En el último día de campaña
electoral, las diferentes fuerzas políticas apuran para arañar votos con actos
electorales en varias pedanías y en Castril. Como novedad, de cuanto se lleva oído
respecto a anteriores campañas, han sido las referencias a las diferentes
denuncias e imputaciones que se encuentran en los juzgados en fase de
instrucción. Y como no podía ser de otra manera, dado que todos han estado en
equipos de gobierno, lo bien que lo han hecho mientras han tenido
responsabilidades en la gestión. Poco, sin embargo, sobre proyectos concretos
para el futuro. En los programas escritos abundan más bien generalidades y buenas
intenciones.
Respecto a la defensa del río
Castril o la ampliación del parque natural Sierra de Castril, no hay nada en
los programas. Del río sí se habló largo y tendido en el mitin de Nuevo
Castril, y aunque no se hace ninguna mención en su programa, sí parecen tener
un compromiso claro de su defensa.
Otra noticia relacionada
indirectamente con las elecciones, pues ha sido bien comentada por haber
aparecido en la prensa, es la personación de la fundación Centro J. Saramago en
la denuncia contra su anterior gerente, José Juan López (actual candidato del
PSOE a la alcaldía), en la denuncia presentada por irregularidades durante su
gestión. La noticia, tal como ha aparecido en titulares es confusa, pues se
refiera a la fundación José Saramago, fundación ubicada en Lisboa y que
gestiona el legado del Nobel de literatura, que no tiene nada que ver con la
fundación Centro José Saramago de Castril. En la fundación de Castril, que dependía de varias instituciones
como el ayuntamiento, la universidad y la diputación, tenía poderes
plenipotenciarios el director-gerente para gestionar el dinero público recibido
por las instituciones. Y eso es lo que ahora se investiga a la vista de las
numerosas denuncias, reclamaciones e irregularidades aparecidas (y de la que
hemos informado ampliamente -hacer clik en la etiqueta Centro Cultural J. Saramago-)
como resultado de los años que fue gestionada por José Juan López. Estas fueron
investigadas por la fiscalía y denunciadas en el juzgado de Huéscar.
Entre las acusaciones llama
poderosamente la atención la situación de ilegalidad con la que funcionaba la
fundación, pues al no renovar sus estatutos según la ley de fundaciones, jurídicamente
no podía operar ni recibir subvenciones. Es de suponer que, una vez que haya
sentencia definitiva que confirme tales hechos, deje de existir a todos los
efectos.