Ha sido noticia estos días que se
están investigando las subvenciones
concedidas por la Junta de Andalucía para cursos de formación de desempleados.
El motivo es que muchos de esos cursos no se llegaron a realizar, pero las
subvenciones sí que se recibieron, ignorándose el paradero final del dinero recibido.
Entre los subvencionados figuran empresas e instituciones varias que
solicitaron dicho fondos. ¿Y qué tiene que ver con Castril?
Aparte de que el despilfarro de
dinero público nos afecta como a cualquier ciudadano/a, sucede que la Junta, a
través de la delegación de Empleo, reclamó al ayuntamiento la devolución de un
adelanto, por valor de 23.346 euros, otorgado para la realización de un curso
de soplador de vidrio. La aprobación del curso se produjo en 2009 y el adelanto
en 2010, período en el que gobernaba el PSOE. Dicho curso no se realizó.
Según nos informaron fuentes
municipales, en el ayuntamiento no constaba documentación alguna respecto al
curso: ni el convenio para su realización, ni que hubiera habido algún
ingreso procedente de la delegación de Empleo para tal fin.
Una delegación del ayuntamiento,
con Miguel Pérez de alcalde, estuvo en la Consejería (en Sevilla) el año pasado
para pedir el expediente. No le entregaron nada, pero dijeron que lo enviarían
en cuanto estuviese localizado. Pasaron los meses y no llegó nada.
Y esto es lo que nos hace
sospechar que estamos ante un caso más de la trama que ahora se está
investigando. Esperamos que se esclarezca este caso como los otros muchos
generados tras las repetidas legislaturas en que el PSOE, a nivel andaluz y en
Castril, ejerció el poder autoritariamente incurriendo en corruptelas,
nepotismo y redes clientelares. El dinero público sale del bolsillo de toda la ciudadanía,
y su uso correcto y transparente es una exigencia de justicia.
