El Defensor del Pueblo cuestiona los informes de la CHG sobre la necesidad del trasvase e insta a que se responda a las alegaciones de la Plataforma.

Hace unos días que han empezado a llegar, desde la oficina del Defensor del Pueblo, cartas de contestación a las quejas emitidas por numerosos vecinos/as de Castril y Cortes de Baza así como de la Plataforma por la Defensa del Río Castril. De esta contestación destacaremos lo siguiente:

En primer lugar, recoge y transcribe la información que la Confederación hidrográfica del Guadalquivir (CHG) le facilita para justificar la necesidad del trasvase del río a la localidad de Baza y otros pueblos colindantes. En ella vuelve la CHG a insistir en que la emergencia del proyecto viene avalada en el RD 1419/2005, el decreto gubernamental que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Y acerca de la necesidad del trasvase, repite viejos argumentos sobre la disminución de caudal de fuentes y manantiales de los que se abastece la población bastetana, así como que la salinidad del agua en la cola del Negratín (donde desemboca el río Castril) desaconseja la captación en ese punto. Asimismo insiste en la ausencia de impacto ambiental de las obras.

Estos argumentos, que ya han sido ampliamente refutados por la Plataforma o Ecologistas en Acción, la oficina del Defensor del Pueblo también los pone en entredicho. Sostiene el Defensor del Pueblo que no ha habido una planificación racional de los recursos en Baza, como pone de manifiesto la autorización de nuevas concesiones, la permisividad respecto a las extracciones ilegales o la no restricción de las aprovechamientos existentes. Ello no es coherente con una utilización racional de los recursos naturales y el principio de prevención, contemplado en el artículo 45 de la Constitución. Tampoco la urgencia exime de esas otras medidas ordinarias que pudieran evitar una agresión irracional contra la naturaleza, porque el proyecto de trasvase, contra lo que afirma la CHG, sí tiene afecciones ambientales y, aunque la zona afectada careciera de figura de protección, también tiene que ser protegida. Para el Defensor del pueblo, el proyectado trasvase puede hacerse si está justificada su necesidad, y si no hay soluciones mejores socioeconómicamente y ambientalmente, y si se minimiza su impacto.

En esos tres condicionales está la clave. ¿Ha habido o hay necesidad? Según el Defensor, ni ha habido desabastecimiento, ni por el estado de los acuíferos, ni por las concesiones otorgadas o los pozos ilegales, etc. hay peligro. Y la sequía ha desaparecido. La necesidad de agua, por tanto, no está verificada. Cita literal: “Esta defensoría no estima ajustado al Ordenamiento Jurídico ejecutar una obra pública (con impacto ambiental pues todas la tienen como hemos argumentado más arriba) por una presunta necesidad no verificada sino potencial, de garantizar el abastecimiento en circunstancias futuras. Habrá que justificar que esa necesidad de garantizar el abastecimiento existe, porque de lo contrario habrá un daño al medio ambiente que no encuentra justificación ni está amparado en nuestro Ordenamiento”.

Respecto a las soluciones mejores económicamente y ambientalmente, el Defensor plantea la necesidad de una evaluación estratégica, no de impacto de proyectos ya elegidos, sino de distintas soluciones, comparando consecuencias, e incluso la de no realizar obra alguna. “Las decisiones públicas (…) han de elegir la mejor de las diferentes soluciones estratégicas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses desde una perspectiva global e integrada, incluida la de no hacer nada, pues la evaluación debe poder decidir que el entorno quede inalterado”. Por ello, concluye “Lo contrario es una suerte de permiso para impactar”.

Precisamente, la reconsideración del proyecto alternativo, consistente en la captación del agua –siempre en caso de necesidad, cosa que a fecha de hoy no ha quedado verificada- desde la desembocadura del río en el Negratín (o en el mismo embalse, como hacen desde Almanzora) es en lo que contínuamente insiste la Plataforma y que propone en la negociación tantas veces demandada.

Por último, también el Defensor, a la vista de los errores y omisiones existentes en el proyecto respecto a lo que realmente se está ejecutando y se pretende ejecutar, según denunció la Plataforma, plantea la posibilidad de un nuevo análisis ambiental de las obras, a la vez que insta a la CHG y a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente, a que respondan a las alegaciones formuladas por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, así como las enviadas por la propia oficina del Defensor. En fin, un varapalo de sensatez a las administraciones. Lo que el Defensor del Pueblo pide, negro sobre blanco, es lo mismo que venimos demandando: sentido común, racionalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico.

Denunciadas las obras de la central hidroeléctrica del Portillo, en el río Castril, ante diferentes administraciones y judicialmente.

Una vez que se han iniciado las obras de la central hidroeléctrica en la presa del Portillo, en el río Castril, y ante la carencia de los permisos necesarios así como la acumulación de vertidos y deshechos de obra en varios puntos, todo ello en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como es el conjunto histórico de Castril, la Plataforma ha denunciado las obras y los vertidos ante el juzgado de Huéscar por un presunto delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

También ha advertido de la situación de irregularidad de dichas obras a la delegación de Cultura, a quien se le ha recordado la necesidad de que las obras dispongan de los informes favorables de la comisión provincial de Patrimonio Histórico. Por otro lado, al ayuntamiento de Castril ha enviado un escrito de denuncia en el que pide la inmediata paralización de las obras y la incoación, instrucción y resolución del oportuno expediente sancionador.

Puede verse más información pinchando en la etiqueta "central hidroeléctrica", o en la entrada del día 3 de diciembre de 2010.

A pesar de lo prometido, las instalaciones escolares continúan sin fecha de ejecución.

El curso pasado se nos anunció como inminente el inicio de las obras para un nuevo colegio. La situación lo demandaba, pues el actual data de hace alrededor de 50 años y, desde entonces, sólo ha sufrido ciertas mejoras para limitar el estado de deterioro que ponía en riesgo la seguridad de los escolares. Pero estas reformas paliativas no han impedido que se incremente la tendencia general hacia la caducidad final del conjunto de las instalaciones.

Desde la delegación de Educación en Granada ahora sólo sostienen que se está trabajando en el proyecto, cuando hace poco indicaban que el inicio de las obras estaba previsto para el mes de junio. Ante esta situación, el ayuntamiento, propietario de las instalaciones, tiene que ejercer su papel institucional exigiendo la aprobación presupuestaria del proyecto y su inmediata ejecución. A los miembros de la comunidad escolar también les corresponde tomar las iniciativas necesarias para que Castril, su colegio y sus niños y niñas, no sean un cuarto mundo incrustado en el mundo de los privilegiados.

Las instalaciones colegiales no garantizan ni cumplen las más elementales medidas de seguridad para el alumnado y los trabajadores/as del centro. A las filtraciones de agua, radiadores antiguos sin protección o puertas que abren hacia el interior, se une el deterioro de los materiales de construcción y, en general, el estado obsoleto del conjunto, incluyendo los patios. Ante esta situación, ni el ayuntamiento ni la delegación pueden mirar para otro lado. Los responsables de la comunidad escolar deben y pueden exigir la construcción inmediata de un nuevo colegio. El colegio actual es inseguro y no cumple con las exigencias preventivas contempladas en la ley. No puede esperarse un año más.

Sobreseídas las multas administrativas impuestas a las personas que apoyaron a los agricultores/as afectados por las obras del trasvase.

A finales de agosto y primeros de septiembre, numerosos vecinos y vecinas de Cortes de Baza, y también algunos de Castril, acompañaron a los agricultores/as de Cortes en el doloroso trance de ver cómo las máquinas penetraban en sus tierras ocasionando destrozos en sus cultivos. También talaron la vegetación de ribera situada por donde pretenden que discurra la tubería y la zona ocupada.

A la empresa se le advirtió de que carecía de cobertura legal una vez anulado el decreto gubernamental 1419/2005, que permitía la realización de las obras y a cuyo amparo se contrató la contrató, al igual que se realizaron las expropiaciones. Por lo tanto, a los agricultores/as no sólo les asistía el constitucional derecho de reunión en sus fincas, sino que estaban legitimados para reclamar el cese de las obras que se ejecutaban en sus tierras. Aquella presencia de personas en las riberas del río, en las que manifestaron sus quejas por lo que estaba sucediendo, acabó con la llegada de los antidisturbios, el control en los accesos al pueblo y las tierras afectadas, así como con el envío masivo de multas (entre 3.000 y 7.000 euros). Todo carecía de sentido, pues no había nada ilegal en ello. La única ilegalidad era la de la propia empresa ejecutora de las obras y la de la CHG como órgano promotor. Evidentemente, el ordenante del envío de las multas o de los antidisturbios, se estaba situando fuera del derecho y de la legalidad que asistía a los vecinos y vecinas de Cortes y Castril.

Finalmente, el subdelegado de Gobierno ha dado marcha atrás archivando las denuncias. Primero llegó el archivo de las personas multadas en Cortes y, hace unas horas, las de Castril. Era previsible, porque de contrario hubieran sido recurridas judicialmente. Y dudamos que algún juez hubiera apreciado algún signo de ilegalidad. Es más. Lo que ahora se preguntan muchas de las personas afectadas es, si entre las medidas adoptadas por los responsables gubernativos, no habría suficientes indicios para un presunto delito de prevaricación.

Es verdad que consiguieron su objetivo de desactivar en esos momentos las protestas sobre el terreno (era lo que perseguían). Pero eso no significa doblegar a un pueblo, a dos pueblos. Las movilizaciones continúan y continuarán. Desde los ámbitos judiciales a los político-institucionales. Y la vida de los pueblos es más larga, y su memoria más duradera, que la de políticos que tratan de medrar y/o con intereses especulativos. Ellos tienen fecha de caducidad. El plazo lo decide el pueblo, los pueblos.

El trasvase del río Castril será denunciado por Izquierda Unida en la Comisión Europea

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, en coordinación con el presidente de la Plataforma para la Defensa del río Castril, Miguel Ángel Ortiz, ha denunciado ante la Comisión Europea los daños irreversibles sobre la flora y fauna del entorno medioambiental del río que la ejecución de las obras para el trasvase de agua están produciendo. "Es inexplicable como estas obras siguen ejecutándose cuando su base jurídica hace tiempo que fue anulada por el Tribunal Supremo y existen además planes alternativos para el abastecimiento de agua a las poblaciones de Baza, Caniles y Zújar más respetuosos con este paraje natural que estas insostenibles e innecesarias obras" apuntó Meyer.

Meyer ha recordado a la Comisión que estas obras de trasvase de agua por entubamiento, aprobadas en diciembre del 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente bajo la declaración de "obras de emergencia", siguen ejecutándose sin amparo jurídico y pese al fin de la situación que las motivaba y los daños irreversibles que están produciendo en el entorno medioambiental del río.

Además, el presidente de la Plataforma para la Defensa del río Castril ha denunciado "una campaña de persecución contra los ciudadanos que nos hemos manifestado en contra de estas injustificables, ilegales e insostenibles obras de trasvase, habiéndosenos intentado negar derechos democráticos y constitucionales reunirnos como demuestran las denuncias interpuestas ante la Guardia Civil por delitos de reunión y manifestación."

"En los próximos meses acudirá una delegación a Bruselas para reunirse con la Comisión de Peticiones y denunciar este atropello medioambiental" afirmó Miguel Ortiz.

El eurodiputado de Izquierda Unida ha recordado a la Comisión de Peticiones, de la cual es vicepresidente, la existencia de una petición abierta desde el 2007 sobre el incumplimiento de estas obras de varias directivas europeas medioambientales y la urgente necesidad de acelerar los trámites de supervisión.

Además, el eurodiputado de Izquierda Unida ha recordado a la Comisión que las obras que ya se están ejecutando, no solo carecen de un estudio de impacto medioambiental, sino que además, recientemente, se ha pedido permiso a la Administración para variar el diseño de las obras inicial y cruzar el río en cuatro puntos.

Según la Plataforma para la Defensa del río Castril, esta alteración significativa del proyecto de trasvase "supone un serio agravamiento de las consecuencias medioambientales negativas y replantea la imperiosa necesidad de realizar un minucioso estudio de impacto medioambiental, que no se realizó en su día, y que demostrará el atentado medioambiental que se está cometiendo con este proyecto".

La campaña de recogida de aceituna entra en su fase final. Se espera superior a la anterior y con aceite de buena calidad.

Olivos que se agitan, ruidos varios de motosierras, columnas de denso humo que asciende lentamente delatando la quema del ramón, tractores que atraviesan caminos imposibles, sacos que esperan apoyados en cualquier bancal: es el paisaje castrileño de estos días.

Las tres almazaras se encuentran a pleno rendimiento. Anuncian que continuarán con ese ritmo todavía durante algunas semanas más. Probablemente hasta finales de febrero. La cosecha supera a la del año pasado, alrededor de un 20 % más, y en cuanto a su rendimiento, parece ligeramente inferior al 22 % obtenido en la anterior campaña. El aceite se presume de una calidad buena, quizá más suave que otros años, con lo que ya va a depender de los gustos personales el apreciarlo con más o menos intensidad.

Respecto a los precios, aún es pronto para aventurar cifras, pero esperemos que no suceda como empieza ya a ser habitual: que las grandes distribuidoras sean quienes los marquen, situándolos en niveles que difícilmente superan el umbral de la rentabilidad, especialmente si se han producido aumentos en los costes de producción.

El olivar es la principal fuente de riqueza en Castril, y de los ingresos económicos obtenidos en la venta del aceite, convencional y ecológico, dependen la mayoría de las familias agricultoras. Puede decirse que si la caída de población tiene una progresión decreciente, ello es debido, aparte de que con la actual crisis ha desaparecido el efecto llamada para pueblos del levante, a que el olivar fija un porcentaje determinado de población. Son ingresos añadidos y necesarios que, aunque no suficientes para que la renta media se eleve sobre el umbral de la pobreza relativa, sí permiten que cientos de familias puedan continuar viviendo en Castril a pesar de ser una comarca olvidada y económicamente deprimida. Tanto una caída del precio del aceite como el pretendido entubamiento del río para llevar el agua a zonas donde con ella pueda especularse y aporte mayores réditos, supondrían una fuerte hipoteca para la vida y el futuro del pueblo.

El borrador del plan hidrológico de cuenca prevee que el agua del Portillo se trasvase a la localidad de Baza.

En repetidas ocasiones hemos sostenido que el trasvase a la localidad de Baza no se justificaba desde ningún punto de vista. No sólo porque no existen problemas de abastecimiento en la localidad bastetana, sino que además siempre podían apostar por las alternativas del Negratín o la desembocadura del río, y todo ello sin el impacto ambiental de las obras y, lo que es peor, la degradación ecológica del río que supondrá la detracción del caudal para el trasvase. También habíamos advertido que la invención de esas supuestas necesidades no era más que una excusa para justificar otra aberración ecológica como fue la construcción del embalse del Portillo.

El Portillo se construyó a finales de los 90 del siglo pasado y hasta la fecha no ha tenido ningún uso. Bajo sus aguas quedaron ricas tierras de vega y parajes de un extraordinario valor, como las Alcantarillas. El ecosistema fluvial y la trama ecológica quedó separado por una barrera, la presa, infranqueable. Su enorme impacto afectó al hábitat de especies cuya vida depende e interactúa con el río. ¿Y todo eso para qué?

Nunca hubo un objetivo claro del porqué de dicho pantano. Primero se construía y, después, ya se vería la utilidad. Tras fallidas búsquedas (la última, para regadíos en Baza, rechazada por su enorme impacto ambiental), ahora, en el borrador del plan hidrológico, plantean que la función del pantano sea la de abastecer (consumo humano) la población bastetana. Encontraron la nueva justificación.

Pero según esto, el pantano no contempla tampoco otro uso. Es decir, que, en principio, tampoco sus aguas se utilizarán en los regadíos de Castril. Sorprendente. No es más que un borrador, pero eso es lo que en él se dice. Ignoramos entonces qué pretende la CHG con las demandas de nuevos regadíos. En fin, habrá que esperar a ver el definitivo plan de cuenca.