No se suprimirá la plaza de maestro de Primaria para el próximo curso.

Ante el anuncio de la unificación de primero y segundo de primaria en un mismo grupo, padres y madres de los escolares afectados y la AMPA expresaron su malestar, llegando incluso a plantear una cuestión recabando su apoyo en el Pleno del ayuntamiento del pasado día  1 de junio (más información en las entradas de los días  22, 24 y 30  de mayo)

El escrito de protesta elaborado fue enviado a la delegación de Educación y se estaba a la espera de la respuesta antes de emprender nuevas iniciativas. Pero no ha hecho falta. La matriculación sorpresiva de un alumno más en 1º de primaria, obliga, por el número de alumnos/as matriculados ahora, a que dicho grupo tenga que contar con su propio maestro. De esta manera, para el curso que viene, no se suprimirá la plaza anunciada. Así lo ha comunicado la dirección del colegio a las familias afectadas. Un maestro/a no perderá su puesto trabajo y dos grupos, 1º y 2º, podrán ser debidamente atendidos. Y un problema resuelto al menos por ahora.  

Se celebró Peno municipal: tres concejales del equipo de gobierno se fijan un sueldo de 1800 euros con el apoyo (mediante la abstención) del PSOE.

En el primer Pleno municipal se estableció el reparto de las áreas que cada miembro de la Junta de Gobierno desempeñará a partir de ahora. Tesorería y Obras Públicas corresponderá a Andrés Pérez (PP), Turismo, Deportes y Servicios Sociales a Isabel Iruela (GIC), Medio Ambiente a Miguel Pérez (NC) y el resto de las áreas al alcalde, Francisco Javier Dengra (PP) .

Tres cosas llaman poderosamente la atención:

En primer lugar, los sueldos por dedicación exclusiva. Hasta ahora nadie venía cobrando por tal concepto. Los sueldos (4) por dedicación exclusiva que quedaron tras la anterior renuncia de la concejal de IU, fueron revocados en agosto del año pasado. Se procedió a dicha revocación tanto por la escasez presupuestaria como por la escasa justificación para una necesaria gestión política del ayuntamiento. La reconsideración, en estos momentos, nos obligaría a pensar que ahora sí son necesarios y que, además, la situación financiera del ayuntamiento lo permite.

Pero, en segundo lugar, llama la atención la sorpresiva convocatoria del Pleno. Es sabido que la concejal de IU no podía asistir por motivos laborales, por lo que no se podía contar con su voto. Tampoco, según nos informan, se negoció con Nuevo Castril, el grupo del anterior alcalde. Así las cosas, en el Pleno podría ocurrir de todo. Es decir, que al tener sólo tres votos asegurados (2 del PP y 1 del GIC) podrían no aprobarse las propuestas de composición de la Junta de Gobierno y las dedicaciones en exclusiva. ¿Era una aventura a la que se sometían arriesgadamente?

Y este es, sorprendentemente, el tercer factor: la abstención del PSOE. Sin duda algo habrían hablado y algo se habrían asegurado el GIC y el PP con el PSOE para arriesgarse en la convocatoria del Pleno. El PSOE, con su abstención, garantizaba que, al margen de lo que hiciera Nuevo Castril (IU se sabía que no podría asistir), las propuestas saldrían adelante. Las sospechas se confirmaron.

No vamos a hacer juicios de valor por ahora. Simplemente, con este Pleno municipal, lo que empieza a vislumbrarse es que el PSOE apoya al nuevo equipo de gobierno y que, en la oposición, a pesar de votar la investidura del alcalde, quien únicamente va a permanecer es la concejal de IU. Es prematuro saber aún cómo evolucionarán los acontecimientos, pero veremos si no, como tantas veces y en tantos municipios, los juegos de intereses no acaban ocultando la realidad de lo sucedido con el dinero público durante los últimos años.

Y también veremos si esa colaboración entre fuerzas políticas cuyas direcciones provinciales se empeñan en el trasvase del río, como sucede en el vecino Cortes tras la moción de censura, no acaba en un nuevo intento para conseguir un acuerdo entre municipios de la comarca, y que este pueda presentarse como elemento de presión ante los tribunales que aún tienen que adoptar decisiones judiciales. No se puede vaticinar nada, pero deseamos que tal cosa no ocurra. Estaremos atentos.

El portavoz del PSOE anuncia que su partido estudia medidas judiciales contra los que han difundido informaciones sobre su gestión.

José Juan López, ante las informaciones aparecidas en los medios acerca de las irregularidades sobre su gestión en los últimos cuatro años (2007-11), dice que su partido, el PSOE, está estudiando medidas judiciales contra los que las han divulgado. Señala al recién dimitido alcalde, a Izquierda Unida  y, en particular, a un trabajador contratado por la empresa que realizaba la auditoría de los años 2007-11 como responsables de la misma.

No es la primera vez que el portavoz del PSOE acude a la dirección provincial de su partido con esa peculiar petición. Y tampoco nos extrañaría que se lo tomaran en serio. Es difícil creerlo, pero de la organización provincial del PSOE granadino cualquier medida, incluidas las de corte fascista, son creíbles a la vista de comportamientos anteriores. Es verdad que nos referimos a la dirección provincial anterior a la actual, hace pocos años, en la que se encontraban personajes como como De la Chica, Caler, Quirante, etc., y Antonio Cruz como subdelegado de Gobierno. Entonces dijeron públicamente que investigarían a los defensores del río Castril. Una investigación de la que desconocemos los medios que utilizaron, pero que, dado el enorme poder institucional y de recursos que acumulaban, pudieron haber rastreado toda la información que hoy es posible saber de cualquier ciudadano/a. A fecha de hoy seguimos sin saber los resultados. Pero su desprecio al Estado de derecho no se limitó a esa investigación. Ese desprecio por los derechos y libertades y la prepotencia fascistoide también se puso de manifiesto con la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado para, en contra de la ley y del derecho, reprimir a las personas que se concentraban en defensa de sus tierras y del río Castril, tanto de Cortes (donde establecieron un virtual estado de sitio) como de Castril, y que se encontraban amparados en la sentencia del Supremo que había declarado nulo de pleno derecho el decreto bajo el cual se aprobaron las obras y las expropiaciones del trasvase.

Ahora, si no es un farol, por lo inverosímil de la noticia, se anuncia que se ha acudido a la dirección provincial del PSOE. Pero estos dirigentes provinciales deben saber que, si se han detectado irregularidades que pueden ser constitutivas de delito en los años en que José Juan López ejerció la alcaldía, lo que están obligados a hacer es a requerir toda la información disponible y ponerla en manos de la Justicia. Igual que tienen que hacer los responsables del consistorio castrileño. Nadie puede mirar para otro lado. Entre otras cosas, porque actuarían contra la ley por un posible delito por omisión del deber de colaboración con la Justicia. Y aquí no valen las monsergas que se inventa el portavoz municipal del PSOE, y algunos reproducen una vez más haciendo gala de su ignorancia y de la que poseen las fuentes que les asesoran, sobre la invalidez jurídica del informe que ha puesto al descubierto las irregularidades. Al igual que sucedió con la “cuestión de confianza a la que el alcalde estaba abocado” cuando no se aprobaron los presupuestos, desbarran otra vez.

El portavoz del PSOE tiene derecho a defenderse de las acusaciones de las que es objeto. Pero sólo de eso y dentro de la ley. No puede arbitrariamente decir que ha habido filtraciones por parte del trabajador contratado por la empresa auditora de los hallazgos que en el curso de su trabajo encontraba. Eso es una acusación por la que puede ser denunciado. Literalmente escribe en una de las diversas ocasiones que lo señala directamente:

“Tampoco se irá de rositas el dichoso “auditor” ya mencionado, como ayudante de los auditores contratado, si, como parece demostrado, a sus obligaciones ha faltado y es responsable de filtrar, publicar o comentar datos sin estar autorizado.”

No se permite, José Juan López, elucubrar con la posibilidad de que el cliente del informe sobre la gestión contable haya realizado con esa información lo que hubiera considerado conveniente. Parece interesarle más cargar contra ese trabajador. Ha lanzado insinuaciones de connivencia política con el ex alcalde Miguel Pérez, precisamente él, en cuya etapa el nepotismo fue una constante, con las que pretende negarle a Francisco Ortiz Soria el derecho a trabajar para una empresa (que muchos meses antes había sido contratada por el ayuntamiento), por el hecho de que ocupara un puesto en la candidatura de Nuevo Castril en las elecciones pasadas. Increíble. Por extensión, ningún candidato/a podría trabajar para una empresa que fuera contratada por el ayuntamiento. Desconocíamos que el derecho al trabajo tuviera esas limitaciones. Pero entonces, José Juan López tendría que mirar si, en su gestión, no vulneró esa limitación (que es contraria a los derechos fundamentales) que ahora exige.

Todo esto, la verdad, es que suena a broma, si no es porque hablamos de los derechos de una persona y de un trabajador. Francisco Ortiz Soria es licenciado en Económicas y Máster en Finanzas. Y en Castril no parece que abunden dichos titulados/as. Por eso, una empresa que necesitaba contratar a un trabajador con ese perfil durante unas semanas, le ofreció tal posibilidad, y él, que para eso ha estudiado, no sin esfuerzo y con mucho mérito, compatibilizando con trabajos en la agricultura para obtener los ingresos económicos que le permitieran proseguir los estudios, lo aceptó. Y como buen profesional y a pesar de la poca colaboración que a veces ha recibido, lo hizo de manera intachable y con los parabienes de la empresa que lo contrató.

Sin embargo, aparece señalado, contra lo que estaría profesionalmente obligado, como causante de la divulgación de las acusaciones contra José Juan López. Además, yendo más lejos, se permite el portavoz del PSOE publicar fotos personales de Francisco Ortiz Soria en el blog desde el que le lanza las acusaciones. Esta manipulación, con fotos y falsas acusaciones, no es la primera vez que José Juan López difunde. Y en este sentido la ley de protección de datos personales es bastante clara. Cruzar la línea puede admitirse alguna vez en el debate político. Hacerlo contra un profesional que realiza dignamente su trabajo, es inadmisible siempre. Cada cual, moral y jurídicamente, es responsable de lo que  hace. José Juan López, también.

El presidente de la CHG anuncia el arreglo de la carretera a Campo Cebas con un presupuesto de 240.000 euros.

La carretera de Campo Cebas, la variante dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se encuentra cerrada desde mediados de la legislatura pasada. Desde entonces, todo tipo de vehículos que necesiten transitar en dirección Campo Cebas-Pozo Alcón, o, a la inversa, Castril-Huéscar, tienen que circular por la escarpada, sinuosa y estrecha carretera de la Junta. Si le añadimos además, los frecuentes camiones que circulan hacia las canteras, tractores y otros vehículos pesados, coger dicha carretera es un continuo riesgo, produciéndose durante este tiempo algunos accidentes, incluidos el transporte público. 

Ayer el presidente de la CHG anunció su arreglo, con un presupuesto de 240.000 euros. El proyecto, según le comentaron al recién dimitido alcalde, estaba ya redactado. Pero eso no quiere decir que las obras vayan a empezar de inmediato. Hasta que no se inicie el expediente de contratación y podamos ver los plazos en él contemplados, no podremos aventurar nada. Lo que si podemos esperar es que el equipo de gobierno, y su nuevo alcalde, continúen las conversaciones con la CHG para que pronto la carretera pueda ser una realidad.

Por otro lado, también la CHG ha anunciado trabajos de restauración ambiental en la cuenca del embalse El Portillo. No sabemos en detalle en qué van a consistir, pero pediremos la información, tanto a la CHG como al ayuntamiento.de Castril.

Pleno municipal para elegir alcalde: Francisco Javier Dengra será el nuevo alcalde de Castril.

Como estaba previsto, a las 8 de la tarde de ayer, se celebró el Pleno municipal donde se votaba la investidura del concejal del PP, Francisco Javier Dengra, como nuevo alcalde de Castril. Su elección es fruto del acuerdo que suscribieron cuatro fuerzas políticas tras las elecciones municipales. Entonces decidieron alternarse en la alcaldía los grupos Nuevo Castril y Partido Popular y la 1ª tenencia de alcaldía entre Izquierda Unida y Grupo Independiente de Castril. En estos dos primeros años han sido Miguel Pérez (NC) y Alicia López (IU) quienes han ostentado la alcaldía y la 1ª tenencia de alcaldía.

El Pleno se desarrolló con la normalidad esperada. Se postuló el candidato de PSOE, recibiendo los votos de los 5 concejales de su grupo y el voto contrario del resto. Posteriormente lo hizo el candidato del PP, quien obtuvo el apoyo de los 6 concejales que firmaron el pacto y, en contra, los votos de los 5 concejales del PSOE.

A pesar de que era una votación esperada, desde la oposición han intentado hasta última hora que se produjera alguna deserción entre los y las concejales de los grupos del pacto de gobierno. Las divisiones manifestadas en el equipo de gobierno este último año, con la dimisión de dos concejales, alimentadas en buena parte por el PSOE, señalaban una de las debilidades que la oposición podía aprovechar; no obstante, no consiguió sus propósitos de que alguno decidiera apoyar a su candidato José Juan López. Tampoco le sirvieron al PSOE las presiones que ejercieron sobre la concejal de IU, incluido el bochornoso espectáculo puesto en escena por dirigentes provinciales acusando con argumentos pueriles a IU de no dar su apoyo al candidato del PSOE. Sin duda, estaban obrando al dictado de José Juan López.

¿Y a qué se debe tanta inquietud, tanto nerviosismo, ante algo previsible? Pues ante las consecuencias que podrían derivarse de la auditoría sobre la gestión de la última legislatura del PSOE. Las irregularidades aparecidas, como las que puedan aparecer en el Centro Saramago, podrían ser constitutivas de varios delitos. Si a eso unimos el revés del PSOE, a nivel comarcal y provincial, por la paralización judicial del trasvase del río Castril y el apoyo del ayuntamiento a la Plataforma por la Defensa del Río, apoyo que el nuevo alcalde ha manifestado que también mantendrá, siguiendo lo acordado por el pacto cuatripartito, entonces podemos comprender lo que en estas últimas semanas se ha movido entre bambalinas.

Utilizar el dinero público y el ayuntamiento como si fuera un patrimonio personal, no sólo no es ético, es que no puede ser legal.

Según el informe de la contabilidad municipal divulgado por la prensa, durante el período 2008-11 hubo unos gastos realizados por el entonces alcalde, José Juan López (PSOE), de alrededor de 47.000 euros en taxis. Entre ellos figura una factura de viajes a Lisboa y otras ciudades por valor de 1.740 euros.

El entonces alcalde quiere justificarse diciendo que dicho viaje tuvo que realizarlo necesariamente con prisas por llegar a tiempo al entierro del escritor J. Saramago. Una excusa de miserables. No sólo por querer justificar el gasto con la desaparición física de esa persona, sino porque el entierro fue 4 días después de la muerte del escritor, tiempo suficiente para coger un vuelo o un autobús. Pero aún es más grave: según hemos podido saber, la factura es de mayo de 2009, un año antes de que este muriera. En dicha factura, además del viaje a Lisboa (880 euros) figuran otras ciudades, como Granada, con sucesivos viajes, y Almería (ignoramos qué gestiones oficiales pueden realizarse en esta ciudad).

Pero con todo, lo que resulta indignante y no se puede permitir desde ningún punto de vista, ni ético ni legal, es que esa factura (como otras) que fue emitida por el Centro Saramago, que tenía autonomía y presupuesto propio, las pague el ayuntamiento. Es decir, “yo como gerente me lo guiso, yo como alcalde me lo como”. Y que pague el pueblo. Esa es la concepción patrimonialista que José Juan López tenía de ambas instituciones: como entidades de su exclusiva propiedad particular.

La auditoría de los últimos años de alcaldía de José Juan López (PSOE), pone de manifiesto numerosas irregularidades que podrían ser constitutivas de varios delitos.

Hemos conocido por diversos medios de información (véase el enlace al final) algunos resultados de la auditoría que se está realizando a la gestión municipal de los años 2.008-11. Recordemos que durante esos años estuvo gobernando José Juan López, del PSOE, gracias al pacto de gobierno firmado con el concejal del PP.

Si los datos que la auditoría ha revelado se confirman judicialmente, podrían ser constitutivos de delitos como falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, apropiación indebida por gestión desleal y prevaricación.

Toda la gestión realizada durante ese período puede describirse como la propia de un déspota, de nepotismo y desprecio de las libertades públicas y el Estado de derecho (en este blog hemos sido testigos y tenemos recopiladas las vulneraciones de derechos y libertades ciudadanas). No fue Castril el único caso. Ayuntamientos como el de Marbella aún permanecen bajo investigación judicial. Obviamente aquí no se manejaron grandes cantidades de dinero. Pero aunque fuese en un plano menor, el móvil de la gestión era similar.

Y no fue sólo la gestión del ayuntamiento la que se realizó con esos particulares criterios. También el Centro Saramago fue gestionado como si de una propiedad particular se tratara. Como algunos la  han calificado, la gestión del dinero público del Centro fue la propia de un fondo de reptiles, sin que hasta la fecha se tenga ninguna documentación por la negativa del anterior gerente y ex alcalde a entregarla

Si a este modelo de gestión dictatorial, opaco y plagado de corruptelas, le añadimos el acuerdo para que se efectuase el trasvase del río, como puede verse en las declaraciones realizadas a Ideal en diciembre de 2006 (reproducimos esa parte más abajo), y que este se produciría sin resistencia en el pueblo (recordemos que el entonces directivo de la CHG, P. Delgado, declaró no entender lo que estaba pasando en Castril, pues el alcalde le había prometido que no habría oposición al trasvase), entonces podrá comprenderse el acuerdo de las cuatro fuerzas políticas para gobernar Castril durante esta legislatura. 

“El alcalde de Castril destaca el esfuerzo y la gestión realizada por el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, que ha ejercido de mediador para buscar una solución equilibrada y que fuera aceptada por todos los municipios”. Ideal 26-12-2006.

Estas fuerzas políticas (NC, PP, GIC e IU) tendrían que estar rivalizando por gestionar los asuntos públicos con programas diferentes; sin embargo, se han visto forzadas a ponerse de acuerdo para salvar lo esencial de la vida de Castril: las libertades ciudadanas y el río, una de sus señas de identidad. La continuación de ese acuerdo es lo que se escenifica estos días con la sustitución del alcalde, Miguel Pérez (NC), por el entrante Francisco Javier Dengra (PP), que se producirá el día 7 de junio en sesión plenaria. Ahora entendemos la inquietud y nerviosismo de algunos ante este hecho.

Enlace con la información sobre la auditoría:

http://www.granadahoy.com/article/granada/1534799/ex/alcalde/castril/gasto/euros/taxis/menos/tres/anos.html