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El Supremo ha dictado un auto en el que desestima el recurso
interpuesto por los ayuntamientos de Castril, Cortes y la Pataforma por la Defensa del Río contra el
anterior auto del Supremo por el que declaraba imposibilidad de ejecución de la
sentencia que paralizaba las obras del trasvase. Dado que contra este auto no
cabe recurso, la imposibilidad de ejecución de sentencia es firme.
Recordemos cómo se ha llegado a esta situación y las
alternativas que hay abiertas: tras la sentencia del Supremo que paralizaba las
obras del trasvase, se aprobó en el parlamento una ley, la ley de residuos
sólidos, que en su disposición XV planteaba la legalización del decreto
1419/2005 que otorgaba la cobertura para las obras del trasvase y que había
sido declarado nulo de pleno derecho por el Supremo. En esa situación, el
Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal
Constitucional resolvió rechazando la inconstitucionalidad. El Supremo,
entonces, acordó la imposibilidad de ejecutar la sentencia de paralización de
las obras del trasvase. Esta imposibilidad de ejecución fue recurrida, y es la
que ahora el Supremo desestima y vuelve a reiterar la imposibilidad de
ejecución de sentencia.
¿Quiere esto decir que el Gobierno puede reemprender las
obras? No. No puede mientras exista la suspensión que en su día estableció la
Audiencia Nacional en el contencioso-administrativo que se interpuso contra el
decreto ministerial que acordaba las obras del trasvase. Pero tampoco puede el
Gobierno entender la decisión del Supremo como un levantamiento de la sentencia
que paralizaba las obras. Que el Supremo no pueda ejecutar la sentencia, a
nuestro entender, no quiere decir que el Gobierno, sin más, pueda no acatar la
sentencia de paralización. Es de suponer que intentará alegar circunstancias de
especial gravedad para proseguir con las obras, pero en caso contrario tendría
que abandonar el actual proyecto de trasvase.
Lo sensato, tal y como está la situación en el terreno
judicial, y deseable sería que el Gobierno emprendiera negociaciones con los ayuntamientos
y la Plataforma para poner en marcha el proyecto alternativo, captando las
aguas desde la desembocadura del río y manteniendo parte de la infraestructura
instalada.
