Pleno extraordinario para tratar el cambio de tubería de agua potable el martes 26 de marzo, a las 20 horas, en la caseta municipal.

           (Pinchar en las fotos del proyecto de Alguenzas para ampliar)

En numerosas ocasiones hemos comentado la imperiosa necesidad de cambiar la tubería de agua potable. Es sabido que esta tubería es de fibrocemento y que contiene amianto, que es una sustancia cancerígena, y que está prohibido su uso para este tipo de instalaciones. También hemos advertido del riesgo para la salud de quienes habitualmente consumimos dicha agua y especialmente para los operarios que tienen que manipularla debido a sus constantes averías. Por último, nos hemos referido a la sangría económica para las arcas municipales que suponen sus constantes reparaciones. Pero también, como consecuencia de la gran cantidad del tiempo que está fuera de servicio el tramo de tubería que toma el agua desde el arroyo Juan Ruiz, el agua tiene que ser captada desde la fuente de Tubos, agua que ha presentado cierta contaminación de residuos (y más en concreto de aguas fecales) a la vez que una elevada concentración de cal. No sólo ha habido afecciones a la salud, sino que ha supuesto el deterioro de aparatos electrodomésticos como consecuencia de las acumulaciones de cal.

¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años sin que las autoridades municipales se hayan preocupado por este tema? Parece increíble, pero es así. En las dos últimas legislaturas, en las que los presupuestos de las administraciones del Estado no estaban aquejados por la situación de recortes que sufren hoy, ni había excusas para no atender este tipo de demandas, el gobierno municipal del PSOE miró para otro lado. Se endeudó de forma alarmante (casi un millón y medio de euros) con innumerables gastos suntuosos e innecesarios y, desde luego, todos ellos, bastante menos que el de la tubería de abastecimiento. Su desidia fue tal, que ni siquiera utilizó los fondos que en los últimos años se concedieron para inversiones públicas de urgencia, como sí hicieron en otras partes. Aquí ponemos el ejemplo del pueblo murciano de Alguenzas (documentos de arriba), que padecía el mismo problema y lo solucionó recurriendo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, aprobado por el Gobierno en octubre de 2009.

El equipo de gobierno actual está intentando solucionar el problema de forma definitiva; y sobre la mesa han circulado diversas propuestas. Pero ante la demora de ellas, se pretende que al menos se pueda sustituir la parte de la tubería que más roturas sufre. Es de aproximadamente de un kilómetro y su presupuesto es de alrededor de 138.000 euros. Como no se puede recurrir al endeudamiento, propondrán modificar el plan provincial de obras, de manera que en vez de las obras previstas, ese dinero pueda invertirse en ese kilómetro de tubería.

Esta propuesta tiene el inconveniente de que no es una solución definitiva y que impide que puedan efectuarse otras obras necesarias (las que ya están aprobadas). Pero puede ser un inicio para arrancar el compromiso de otras administraciones para que se hagan cargo del resto de la tubería. Y a ser posible, que las obras se inicien a la vez. Tal vez, si la Diputación tuviera un mínimo de sensibilidad, podría reconsiderar, incluso, que el que las obras previstas queden sin ejecutarse, puedan hacerlo con otras consignaciones presupuestarias o con las del segundo bienio del plan cuatrimestral. En cualquier caso, lo importante ahora es que lo que se apruebe en la sesión plenaria del martes, quede supeditado a las gestiones para que otras administraciones puedan asumir la totalidad del proyecto. Sabemos que están haciendo, aunque por ahora no hay nada definitivo. Veremos si en las próximas semanas.

El Supremo desestima, en recurso de casación, los argumentos del Gobierno en contra de la suspensión cautelar del trasvase acordada por la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional decretó la suspensión cautelar del trasvase mientras se tramitaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Plataforma contra las obras del trasvase. Pues bien, contra esa suspensión cautelar, el Gobierno, a través de la abogacía del Estado, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo esgrimiendo varias razones por las que pedía su retirada. Ante tal circunstancia, el Supremo ha respondido desestimando el recurso y rechazando los tres argumentos con los que el Gobierno pretendía conseguir la anulación de la suspensión cautelar decretada por la Audiencia.

Además de encontrarse las obras y las expropiaciones paralizadas por la Audiencia, el mismo Supremo, en sentencia firme, decretó la paralización del trasvase. Posteriormente, el Gobierno, pretendiendo eludir la sentencia del Supremo, presentó una disposición en la ley de residuos sólidos y suelos contaminados, aprobada en junio del pasado, en la que se legalizaban las obras aprobadas en el decreto (RD 1419/2005) que había sido declarado por el Supremo nulo de pleno derecho. Este decreto era el que daba que daba cobertura legal al trasvase. Con esta disposición se pretendía eludir la sentencia de paralización del trasvase. El propio Supremo advirtió esa pretensión, por lo que elevó cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal Constitucional, de quien se espera su pronunciamiento, a la vez que mantuvo la suspensión de las obras.

Resumiendo: Hay una sentencia del Supremo ordenando la paralización definitiva del trasvase y una orden de suspensión cautelar de la Audiencia, que es la que ahora ha sido confirmada por el Supremo en el recurso de casación presentado por el Gobierno. Y el intento de legalizar las obras por la puerta de atrás, con la disposición XV de la ley de Residuos Sólidos, se encuentra en el Constitucional pendiente de que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el mismo Tribunal Supremo.

Los trámites administrativos de las expropiaciones por el trasvase prosiguen su curso a pesar de haber sido paralizados por el Supremo y por la Audiencia Nacional.

El proceso de expropiaciones ha continuado su curso. No bastó la orden del Supremo paralizando las obras del trasvase y confirmando que el decreto que las amparaba había sido declarado nulo de pleno derecho; como tampoco que la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo que la Plataforma tiene interpuesto, declarase la suspensión cautelar de todas las actuaciones. En una típica resolución de ingeniería jurídica, el tribunal de expropiaciones forzosas se desentiende de la legalidad o ilegalidad de la resolución relacionada con el justiprecio de las fincas sometidas a ocupación y/o expropiación, y derivan la responsabilidad en el Consejo de Ministros.

Rechaza por tanto, el tribunal, la pretensión de los afectados por las expropiaciones para la revisión de oficio de la resolución tomada respecto al justiprecio y objeto de la reclamación correspondiente. Aunque contra esa resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, no parece que los afectados la vayan a recurrir, pues tampoco tiene mayores consecuencias, por ahora, esa decisión de establecer el justiprecio. Pero también pudiera ser que estén pensando en alguna hipotética situación de desbloqueo judicial del trasvase (o alguna otra fórmula más descabellada aún), y con este trámite ya realizado se podrían  acelerar las obras posteriormente.

Desde la perspectiva de un lego en la materia y aplicando el sentido común, nos sorprende cómo este tribunal de expropiaciones puede realizar esas consideraciones y eludir la manifiesta situación de carencia de cobertura legal. Si el decreto que amparaba el trasvase fue declarado nulo de pleno derecho, lo cual implica su desaparición del Ordenamiento jurídico y, en consecuencia, todos los actos administrativos que de ese decreto se derivan también son nulos, entonces, cómo puede continuar el proceso de expropiaciones. ¿Acaso este acto administrativo no es una consecuencia del decreto declarado nulo de pleno derecho? ¿Se habría iniciado el proceso de expropiaciones de no haber existido ese decreto? Obviamente no. El tribunal puede alegar que no es competencia suya resolver sobre las pretensiones planteadas por los afectados, pero tampoco puede ignorar que su resolución está amparada en un decreto que no existe, que carece de cobertura legal, por más que el Gobierno no haya comunicado expresamente la retirada del proceso en curso. Y teniendo conocimiento de que el proceso es nulo de pleno derecho, la responsabilidad de continuar dictaminando fuera de la ley recae en todos los organismo que intervienen, sea la CHG o el propio tribunal de expropiaciones. Justifíquese como se quiera, con toda la ingeniería jurídica habida y por haber, pero lo que viene viciado en origen, es papel mojado en el mejor de los casos. Y nadie, llámese como se llame, puede pretender avanzar en unas expropiaciones amparadas en un decreto que no existe.

Comunicado de IU-Castril y escrito de la concejal de IU dirigido al portavoz de la oposición respondiendo de las acusaciones por él vertidas.

Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía

IULV-CA  Asamblea Local de Castril

Comunicado de prensa

La concejal de IU exige al portavoz de la oposición que entregue la documentación que se le ha requerido sobre la gestión del Centro Saramago, y que sus peticiones de información municipal las dirija a la alcaldía, como es preceptivo.

En fechas recientes se ha recibido un escrito del concejal de la oposición, Juan José López (PSOE), pidiendo información a la concejal de IU en el ayuntamiento de Castril, la teniente de alcalde Alicia López. Este escrito, difundido en algunos medios de comunicación, contiene acusaciones infundadas hacia la concejal de IU y señala torticeramente, algo que sin duda conoce por los muchos años que ha ejercido la alcaldía, a la concejal como responsable de que no se le haya facilitado la información que ha requerido.

La concejal de IU, Alicia López, le responde, mediante escrito que adjuntamos, recordando a quién tiene que dirigirse para solicitar información y reclamando que aún se está a la espera de que entregue la documentación sobre la gestión del Centro Saramago, así como sobre otros temas.

En dicho escrito, la concejal afirma que toda esta campaña de falsas acusaciones contra ella, no es más que producto de la frustración del portavoz del PSOE por no haber conseguido el apoyo de IU para nuevamente obtener la alcaldía. Un pacto imposible de alcanzar porque la gestión de José Juan López Ródenas estuvo plagada de irregularidades, mentiras y autoritarismo desmesurados. Además, acordó, en negociaciones no reveladas a los pueblos de Castril y Cortes, con la CHG el trasvase del río Castril, lo que hubiera supuesto acabar con el principal patrimonio natural de Castril, medio a su vez de vida y símbolo de la identidad del pueblo.

En Castril a 9 de marzo de 2003

Francisco del Río

Coordinador de la Asamblea Local de IULV-CA

Seguir leyendo en´mas información para visualizar el escrito de Alicia López dirigido al portavoz de la oposición municipal.

En un acto de estrategia, el subdelegado de Gobierno convoca a los alcaldes de Baza, Castril y Cortes para hablar del trasvase del río. El periodista orgánico informa de lo acontecido con su particular visión pro trasvase.

La información de la prensa respecto a lo acontecido en la reunión entre los alcaldes de Baza, Castril y Cortes, con el subdelegado de Gobierno, induciría a pensar que se trataba de una negociación para tratar de desbloquear el trasvase del río. Según la información, el Gobierno se comprometería a modo de compensación a solucionar problemas existentes en los municipios a cambio de que estos aceptaran el trasvase.

De sobra sabe el subdelegado que los alcaldes no pueden negociar nada que se encuentra sub iudice, pendiente de resolución judicial, salvo que pretendan que un posible acuerdo con esas negociaciones y que pudiera influir en las futuras decisiones judiciales.  La información ofrecida por el periodista (“erre que erre”) apuntaría a que los comparecientes estuvieron receptivos y abiertos a una solución que permitiera la finalización de las obras y la puesta en marcha del trasvase.  Pero la realidad no es la mostrada en esa información.

En primer lugar, porque los protagonistas y los que tienen la opinión son los pueblos de Castril y Cortes, y estos hace ya hace tiempo que se pronunciaron con masivas movilizaciones en contra. Y además, lo hicieron a través de sus instituciones democráticas. De los alcaldes, el que estaba a favor, el de Castril, perdió las elecciones fundamentalmente por eso. Y en la actualidad, el equipo de gobierno, a pesar de su diversidad, se mantiene fiel en su oposición al trasvase. Por tanto, no existe la posibilidad de ceder a cambio de compensaciones. Eso no es más que una fantasía animada de quienes están interesados en, tal vez, generar alguna división interna, tanto respecto al equipo de gobierno como al propio pueblo. El que en esa reunión se expusieran problemas que demandan una urgente intervención por las administraciones, nada tiene que ver con que se ofrecieran como moneda de cambio.

En segundo lugar, la única negociación posible es sobre la base del proyecto alternativo, consistente en la captación de aguas del río desde la desembocadura o desde el propio pantano del Negratín. Captadas las aguas desde ese punto, no habría daño ambiental al río y su vega. Cuestión aparte es si estaría justificado el uso que después quisieran darle al agua en una zona que no tiene problemas de abastecimiento. De entrada, sabemos, la Junta no ha aprobado el campo de golf solicitado, precisamente por derrochador de agua, cuando esta es tan necesaria para la agricultura.

Por último, olvidan a las asociaciones que promovieron las movilizaciones e interpusieron las denuncias. Sin la presencia de ellas y de la Plataforma, la negociación seria, la que podría permitir el proyecto alternativo aprovechando parte de las infraestructuras instaladas, no hay entendimiento posible. Pero sobre todo, tiene que esperarse a las decisiones judiciales sobre las peticiones pendientes: retirada de las tuberías, restitución del medio a su estado original e indemnización a los perjudicados.

Todo indica que nos encontramos con una estrategia política urdida por el PSOE a la que el PP habría dado su visto bueno. Y quizá tenga sentido a la vista de lo sucedido en el vecino pueblo de Cortes, con la moción de censura a Práxedes, alcaldesa que hasta ahora se había mostrado inflexible en la defensa del río. La nueva alcaldesa, del PSOE, anteriormente también participaba en el equipo de gobierno y nunca mostró actitud discordante en lo que respecta a la defensa del río. Tendremos que concederle, en la nueva situación, un plus de confianza. Pero no debe olvidar, para cuando vuelva a ser convocada, que su pueblo ya se ha pronunciado, en las urnas y en la calle. Y lo ha hecho inequívocamente a favor del respeto integral del río y de la vega.

La noticia de la reunión, en uno de los medios:

http://baza.ideal.es/actualidad/1687-el-subdelegado-del-gobierno-intenta-desbloquear-el-asunto-del-abastecimiento-de-agua-desde-castril-.html?fb_comment_id=fbc_372109652896924_1995901_372111746230048#f25158ddc51a116

“La maphia”. ¿Hablamos de la novela de Saramago?

En 2005 publicó el escritor portugués José Saramago una novela, “Las intermitencias de la muerte”, en la que, como en casi todas, empieza por un hecho imposible. En este caso se trataba de la repentina deserción de la muerte de su habitual cometido. Esas inauditas circunstancias permiten al escritor tratar acerca de la condición humana, de sus reacciones en todas las dimensiones humanas posibles por el repentino e inesperado hecho. También, cómo no, de las políticas y de quienes tratan de obtener todo tipo de ventajas aprovechando las debilidades humanas y sirviéndose de los poderes que, desde antaño, el ser humano viene utilizando para tales fines. Por supuesto, la frágil línea entre la legalidad y la ilegalidad, para el poder, es un viaje de ida y vuelta. Lo mismo da que lo llamemos poder político, económico, o maphia, como así es denominado en la novela a un peculiar grupo de los que dominan la sociedad en ese país imaginario.

¿Qué es la maphia? Veamos. Un político local candidato a la alcaldía puede alzarse con un número de votos y de concejales que sean insuficientes para formar gobierno. Pero para la maphia eso no será un problema: ofrecerá dinero para que se apoye su investidura. Pasa el tiempo e inevitablemente llegarán otras elecciones, y tampoco alcanzará el número suficiente para gobernar. Como ahora en esta ocasión, escarmentados, ningún concejal acepta simplemente el dinero, entonces prometerá que, además de ponerle sueldo y otorgarle la responsabilidad en diferentes áreas, contrataría de asesor a una persona afín a la concejal que pretende sobornar.

Pero, ¿cómo se pudo mantener en el poder la maphia en aquella legislatura? ¿Acaso los vecinos/as no se percatan de lo que sucede y no se rebelan? La maphia está organizada y sus tentáculos llegan hasta otras instancias de poder. Por ejemplo, a la delegación de Medio Ambiente. En ella cuenta con políticos afines a los instruye para que se expediente a cualquier vecino que, dependiendo laboralmente de esa delegación, se atreva a cuestionar sus políticas. Sus redes, además, se extienden a otras consejerías y organismos oficiales; incluso a colegios profesionales. Cuenta, para ocultar sus innobles propósitos y edulcorar las decisiones políticas que atentan al medio natural y a los símbolos identitarios del pueblo, con medios de comunicación y periodistas ligados al grupo que tergiversan la información para que aparezcan como razonables. Por supuesto, cada equis tiempo promocionan su imagen divulgando noticias acerca de su quehacer, que en nada se corresponde con la realidad.

Las prácticas clientelares y nepotistas de la maphia tejen una red que hace difícil la crítica sin generar enfrentamientos vecinales. Aún así, cuando la crítica surge, la maphia no duda en restringir las libertades y prohibir de facto el ejercicio de algunos derechos, entre ellos el derecho de reunión. A veces, incluso, con ofertas, que nadie puede rechazar, para que otros particulares no permitan las reuniones de grupos o asociaciones díscolas. Recurre a los dirigentes de su partido ligados a la maphia y a los cargos institucionales afines para que investiguen a cualquier disidente. Yendo más lejos aún, intenta la protección del poder judicial. En ese viaje que indistintamente traspasa la delgada línea de lo legal y lo ilegal, del dinero que entra y que sale de las arcas municipales y organismos dependientes, sin registro alguno, endeuda las instituciones que preside y gestiona. Pero de ello nadie sabe nada y los libros no aparecen. Sin pudor alguno también se aprovecha de las fuerzas de seguridad del Estado para acallar a quienes se atreven a expresar las protestas. En fin, la maphia en estado puro.

Sin embargo, como en la última intentona la concejal se mantuvo íntegra y no aceptó la oferta, la maphia se quedó fuera de la alcaldía. Pero no quieta. Son muchos los intereses en juego y que hay que ocultar. Ahora desde la sombra, la maphia pergeña cómo controlar el poder municipal. Toca por allí y por allá. En silencio. Se producen movimientos en el equipo de gobierno; y alguno se pone nervioso. En el pueblo, el temor se palpa, se respira. La amenaza del regreso de la maphia a la alcaldía agita el aire invernal en estos crudos días de marzo.

¿Es de la novela de Saramago de lo que hablamos?  

La concejal de IU opina sobre las dimisiones en el equipo de gobierno.

DE LA ENVIDIA AL ERROR

Ante lo que está ocurriendo en Castril, no me puedo quedar callada; y quiero dejar aquí una reflexión que seguramente levantará ampollas a uno y otro lado. No obstante, me parece justo hacer algunas aclaraciones.

Es sorprendente observar cómo la envidia puede llegar a provocar los mayores errores del ser humano y confundir a las personas, hasta el punto de no diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Eso es lo que está ocurriendo en Castril.

Es tanta la envidia que tiene el anterior alcalde sobre la pérdida de poder en Castril, que está utilizando un grave error cometido por Miguel, que a mi modo de ver ha sido la “falta de escucha” Creo que Miguel se ilusionó sobremanera al obtener la alcaldía y no ha sabido darle el sitio que le corresponde a cada concejal, incluida a mí misma. Incluso, no voy a dejar de reconocer, en ocasiones ha sobrepasado los límites del respeto hacia las personas, tal vez porque ha pensado que ser alcalde le daba permiso para hacer y deshacer a su antojo. Volvemos al error de siempre: se antepone el individuo frente al colectivo, cuando esto debería ser al revés.

Personalmente debo decir que Isabel y Andrés tienen sobradas razones para estar enfadados con Miguel, incluso yo también las tengo, pero jamás le voy a abrir una puerta a un ser tan malévolo como Jose Juan, que ha utilizado el poder para vengarse de la gente que no ha bailado su música. No dudo de la integridad de Andrés ni de Isabel: es más, me gustaría que dejaran ya de meterse con ellos y de hacer suposiciones y críticas absurdas, creo que tenemos que aprender a respetar la diferencia. No obstante, a quien sí le pediría que dejara de “encismar”, es al anterior alcalde, que sabe muy bien aprovechar una debilidad o una situación de alejamiento para colarse con piel de cordero y alma de lobo. Cuánta empatía muestra ahora con el enfado de Isabel o de Andrés, mientras que durante su mandato se hacían las cosas autoritariamente y sin rechistar. ¿Se puede ser más cínico?

Por último me gustaría decirle a Isabel y Andrés que tengan calma, que esto no va a ser así siempre,  y que no podemos permitir que la envidia de otro utilice el enfado que podamos tener y abocarnos a tomar decisiones en una dirección equivocada. No olvidemos que muchos están deseando que así sea. Cada cual tendrá que pagar lo que le corresponda en su momento.

Vamos a conceder el beneficio de la duda a Javi, a ver si esto toma otro giro, pero sin darle pie al asuntero  del cantón….que ahí me espera a mí lo más grande, ya lo veréis.

Alicia López Moreno

-Concejala de Izquierda Unida-