Los comentarios del pueblo hablan del éxito de la manifestación, superior en presencia de vecinos y vecinas de Castril a la de hace un año. En cuanto al número total de manifestantes, pudiera ser inferior a la de entonces, pues en aquella ocasión la presencia de vecinos y vecinas de Cortes fue bastante superior a la actual. De entre los diferentes núcleos de población que componen el término municipal, los anejos de Las Almontaras, Fuentevera y Castril fueron las que más personas aportaron. En cuanto al núcleo de Castril, solo contadas familias y personas de las que viven en el pueblo dejaron de asistir a la manifestación.
¿Se han detenido las obras del trasvase? No. Esta misma mañana un grupo de agricultores afectados y miembros de la Plataforma han acudido al lugar donde se realizan las obras. Allí se han producido protestas y algunas acciones de resistencia. Algunos de los agricultores afectados han necesitado asistencia médica por ataques de ansiedad. Los nervios están a flor de piel y quienes ven cómo pierden sus cultivos se niegan a ser pasivos espectadores.
El alcalde de Castril, mientras, se prodiga en la radio acusando mezquinamente a los organizadores de la manifestación. Suponemos que es duro aceptar que un pueblo mayoritariamente se manifieste públicamente contra un proyecto al que el alcalde ha dado sus parabienes y que defiende su necesidad. Pero algo esconde cuando utiliza con inusual saña argumentos falaces, absurdos e irrisorios que van contra las personas y las instituciones. Preguntar al ayuntamiento si podría ser factible una embotelladora de agua de la fuente de una finca particular, se convierte -según el alcalde- en algo que descalifica a esa persona para defender el río Castril. Si esa misma persona plantea otros proyectos que cuentan con la aprobación de diferentes administraciones de la Junta, eso lo convierte en una persona no legitimada para la opinión política. Como tampoco puede un ayuntamiento aceptar un proyecto de energía renovable, como es una planta termosolar. Al parecer, si ese ayuntamiento aprobara ese tipo de energía limpia, que es una alternativa a las fuentes energéticas que emiten gases de efecto invernadero, las que contribuyen al cambio climático, deslegitimaría a ese ayuntamiento para defender que los ríos sean ríos vivos, tal como sucede con el ayuntamiento de Cortes de Baza en su defensa del río Castril.
Quizá piense el alcalde que lo legítimo es que los constructores (los reales, no los que lo han pretendido) puedan amenazar a sus empleados con el despido si acudían a la manifestación contra el trasvase. O que la industria del vidrio montada con dinero público que tiene en su almacén vaya en ascenso una vez establecido el punto de venta en el local que él gestiona. También considerará legítimo desarrollar otros proyectos empresariales, alguno relacionado con las administraciones públicas, a la vez que ostenta la alcaldía. Es posible que todo sea legal. Pero es más dudoso desde el punto de vista moral. Pero para nada queda invalidado para debatir políticamente y racionalmente del trasvase del río Castril, que es de lo que se trata. Que muestre la fuerza probatoria de sus argumentos, si es que los posee. Nada, absolutamente nada ha mostrado que pueda avalar la necesidad y la bondad del trasvase. Y si no tiene nada mejor que mostrar que el apoyo de una persona con responsabilidades en la apertura de un pozo ilegal en Baza, origen de la desecación de la fuente de San Juan, y que curiosamente es responsable provincial de aguas del PSOE y concejal del ayuntamiento de Baza, tema que se encuentra en la fiscalía, es que los intereses económicos, la irracionalidad política y la ambición personal es lo que preside sus decisiones.
¿Por qué dice ahora que esperaba que las obras empezaran en otoño, y que ese era el motivo del decreto de paralización de las obras? En el decreto se dice que las obras son ilegales, se ordena su paralización y se advierte de las consecuencias de un posible desacato. Pues bien, que lo cumpla. Que no se apoye en una supuesta carta –que nadie ha visto, por cierto- enviada desde el ministerio. Que acuda a los tribunales para que obliguen la paralización judicial de esas obras ilegales. Y si alguien considera lo contrario, que aporte las pruebas necesarias. Pero que sea el juez quien decida. Eso es lo que el pueblo de Castril exigió en la manifestación. Y esa es la responsabilidad del alcalde.
