada y con autorización de los agricultores propietarios de ellas, se necesitase de permisos previos. Recuérdese que las expropiaciones se realizaron acogidas a la emergencia del decreto anulado y que, además, se encuentran denunciadas en diversos juzgados.

La prepotencia mostrada por el subdelegado de Gobierno, con el apoyo del delegado de Gobierno ahora cesado, también tendrá sus consecuencias. Ahora parece ser que están pensando cambiar la acusación, y dado que no se sustenta lo de reuniones y concentraciones ilegales, pretenden encausar a algunas personas por supuestas coacciones a la empresa que ejecuta los trabajos, dejando en suspenso las multas administrativas. Otra acusación falsa que muestra la carencia de fundamentos de la política represiva dirigida para realizar a toda costa, contra el derecho, la ley y el sentido común, el trasvase del río Castril. Esperamos y deseamos también que el nuevo delegado en Andalucía, L. García Garrido, ponga fin a esta irracionalidad y retire todas las acusaciones y las multas. Y por coherencia, cese al subdelegado de Gobierno en Granada por haber sido el responsable directo de esta política represiva.