La Junta hace aguas en Castril: el trasvase, la central hidroeléctrica, nuevos regadíos. El Constitucional le niega competencias sobre la CHG.

El pasado día tres de febrero, el tribunal Supremo ordenó la inmediata paralización de las obras del trasvase del río Castril a Baza. Lo hizo porque estas obras estaban amparadas en un decreto gubernamental declarado nulo de pleno derecho, el RD 14119/2005, por el propio tribunal. La publicación en BOE se hizo con fecha de 1 de marzo de 2010. Desde entonces, y a pesar de estar advertidos, las obras prosiguieron tratando de ejecutar el máximo de ellas, con los antidisturbios tomando la población de Cortes impidiendo las movilizaciones ciudadanas. Ello sucedió antes de que una nueva decisión judicial frenara sus ilegales y especulativos planes sobre el río Castril. Un día después del auto del Supremo ordenando la paralización, las máquinas iniciaron su retirada.

La obcecación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contó con el beneplácito de la Agencia Andaluza del Agua, de la delegación de Medio Ambiente y del ministerio de Medio Ambiente. La Junta, que tiene las competencias en protección ambiental, eludió responsabilidades derivándolas al ministerio. Desde el ministerio (las obras se aprobaron dependiendo la CHG del ministerio, antes de ser transferido a la Junta) alegaban contar con el visto bueno de la Junta. Ignoraron las irregularidades y carencia de cobertura legal del trasvase por plegarse a intereses economicistas y para enmendar viejos errores debidos a la mirada estrecha y desarrollista de antiguos responsables de la CHG, que les llevó a la construcción del pantano del Portillo y a transnochados planes para unir pantanos, con vistas a la puesta en regadío de las comarcas de Huéscar-Baza. La incompetencia política mostrada por los responsables que heredaron esa situación es más que manifiesta.

La CHG nunca ha tenido los directivos que hicieran de este organismo regulador de las aguas del Guadalquivir un modelo de gestión planificada desde la sostenibilidad, con transparencia e imparcialidad. Nunca hemos visto esos directivos competentes y nunca hemos visto esa deseada gestión. Pero desde que se transfirieron las competencias a la Junta de Andalucía, pasando a depender de la Agencia Andaluza del Agua, la ineficacia, falta de transparencia, enchufismo, arbitrariedad, fraude y presunta corrupción han presidido sus actuaciones. Algunos directivos están imputados de delitos contra el Medio Ambiente, y otros lo estarán próximamente. En el juzgado de Huéscar se tramita la denuncia por la muerte de truchas ocasionadas por la reducción de caudal en el río con motivo de las obras en el embovedado. Por otro lado, el gerente de la Agencia tendrá que dar explicaciones sobre la ocultación y tergiversación en la información requerida para las obras del trasvase del río Castril. También tendrá que responder del porqué continúan las obras de la central hidroeléctrica dentro del conjunto Histórico de Castril sin los preceptivos permisos y estando advertidos de ello. Las causas están abiertas y veremos qué sucede en el futuro. Otras nuevas denuncias irán abriéndose paso para exigir responsabilidades y limpiar la Agencia Andaluza del Agua y la CHG, convertidas en Granada en una particular cortijada del PSOE, donadora de favores a los amigos políticos que tienen intereses en la explotación de recursos hidráulicos en la provincia.

Pero la irresponsabilidad, incompetencia y maquiavelismo ejercitados desde la Agencia va más lejos. Llevan años engañando y desviando la atención sobre la aprobación de los nuevos regadíos en Castril. Con la complicidad del alcalde de Castril han venido utilizando la concesión y aprobación del proyecto con exclusivos intereses electorales y/o para desactivar las movilizaciones contra el trasvase. En realidad, no sabemos si hay voluntad real de aprobar esos regadíos. La última vez que denegaron la aprobación del proyecto de nuevos regadíos lo hicieron autoinculpándose de errores (véase entrada del 29-10-10) en la tramitación y exposición pública del proyecto. La tarea pendiente aquí es grande, pero no parece que, mientras los gestores políticos sean los actuales, pueda solucionarse definitivamente.

Ante tanta ignominia, que directamente nos afecta al pueblo de Castril en temas delicados y de vital importancia para el pueblo, la noticia del Constitucional anulando el art. 51 del Estatuto de Andalucía, que otorgaba la gestión de la CHG a la Junta, y que obliga a la devolución o traspaso de competencias de la CHG al ministerio de Medio Ambiente, las reacciones han sido diversas y encontradas.

Recibida la noticia, lo primero e inmediato que dijimos: ¡se les acabó el cortijo! Los jefecillos de la Agencia Andaluza del Agua ya no podrán seguir mangoneando. Nos vinieron a la cabeza los pozos ilegales, las responsabilidades de M. Quirante (exsecretario de aguas del PSOE) y J. Alcón en el pozo de la fuente de S. Juan, en la información que se nos ha ocultado o que pudiera estar manipulada, en las risas falsas e hipócritas de personajes que se mueven ufanos por los despachos, con la seguridad de que pronto se verán repletos de amigos/as de su partido o de atemorizados jóvenes mileuristas con contratos en precario. Pensamos en cómo afectaría al proyecto de reforma de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía y en cómo buena parte de sus planes han quedado chafados.

Pero más tarde, en un análisis tranquilo y sosegado, sin negar los beneficios de su devolución al ministerio, la reflexión nos condujo en otra dirección. Veamos:

Los criterios con los que se construye un Estado y las unidades político-administrativas que lo configuran tienen que ver con procesos históricos y con los intereses económicos, políticos e ideológicos de los grupos sociales que han dirigido esos procesos. Esas circunstancias hacen que en ocasiones frecuentes, las unidades políticos-administrativas o los propios Estados tengan poco que ver con las ecorregiones en las que los pueblos se asentaron. Evidentemente, se han producido aberraciones como los Estados construidos en África por el colonialismo, en donde los intereses se midieron con escuadra y cartabón. Pero no nos vamos a referir a ello. Pensamos en Andalucía. El río Guadalquivir, su cuenca, es el gran eje vertebrador de las tierras sobre la que el pueblo andaluz se ha forjado a lo largo de la historia, con una identidad que ha pujado por ser reconocida con desigual respuesta en momentos históricos diferentes (véase también entrada del 28-02-11). Si aceptamos esa realidad, hoy nos resulta difícil entender que el río Guadalquivir, que su cuenca y sus aguas, no puedan ser gestionadas para seguir alimentando y dando vida a lo que ha sido patrimonio natural del pueblo andaluz. Pero lo cierto es que, en la actualidad, partes mínimas de la cuenca hidrográfica pertenecen a territorios de otras comunidades. Podemos no comprender por qué ello ha sido así; pero lo es.

A partir de ahí, tampoco podemos asumir que desde Andalucía no pueda gestionarse el agua de la cuenca por más nefastos que sean los gestores que de ella se han hecho cargo en los últimos años. La disyuntiva que se nos presenta podríamos visualizarla con la weberiana distinción entre la ética de la convicción (actuar de acuerdo a principios) y ética de la responsabilidad (poner el énfasis en las consecuencias previsibles) que ha estado presente en tantas decisiones políticas. Como se rememoró el pasado 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, cuando se debatieron en los inicios de la II República el derecho a voto de la mujer, también hubo muchas voces que aunque en principio asumían el derecho al sufragio universal, se inclinaron por negar el voto femenino por las consecuencias políticas que podría suponer (y así sucedió). Sin embargo, hoy no negamos que aquello fue un hecho histórico y la restitución de un derecho inalienable. ¿Nos encontramos en una situación parecida con la gestión de la cuenca del Guadalquivir? En nuestra opinión, entendiendo a quienes apuestan por la responsabilidad, y en ese sentido he leído declaraciones de compañeros/as ecologistas, la gestión no puede dejar de ser andaluza. En la situación actual habrá que crear figuras de cogestión con participación de las comunidades (Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia) con áreas integradas en la cuenca del Guadalquivir. La forma jurídica y su engranaje constitucional tendrá que estudiarse. Pero sobre todo, hay que salvar que las decisiones sobre el río Guadalquivir no sean tomadas a las espaldas del pueblo andaluz. Sus dirigentes políticos merecerán nuestra reprobación, pero son efímeros. El pueblo y su río, no. Por ello, pensamos, debemos dejar abierta una ventana a la esperanza.

Las carreteras empeoran, el colegio no se construirá, el agua que bebemos sigue siendo vomitiva. ¿Y el alcalde? Difamando, que algo queda.

Esa es la realidad. Llegan las elecciones y los partidos gobernantes se lanzan a la desesperada a vender imagen. El alcalde de Castril, como no iba a ser menos, aprovecha la servil disposición de periodistas al servicio de su partido para, de una parte, correr un tupido velo sobre los fracasos en proyectos con los que había cimentado buena parte de la legislatura que termina y, de otra, magnificar aquellos otros que se corresponden con la ineludible gestión municipal de los presupuestos y las subvenciones recibidas como sucede en cualquier municipio, sea del color político que sea.

Ahora sabemos que el colegio, que según fuentes municipales ya tenía el proyecto aprobado y las obras empezarían en junio, tampoco se construirá este año. El convenio al que han llegado la Diputación granadina y la consejería de Educación, según el cual la Diputación prestará a la Junta 15 millones de euros para mejoras en instalaciones escolares en unos nueve municipios de la provincia, excluye a Castril. No deja de ser sorprendente que dos adalides del trasvase del río Castril a Baza, como han sido Caler, presidente de la Diputación, y de la Chica, consejero de Educación y, antes, secretario provincial del PSOE en Granada, se hayan puesto de acuerdo para que Castril no sea uno de los pueblos beneficiados con la construcción de las nuevas instalaciones escolares. El ayuntamiento y el alcalde deberían dar explicaciones. La dirección del centro, la AMPA y el consejo escolar tendrían que pedirlas.

Las carreteras, conforme ha ido pasando el invierno, han empeorado su estado. Especialmente llama la atención la carretera dirección Pozo Alcón. Se encuentra cerrada la variante de la CHG y la parte de la carretera de la Junta, por la zona afectada por las obras de la central hidroeléctrica (obras que se encuentran denunciadas), ha estado cerrada temporalmente en numerosas ocasiones. Así, no queda más remedio que circular por la carretera que discurre al lado del pantano, con el lamentable estado de desprendimientos y baches que van aumentando día tras día, como puede apreciarse en la foto.

La carretera dirección Benamaurel ha ido empeorando hasta el punto de que baches, como el que también se aprecia en la foto, están ocasionando más de un accidente e incontables averías en los automóviles. Nadie se responsabilizará de ello. Pero algunos, como el alcalde, dirá que tenemos unas buenas infraestructuras (o al menos eso decía en el álbum-programa de fiestas).

Con respecto al agua de consumo, vamos a recordar algunas cosas: obligaron al vecindario a que se instalasen contadores. Lo hicieron a pesar de los derechos históricos del pueblo de Castril para disponer del agua de consumo. Esa agua, la de las fuentes públicas y la escasa que llegaba a las casa hace unos años, era agua que por acequias retornaba al río sin apenas afectar a la calidad y al caudal del propio río. En la actualidad, debido a los productos que se utilizan en los hogares, sí que hay que depurarla. Para ello, hace unos años, se instaló un depuradora de la que nadie sabe cuándo está en funcionamiento. Lo cierto es que gran parte del año, los vertidos de aguas residuales llegan al río sin depurar.

¿Pero cómo es el agua que se bebe? La que llegaba del arroyo Juan Ruiz era de buena calidad; había cortes continuos pero el agua era buena. Decimos “era” porque la que actualmente consumimos proviene de la fuente de Tubos. Y es vomitiva por su sabor y, sanitariamente, a la vista de las numerosas infecciones gastroinstentinales que afectan a tantas personas del pueblo, dudamos de su potabilidad. Hay días, sin embargo –para arreglarlo-, que por su extraordinario olor a cloro, no queda más remedio que recurrir al agua envasada. ¿Por qué no se arregla de una vez las infraestructura para abastecimiento desde el arroyo Juan Ruiz, sustituyendo además la actual y deteriorada tubería de fibrocemento por una homologada y sin efectos perniciosos para la salud humana, de manera que no se produzcan más las roturas que suceden en la actualidad? Beber del agua de Tubos, en las condiciones actuales, supone un salto hacia atrás en el tiempo, algo que creíamos ya superado.

No hace mucho anunciaron las subvenciones para arreglo de caminos, pero, ¿a qué se espera? Su deterioro va en aumento: llegar a la dehesa es todo una odisea, para ir al cementerio hay que dar la vuelta por la cooperativa, circulando por la cuesta Mª Alonso te arriesgas a que el camino se derrumbe y caigas en los bancales ladera abajo, etc. Pero en fin, todos estos problemas no deben ser tan importantes para el alcalde como para ocuparle el tiempo y la atención que dedica a desprestigiar a las personas que defienden el río Castril, es decir, a sus demonios de siempre. Veremos qué sigue inventando en este período electoral.

No hubo amenazas ni insultos homófobos por parte de ecologistas de Castril. Ni fue ni puede ser posible desde el ecologismo.

En los últimos días, diferentes medios han difundido la noticia de que ecologistas de Castril han amenazado e insultado al alcalde. La fuente de esta noticia parece ser que ha sido un comunicado y/o informaciones emitidas por el propio alcalde.

Lo primero que nos sorprende es que estos medios no hayan tratado de contrastar lo ocurrido con la versión de la otra parte. Así, hubieran sabido que la celebración por la paralización del trasvase ordenada por el T. Supremo se realizó en un lugar próximo al río; que allí fue donde se lanzaron la mayoría de los cohetes y que un reducido grupo de personas, una vez acabado el encuentro, se fueron a la plaza a lanzar los escasos cohetes sobrantes. También hubieran sabido que en ningún momento se amenazó a nadie ni se corearon frases despectivas o de contenido homofóbico. Y también –sorpresa- sabrían que la celebración no era de ecologistas sino de personas que han estado oponiéndose al trasvase.

Entre las personas que asistieron al encuentro, qué duda cabe, se encontraban ecologistas, como en las múltiples y masivas manifestaciones contra el trasvase del río. Y es ahí donde cobran sentido estas acusaciones a ecologistas de Castril: se trata de una cortina de humo lanzada para desviar la atención de las recientes noticias sobre la paralización del trasvase; de las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse del hecho de haber mantenido la ejecución de las obras careciendo de cobertura legal y habiendo estado advertidos de ello. El propio alcalde de Castril se encuentra en esa situación.

No es nada nuevo. Esas cortinas de humo son algo recurrente en el alcalde de Castril y, casi siempre, vienen acompañadas de una demonización de personas o grupos ecologistas a los que acusa de ser responsables de sus propios fracasos.

Nos gustaría, eso sí, que el ecologismo fuese ese nuevo fantasma que recorriera Europa, y todo el planeta; que su visión del mundo y proyección política fuese una realidad vivida en cada vez más países. Por ello apostamos y sometemos al debate nuestros planteamientos, lo hacemos con la fuerza de la razón y la firmeza de las movilizaciones. Sabemos que las fuerzas que apuestan por el desarrollismo capitalista (o socialista, si lo hubiere –fuera China tal cosa-), hoy por hoy, continúan imponiéndose. Pero de vez en cuando nos llega alguna alegría, como la paralización del trasvase del Castril.

Ser ecologista no es sólo defender que la relación ser humano-naturaleza se produzca de una forma respetuosa y equilibrada, entender el planeta como un ecosistema, mantener la diversidad biológica. Ser ecologista es también defender la diversidad cultural. La cultura, al fin y al cabo, es el medio por el que los seres humanos se han adaptado al entorno. La pluralidad de este ha ocasionado la de aquel. Y las culturas no son monolíticas: sufren modificaciones a lo largo de la historia por la propia acción de los individuos que en ella viven; por nuevas necesidades de adaptación, por la humana capacidad de invención y anticipación. Individuos y pueblos que deciden cómo organizar la sociedad y qué formas de interaccionar con el medio. Precisamente, el reconocimiento de esa capacidad de interlocución, de argumentación racional, de decisión y de cooperación, es lo que otorga dignidad a todos y cada uno de los seres humanos, con sus diferencias culturales y personales.

Para el ecologismo, esas diferencias culturales y personales, la identidad social y personal son enriquecedoras y facilitan el mutuo aprendizaje. La identidad personal, con el reconocimiento de su dignidad, representa la condición que impide la instrumentalización del ser humano, de cada uno de ellos. La exclusión o la discriminación, en la variante que sea, como sexismo o heterosexismo, como racismo o xenofobia, etc., atentan contra esa identidad y su dignidad. En el ecologismo nunca se ha admitido que las diferencias personales den lugar a relaciones de subalternidad, de exclusión o desprecio. Ni en Castril, ni en ninguna otra parte del mundo. Contra lo que otros digan.

La Plataforma pide ante la fiscalía que se depuren responsabilidades entre las administraciones por permitir que continuaran las obras del trasvase.

Publicada la sentencia del Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, por el cual el Gobierno adoptaba una serie de medidas para combatir la sequía, el trasvase del río Castril dejó de tener cobertura legal. Inmediatamente después de su publicación en BOE (1-3-10), la Plataforma informó e instó a las administraciones implicadas a que procedieran a la paralización de las obras. Entre las administraciones informadas se encontraban los ayuntamientos por cuyos términos transcurren las obras, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Subdelegación de Gobierno, delegación provincial de Medio Ambiente, etc. Ningún organismo tomó en consideración la advertencia de la Plataforma y las obras del trasvase prosiguieron.

Es más, el ritmo de ejecución de las obras se incrementó, e incluso se recurrió a las fuerzas antidisturbios para impedir que las reclamaciones de los agricultores, ajustadas a derecho, pudieran evitar la acelerada continuación de las mismas. El objetivo siempre nos pareció claro: pretenden una política de hechos consumados, es decir, acabar lo más pronto posible antes de que se produjera un nuevo pronunciamiento judicial. A esto se le puede llamar cualquier cosa, pero, nos parece, que no puede decirse que no obraran de mala fe.

Lo han intentado, pero no les ha dado tiempo. El Tribunal Superior ha ordenado la inmediata paralización cuando aún queda un importante porcentaje de obra sin acabar (véase entrada del 21 23 de febrero). Quedan varios kilómetros entre los que hay pendientes de ejecutar tanto en Cortes como en Castril. Hay arquetas sin instalar y los temidos cruces del río no se han efectuado. La mayor parte del conjunto Histórico de Castril (figura BIC) se ha salvado y el monumento Natural de la Peña no ha sido atravesado. La estación de bombeo al pie del Jabalcón ha quedado sin construir.

Sin embargo, han sido también muchos los kms. de tierras afectadas: expropiaciones y ocupaciones de terreno, destrozos en cultivos y vegetación de ribera, caminos y acequias invadidos, tubería enterrada, etc. Y todo ello se ha realizado sin cobertura legal. No pueden alegar buena fe porque estaban advertidos desde primeros de marzo de que la obra en su conjunto había quedado fuera de la ley. Y continuaron con ella.

Por todo ello, se pedirán responsabilidades. Izquierda Unida las pedirá en el terreno político, las exigirán en las instituciones. Los Verdes y otras asociaciones también se han manifestado públicamente sobre ellas. La Plataforma acudirá a la vía judicial. Esta mañana, en la fiscalía, se ha dado el primer paso. Pero a estas iniciativas se sumarán otras. Es el momento de exigir justicia, que se depuren las responsabilidades políticas y penales, se proceda a la demolición de la obra y restituya el daño ambiental causado, que se indemnice a los agricultores/as afectados.

La defensa del río Castril es el mejor homenaje a Blas Infante que podemos hacer en este día de Andalucía.

Está ampliamente reconocido que el Guadalquivir es el gran eje vertebrador de Andalucía. Este río ha configurado históricamente la vida de los pueblos que de sus aguas viven, tanto en su cuenca como las sierras que lo alimentan, delimitando la ecorregión andaluza. Otras subcuencas que penetran en el Guadalquivir, repartidas por la geografía andaluza, han dado vida a comarcas y pueblos contribuyendo a la generación de vínculos de identidad distintos entre sí.

Andalucía, derrotada política y militarmente hace cinco siglos, perdió su tierra, su patrimonio natural y cultural. Sus hijos e hijas quedaron mayoritariamente convertidos en mano de obra, fuerza de trabajo empleada en la agricultura y, también después, exportada a la industria de otras zonas del Estado, europeas o latinoamericanas. Pero el paisaje andaluz, sierras y ríos, agricultura y acequias, y una cultura subalterna figuraban en el imaginario simbólico andaluz. Lentamente y tras el abandono de la agricultura por terratenientes que buscaron mayor rentabilidad en otros sectores económicos o que, simplemente, agotaron sus propiedades para mantener su nivel de vida, familias de pequeños agricultores emergieron reivindicando el derecho a vivir en los pueblos andaluces. Pocas familias porque la emigración despobló masivamente las tierras andaluzas. Entre quienes en ella se quedaron, un gran porcentaje se refugió posteriormente en el sector servicios de las zonas costeras.

A la par, los factores culturales, que acompañaban a las inversiones capitalistas foráneas, debilitaron los elementos propios de la identidad andaluza que sólo de manera subalterna pervivían en la memoria del pueblo andaluz. Blas Infante (“Ideal Andaluz”, 1.914) se había dado cuenta de que un pueblo desposeído de su patrimonio, que no pudiera disponer de sus recursos, tendía al olvido y la pérdida de identidad. Aquello que empezó con la derrota en los siglos XIV-XV, se aceleró durante el siglo XX con la expansión del capitalismo y la nueva división social del trabajo.

La propuesta de Blas Infante, en un momento en que la gran mayoría del pueblo andaluz eran trabajadores y trabajadoras del campo que carecían de propiedad, en que la propiedad de la tierra se concentraba en unas pocas manos de terratenientes que por herencia habían recibido de aquellos nobles que conquistaron al-Ándalus y donde los trabajadores/as eran explotados (cuando las tierras no estaban ociosas, improductivas o dedicadas a la caza por sus propietarios), siendo sometidos a unas duras condiciones de existencia y miseria económica y social; en esas condiciones, para recuperar esa identidad perdida y como condición previa, el pueblo desposeído tenía que apropiarse de la tierra, del patrimonio expoliado y enjenado. (¿Quién puede identificarse con las propiedades e intereses del señorito?). La identidad andaluza será una realidad en la medida en que se avance hacia la apropiación del patrimonio natural y cultural andaluz.

El desarrollo del capitalismo y la división social del trabajo han provocado la caída del valor de la agricultura tradicional y la tierra destinada a esos usos. Ello ha propiciado que en muchos pueblos andaluces hayan surgido agricultores que han accedido a la propiedad de pequeñas parcelas con rentas propias de economías de supervivencia. Esa es la realidad de pueblos como Castril y Cortes.

En este 28 de febrero, día de Andalucía, ¿cómo sentirse andaluz en Castril y Cortes? Defendiendo la identidad del pueblo, sus recursos, su patrimonio natural y cultural, su río. Defendiendo lo que permite que los pueblos no sigan la lógica implacable del desarrollismo capitalista. Lo que permite que la emigración hacia el levante, hacia la construcción (hoy imposible) o los servicios no sean el único futuro de las familias castrileñas y cortesanas. El río Castril ha configurado históricamente la peculiar forma de vida de ambos pueblos. El agua de su río ha sido y es fuente de riqueza; la trama ecológica y la agricultura que alimenta y sobre la que ha girado la vida de las familias, ha impulsado lentamente el acervo cultural y simbólico de ambos pueblos, el río es identidad y memoria en la historia pasada y presente.

La noticia del Supremo del día 21, ordenando la paralización inmediata del trasvase, ha sido un adelanto de la celebración del día de Andalucía en Castril y Cortes. Sea por ellos.

Se retiran las máquinas. Júbilo en Cortes, satisfacción en Castril.

Tras el auto del Supremo en que se ordena la paralización de las obras del trasvase, los miembros de la Plataforma, acompañados por el abogado que los representa, se han personado en las oficinas de las Agencia Andaluza del Agua para dar cuenta del auto del Supremo y pedir que, en consecuencia, se procediera a la paralización de las obras y detuviera el proceso de expropiaciones.

Posteriormente han acudido al lugar donde se estaban efectuando los trabajos en el pueblo de Cortes para cerciorarse del cumplimiento del auto judicial. El resultado de estas visitas no se ha hecho esperar: ayer por la tarde se retiraron las máquinas. Y esta misma mañana han dejado de trabajar en la estación de bombeo que desde el pie del cerro Jabalcón pretendía elevar las aguas del río Castril.

Rápidamente se han extendido las muestras de júbilo entre la población de Cortes. También la noticia ha llegado hasta Castril donde, poco a poco, el conocimiento de la decisión del Supremo así como la retirada de la maquinaria, ha ido dejando muestras de satisfacción entre una población que vivía con rabia el secuestro de su río con la aquiescencia de su alcalde.

En Castril se ha evitado el daño que hubiera supuesto los cruces del río, atravesar con las tuberías parte del conjunto histórico hasta la cerrada, donde provisionalmente se iba a instalar el punto de captación, atravesar el monumento natural de la Peña hasta alcanzar la presa del Portillo. Asimismo han quedado sin ensamblar ni enterrar centenares de metros de tuberías y la instalación de arquetas. En Cortes son varios los kms. en los que la tubería no ha sido enterrada, se han evitado los cruces del río y la estación de bombeo ha quedado sin construir. El destrozo en la vega, en los cultivos y en la vegetación de ribera ocasionados en Cortes y una parte en Castril, se han efectuado una vez que habían sido advertidos de la situación de carencia de cobertura legal al haber sido declarado por el Supremo nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, el decreto del Gobierno que amparaba la ejecución de estas obras; es decir, en clara situación de ilegalidad.

A pesar del contento generalizado de estos momentos, hay que continuar con las exigencias pendientes y reclamadas: la retirada de los tubos, la restitución del daño ambiental ocasionado y la indemnización a los agricultores/as afectados/as. A la par, se continuarán con las acciones emprendidas por la vía penal. Y las que vendrán. No olvidemos que en clara situación de fuera de ley se ha utilizado la fuerza pública para acelerar los trabajos pretendiendo acabar la obra antes del pronunciamiento de los tribunales. No olvidemos las acusaciones y denuncias a supuestos promotores de conspiraciones y reuniones ilegales, el envío masivo de multas, las descalificaciones en prensa, las investigaciones (¿pinchazos de teléfono?) y seguimiento sobre personas de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, etc. Ello no puede quedar impune. Todo ello ha sido realizado contra quienes se amparaban en el derecho recogido en el ordenamiento jurídico y, también, en el legítimo derecho de los pueblos a defender su identidad.

El auto del Supremo ordenando la paralización de las obras es consecuencia de la prepotencia y arrogancia de los poderes públicos y del Gobierno. El informe del Defensor del Pueblo (véase entrada del 20-2-11) pone de manifiesto las falsedades y mentiras sobre las que se ha pretendido este proyecto de trasvase. Era evidente lo innecesario e irracional del trasvase, pero para los partidarios del desarrollismo capitalista, las plusvalías, la especulación y el dinero fácil entre quienes ostentan el poder y entran en juego sus intereses, lo justifica todo. Pero hoy, desde Castril y Cortes, se ha puesto un freno a su ambición.

El Tribunal Supremo ordena la inmediata paralización de las obras del trasvase.

El Tribunal Supremo, en auto del 4-02-11, notificado el 21 de febrero, ordena la inmediata paralización de las obras del trasvase por petición de ejecución de sentencia a instancias de la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

El Supremo ha confirmado lo que desde este blog, desde la Plataforma por la Defensa del Río Castril, Ecologistas en Acción y asociaciones que buscan modos alternativos de vida y compatibles con el medio ambiente veníamos reclamando: que el trasvase carecía de cobertura legal una vez fue declarado nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. No es que fuese sólo una aberración ecológica, es que además de irracional e innecesario era ilegal.

Ilegales son las obras ahora paralizadas como las expropiaciones que se hicieron también al amparo del decreto declarado nulo de pleno derecho. El Supremo pide la paralización inmediata de esas expropiaciones. Por tanto, los agricultores y agricultoras injustamente reprimidos y desalojados de sus tierras, podrán volver a ellas.

Es la hora de la justicia. Es el momento de pedir la demolición de la obra y de pedir responsabilidades a todos los que se situaron fuera de la ley, a los que se aprovecharon de su poder institucional, a los que despreciaron el derecho utilizando la red de poderes que su posición política les permite manejar. Y también, cómo no, a los títeres mediáticos que despreciaron e insultaron a los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que luchaban por su identidad, su patrimonio, su río.

Desde aquí, un fundido abrazo. La lucha continúa.