Empeora la situación de los caminos locales y vecinales.

El estado de las carreteras sigue en la lamentable situación que denunciábamos hace unas semanas (Véase entrada de 5-11-10). Entonces advertíamos de las dificultades añadidas que supondría la entrada del invierno. También llamábamos la atención sobre los caminos locales y vecinales. Han pasado las semanas, las lluvias se han prodigado y todo ha empeorado: El camino del cementerio se encuentra cortado por desprendimientos, un corrimiento lateral en la cuesta Mª Alonso, que desciende desde el pueblo hasta el río, puede provocar un serio accidente para el que transite por ese lugar (véase pinchando la foto), el camino de Tubos a la Puentezuela (con la zanja aún sin cubrir), los accesos a la dehesa, etc. En general, todos los caminos se encuentran en peor estado y dificultades incrementadas, y ello cuando más necesarios son por estar en plena campaña de recogida de aceituna.

Aunque las carreteras dependan de la CHG, la Junta de Andalucía y la Diputación granadina, no sucede así con los caminos locales y vecinales. El ayuntamiento debiera buscar soluciones definitivas para aquellos que son competencia suya y promover iniciativas en los demás. La seguridad en las comunicaciones debe ser prioritaria. Cualquier gasto y esfuerzo en prevención, en un año marcado por tantos accidentes, es una necesidad generalizadamente demandada. Que no llegue tarde.

La ausencia de noticias en la vida social y política no significa parálisis. En cocina se sigue trabajando.

Pasan los días y no se puedan avanzar noticias relevantes sobre los temas que están en el debate político-social del pueblo. Eso no quiere decir que no pase nada. Es más, de lo que no sucede, de lo que no pasa, de lo que no es noticia, en general, es de lo que más debiéramos preocuparnos. Porque ahí se encuentran los grandes interrogantes de nuestra existencia. Pero no hablaremos de esos grandes interrogantes, sino de aquellos que, en silencio, se cocinan en el día a día y que tratan sobre temas coyunturales que sí llegarán a ser noticia.

Una vez que la Agencia Andaluza del Agua desestimó el proyecto de nuevos regadíos para Castril, aduciendo defectos de forma -achacables al propio organismo-, las posibilidades quedaban reducidas a iniciar el proceso de petición de concesión de agua, lo que ha hecho la comunidad de nuevos regadíos, esperando que ahora los trámites respeten la legalidad y los plazos, y que, ya que se dispone del proyecto con las cautela ambientales recogidas, se supone que el proceso será más breve, o como ha propuesto la Plataforma, intentando abreviar aún más, que el proceso se retrotraiga al momento en que se incumplió el procedimiento de exposición, para desde ahí subsanar los errores. En cualquier caso, ambas propuestas tratan de conseguir el mismo objetivo. De lo que ya dudamos es de la voluntad real de la Junta de Andalucía. Después de tantas mentiras, pensamos que seguirán utilizando el tema como arma electoral y para que, como contraprestación, se acepte el trasvase de aguas del río Castril a Baza. Lo que suceda al final, contra lo que esperábamos hasta hace unas semanas, es, a día de hoy, una incógnita.

Respecto al trasvase, se sigue trabajando en los despachos. La justificación de que eran unas obras de emergencia, aprobadas por el Gobierno en RD 1419/2005, ha venido siendo la tesis oficial manejada para eludir los trámites de exposición y consulta que obligaba el procedimiento ordinario, tanto en lo que respecta al proyecto técnico, a la justificación del mismo, como a la contratación de la empresa, las expropiaciones o la necesidad de someterse al trámite de concesión de licencia municipal. La indefensión jurídica alegada por las partes afectadas siempre tropezaba en el mismo obstáculo: nada de ello era necesario al ser unas obras declaradas de emergencia por el Gobierno. Así ha constado en los informes oficiales de las administraciones y, también, en las instancias judiciales a las que se acudió denunciando las irregularidades del proceso. Escrito está en informes del Defensor del Pueblo, en resolución de la fiscalía y en un auto del juzgado de Huéscar. También responde en los mismos términos el director del Gabinete de la Presidencia de Gobierno a las quejas formuladas por los vecinos/as.

Sin embargo, una vez declarado nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005, en sentencia publicada el 1-3-10 por el T. Supremo, este argumento desaparece como justificación en los informes que tanto desde el ministerio como desde la abogacía del Estado remiten a los procedimientos administrativos o judiciales abiertos. La tesis desesperada a la que ahora se agarran para que no haya una sentencia condenatoria, se basa en algo inaudito. Pretenden que la emergencia fue declarada en una orden ministerial y que dicha orden ministerial es suficiente para dar legitimidad al proyecto. Pero dada la poca consistencia de este giro en la justificación de la aprobación de la emergencia, sostienen a continuación que aunque esta orden estuviera amparada en el decreto anulado, los actos administrativos derivados de la aplicación de este decreto habrían cobrado firmeza. Como si la orden ministerial, que es una disposición, fuese un acto administrativo.

En principio, lo que se deduce es que se pretende trasladar la responsabilidad en la entonces ministra de Medio Ambiente, C. Narbona. La pregunta que ahora nosotros nos hacemos es, ¿tiene competencias un ministerio para decretar la emergencia y aplicar las medidas que considere? ¿Puede el ministerio por sí mismo modificar el dominio público hidráulico? Según la ley de Aguas, sólo el Consejo de ministros puede autorizar dichas medidas.

Pero, para cualquiera que se interese y quiera documentarse respecto a esto, para su sorpresa, encontrará que dicha orden ministerial no ha sido publicada. ¿Puede una orden no publicada entrar en vigor? La ley de Procedimiento Administrativo sostiene que la publicidad en el medio adecuado (BOE en este caso) es un requisito indispensable.

En fin, esto, en parte –hay también otras cosas-, que no son noticia, es lo que con dedicación y constancia, se cocina en el día a día de la política local.

Otra amenaza para la vida del río Castril: Empiezan las obras de la central hidroeléctrica del Portillo.

Aprovechar la presa de un pantano para construir una central hidroeléctrica y producir energía, en principio, podría ser una iniciativa compatible con una concepción sostenible de la economía y los recursos. Plantearse la construcción de un pantano o de una presa con la finalidad de instalar una central hidroeléctrica es ya más que dudoso. Un pantano, una presa, siempre son intervenciones humanas que alteran el curso natural de los ríos provocando numerosas afecciones sobre el medio: inundan zonas de vega, modifican las condiciones del ecosistema, impiden los flujos de especies propias del hábitat de ríos y riberas, etc. Es posible que, extremando las cautelas ambientales, puedan reducirse los impactos hasta hacer considerar como medioambientalmente aceptables o necesarias algunas de estas intervenciones; algo poco frecuente, por no decir prácticamente nulo, en la mayoría de los casos.

Situándonos ya en el río Castril, acaban de iniciarse las obras de la proyectada central del Portillo, denominación del pantano sobre el río Castril. El pantano, ya de por sí, es una aberración ecológica que no se hizo más que con trasnochados criterios desarrollistas, económicamente injustificables y medioambientalmente insostenibles, respondiendo a la misma lógica de la mayoría de los pantanos construidos durante el franquismo. Lo más sensato, en estos momentos, hubiera sido plantearse un proyecto de recuperación integral del río, procediendo a la demolición de la presa. Ese sería el futuro más racional tanto para este pantano como para el de S. Clemente (sobre el río Guardal), también innecesario y antiecológico, y cuya absurda huella hemos heredado en la comarca de Huéscar.

Ahora bien, si partimos del hecho de que por ahora, salvo desde posiciones ecologistas, no se plantea la demolición, ¿puede darse utilidad a la presa con la instalación de una central hidroeléctrica? Si no se degradan y deterioran las condiciones en las que se desarrolla la vida del río, el ecosistema fluvial, los ecosistemas de ribera, y los derechos de los regadíos tradicionales se mantienen; si el proyecto ha cumplido con los preceptivos trámites de exposición y consulta, con las autorizaciones pertinentes, y si se han tenido en cuenta las alegaciones que en materia medioambiental se hicieron en su momento, especialmente por ACPES (Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur) incorporando las consiguientes rectificaciones y medidas correctoras, podría aceptarse.

Especialmente preocupante sería que no se respetasen los caudales ecológicos y las cantidades adicionales para los regadíos de Castril y Cortes. Estos caudales ecológicos, que deben mantenerse a lo largo del año y que fueron estimados por expertos universitarios en estudio dirigido por el profesor Alba Tercedor, lo sitúan aguas abajo del Portillo en cifras que oscilan entre los 1000 y 1.500 l/sg. (véase pinchando etiqueta “caudal ecológico”). A ello hay que añadirle el caudal necesario para regadíos. Sólo de esta forma puede garantizarse que el incremento de impacto, sobre el que genera la presa de por sí, sea mínimo. Lo que no puede aceptarse de la CHG es el caudal que inicialmente han propuesto, de 500 l/sg. Esa cifra no responde a ningún estudio y no es más que el agua que pretenden dejar cuando la central se encuentre en el período en que no está turbinando y tras descontar la cantidad del trasvase a Baza. Dicho caudal, que es menor que el caudal que dejaron cuando hicieron las obras en el túnel (560 l/sg.), con las consecuencias sabidas de muerte de truchas (véase pinchando etiqueta “obras en el río”), en lo que fue todo un ecocidio y por el cual están imputados dirigentes de la Agencia Andaluza del Agua, sería la muerte inmediata y definitiva del río Castril como río vivo.

No nos consta que se hayan tenido en consideración todas las alegaciones y cautelas medioambientales, como tampoco que las obras vayan a realizarse con el escrupuloso respeto a las normativas de protección ambiental y cultural así como de tipo urbanístico. Por ello, la Plataforma por la Defensa del Río Castril, en los próximos días, va tomar una serie de iniciativas conducentes a que las obras recién inauguradas se ajusten a dicha legalidad.

La fiscalía ve indicios de apariencia delictiva en el proceso seguido con el trasvase del río Castril.

Con fecha de 9 de junio de 2.008, la fiscalía de Granada archivó las diligencias abiertas a instancias de Ecologistas en Acción al entender que no se apreciaban indicios de delito según lo denunciado en aquellos entonces. En el decreto de la fiscalía se sostenía que las obras habían sido declaradas de emergencia acogiéndose al RD 1419/2005 por las que el Gobierno adoptaba diferentes medidas administrativas para paliar la sequía, con lo que contaban con habilitación legal para su aplicación con las consecuencias que de ello se derivan (aplicación del art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, ausencia de proyecto técnico, art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, etc.). Pero posteriormente a esa fecha, 1-3-2010, el Tribunal Supremo decretó nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. Desde ese instante, las obras del trasvase dejan de tener cobertura legal. Esa es la única conclusión posible a tenor del decreto de la fiscalía.

Pero además, nuevas irregularidades, tanto falsedades como omisiones, han aparecido durante la tramitación y ejecución del proyectado trasvase. Las obras que realmente se están ejecutando no se corresponden con los informes de la CHG. En ningún documento público decían que el río sería atravesado por la tubería en diferentes ocasiones, el diámetro real no se corresponde con el que aparece en los informes; además, afirmaban que las obras discurrirían fuera del valle fluvial. Asimismo negaban afecciones sobre la vegetación de ribera y omitían que el río Castril es Zona Piscícola Declarada así como que parte de las obras atravesarían el Conjunto Histórico de Castril, una de las figuras Bien de Interés Cultural. Nadie, ninguna parte interesada y afectada pudo alegar nada contra ello. Tampoco esa información pudo contemplarse por la secretaría de Cambio Climático para decidir si procedía el Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, las obras que se están ejecutando son unas obras diferentes a las proyectadas. Incluso se han modificado los destinatarios finales del trasvase de agua.

Denunciada nuevamente esta situación por Ecologistas en Acción ante la fiscalía del Estado, esta ha remitido el expediente a la fiscalía de Granada, quien ha considerado que de las denuncias presentadas pueden deducirse hechos de apariencia delictiva. Por ello, la fiscalía de Granada, las ha remitido y pedido la apertura de diligencias al juzgado de Huéscar, donde se encontraba una causa abierta por motivos similares -ampliada en otros aspectos-, en denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Así, la investigación judicial sobre la CHG, Ministerio, delegación provincial de Medio Ambiente, ayuntamientos y SOGEOSA (empresa adjudicataria de las obras), y en la que los denunciantes exigirán responsabilidades penales, va estrechándose.

Desde la representación andaluza y provincial del Gobierno, se sigue una fuga hacia adelante persiguiendo acabar las obras cuanto antes. Dan cobertura policial a las obras e intimidan a la población con multas administrativas y denuncias por unas inexistentes coacciones hacia la empresa. En un alarmante delirio imaginativo recrean reuniones conspirativas en las que determinadas personas deciden actuaciones, mayoritaria y disciplinadamente seguidas por la población de Cortes (¡Hay que ver cómo hay personas que tienen el don de la ubicuidad y que gozan, además, de una sorprendente capacidad de movilización!). Pero aquí, la única legalidad posible es la de unos agricultores/as que tienen el derecho a trabajar en sus tierras, acudir a ellas acompañadas si lo desean sin que una empresa ilegalmente contratada se apropie de ellas y, además, pueda impedírselo la fuerza pública enviada por el Subdelegado de Gobierno.

La noticia de la fiscalía debiera hacer reconsiderar a los organismos e instituciones implicados. A mayor gravedad del daño, medioambiental, social y contra el derecho, mayor será también la responsabilidad. Aún están a tiempo de la paralización definitiva, retirar los tubos, restituir el daño y negociar sobre la base del proyecto alternativo, como tantas veces se le ha demandado.

Los partidos políticos preparan candidaturas para las municipales. Los rumores señalan nuevas candidaturas electorales en Castril.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre quiénes encabezarán las candidaturas de los diferentes partidos políticos para las elecciones municipales a celebrar en mayo, coincidiendo también con las autonómicas. Por lo que sabemos, PSOE y PP ya tienen decidida la persona que opte a la alcaldía. En cuanto a los demás grupos con representación en el ayuntamiento, no sabemos con seguridad si presentarán candidaturas. De algunos se rumorea que se integrarán o presentarán en una candidatura de UPyD. Asimismo, parece que IU-CA-LV irrumpirá como fuerza política en esta cita electoral. Otros están aún sopesando la conveniencia de estar presentes en ella.

No vamos a adelantarnos a lo que oficialmente no se nos ha comunicado. Pero sí vamos a hacer una oferta a todas las candidaturas que van a postularse para regir los destinos del consistorio en los próximos 4 años. Les proponemos que nos envíen información sobre el candidato a la alcaldía -y otros miembros de la candidatura si lo consideran oportuno-, así como un breve avance de lo que podría ser su programa electoral. En él, al menos, rogaríamos que incluyeran el pronunciamiento sobre temas que están actualmente en el debate político local, a saber: trasvase del río a Baza, nuevos regadíos, regadíos tradicionales, central hidroeléctrica, urbanismo, agua para abastecimiento, carreteras y caminos, castillo roquero, contrataciones municipales, información y participación ciudadana, etc. También, como es obvio, pueden incluir el pronunciamiento sobre otros temas como medidas necesarias a acometer a corto plazo. Lo publicaríamos tal como nos lo enviasen siempre y cuando no superasen una cara y media en A-5 y tamaño 12 de letra. Por supuesto tienen que estar cortésmente redactados, sin descalificaciones, insultos o referencias personales. Los envíos pueden hacerse a la dirección de correo plataformariocastril@hotmail.com o entregarse a alguno de los miembros de la Plataforma. No obstante, si pasado un tiempo no nos llega dicha información, los administradores del blog trataremos de recabarla personalmente así como el permiso para hacerla pública.

Ingeniería jurídica para justificar lo inevitable: EL trasvase del río Castril carece de cobertura legal.

La fiscalía de Granada justificó el archivo de las diligencias abiertas a instancia de Ecologistas en Acción, entre otras, al hecho de que las obras del trasvase estaban declaradas de emergencia por el decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía aprobado por el Gobierno. Como es sabido dicho decreto es nulo de pleno derecho por sentencia del Supremo publicada el 1-3-2010. Como nuevamente la asociación Ecologistas en Acción ha recurrido ante la fiscalía, en este caso ante la del Estado, advirtiendo de nuevos errores y falsedades en la información ambiental del proyecto que se presentó para su aprobación por la secretaría de Cambio Climático, diferente del que realmente están y pretenden continuar ejecutando, esta fiscalía ha decidido remitir el expediente a la de Granada. A su vez, la fiscalía de Granada, sabiendo de un proceso abierto en el juzgado de Huéscar a instancias de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, ha decidido acumular todas las actuaciones en dicho juzgado.

De ello, con el expediente de la fiscalía de Granada, no cabría esperar más que el reconocimiento de que las obras del trasvase se están realizando fuera de la ley. Pero sin duda, la maquinaria estatal posee los suficientes recursos para tratar de ganar tiempo yendo hacia una política de hechos consumados. De esta manera, frente a lo hasta ahora sostenido, las administraciones han puesto en marcha una nueva maniobra dilatoria: se trata de justificar la emergencia y aprobación de las obras en base a una orden ministerial; orden que según pretenden no se amparaba en el decreto 1419/2005 anulado por el Supremo sino en una prórroga del mismo, y que dicha prórroga no se vería afectada por la anulación del anterior decreto. Pero lo que olvidan u omiten es que fue el decreto 1419/2005, un decreto que jurídicamente ha dejado de existir, el que facultó al ministerio para decretar las obras de emergencia y que se aplicara el art. 72 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas que puso en marcha todo el procedimiento de aprobación de las obras. No obstante, ante esa imputación de responsabilidad en una orden ministerial, suficiente por sí misma para declarar las obras de emergencia según la abogacía del estado y responsables de otras administraciones, lo siguiente que tenemos que advertir, es que dicha orden ministerial parece ser una orden clandestina, pues no aparece publicada en el BOE. Es difícil que alguien pudiera haber recurrido dicha orden cuando nunca se publicó. Si esa es la cobertura legal que pretenden dar al proyecto y las obras del trasvase, a las expropiaciones y a todas las irregularidades cometidas en su tramitación, entonces, decir que vivimos en un Estado de derecho, es una pura entelequia.

La sequía ha desaparecido y los decretos que tomaban medidas excepcionales para combatirla han dejado de tener vigencia. El decreto 1419/2005 que daba cobertura a las medidas administrativas para combatir la sequía es nulo de pleno derecho; y lo que no ha existido no se puede prorrogar (“Si nada había, nada hay; porque de la nada, nada puede surgir”, desde Parménides asumimos estos principios racionales). La orden ministerial que recogiendo lo acordado en el Consejo de Ministros pudiera facultar la emergencia y la aprobación de las obras del trasvase, no ha sido publicada oficialmente. ¿Qué pretende el ministerio con estas renovadas argumentaciones y contraargumentaciones? Dilatar en el tiempo cualquier decisión judicial y, mientras, proseguir con las obras. De esta forma, atraviesan el valle fluvial y el río sin presentar proyecto ni estudio de impacto ambiental que lo avale. Bajo cuerda, tras el mismo anuncio de SOGEOSA (empresa ajudicataria de las obras) publicado en el BOP y en los tablones municipales, abriendo un plazo para presentar alegaciones a los cruces en el río, cuelan las obras para la captación de aguas en el azud de la cerrada e invaden la zona BIC, el conjunto histórico-artístico de Castril. Todo ello realizado por una empresa en cuyo contrato se dice que ha sido efectuado al amparo de un decreto, el 1419/2005, que fue anulado por el Supremo.

Otros recursos también se encuentran en sede judicial. Pero la acción no se detiene ahí. Hasta que se restablezca el derecho y se haga justicia, se pidan las responsabilidades administrativas y penales, la Plataforma proseguirá sus actuaciones y en los próximos días tomará nuevas medidas.

Se aproxima el invierno y las carreteras de acceso a Castril siguen en un lamentable estado tercermundista. Ni Junta ni CHG asumen sus compromisos.

La carretera de La Junta que une Castril con Pozo Alcón y que es vía de acceso a la provincia de Jaén y también hacia Granada, por estrecha y sinuosa dejó prácticamente de utilizarse cuando a finales de los 90 la CHG construyó el camino de servicio con motivo de las obras del pantano el Portillo sobre el río Castril. A partir de ese instante se utilizó esta carretera que llegaba hasta la aldea de Campo Cebas, conectando desde ahí con la A-326 hasta la localidad de Pozo Alcón. Era mucho más ancha, directa y evitaba los kms. más peligrosos de ascenso hasta Campo Cebas por la A-326, la carretera de la Junta. Además de acceso a la provincia de Jaén, se convirtió en la ruta más utilizada para llegar a Granada. Sin embargo, con una pasmosa dejación de responsabilidades por parte de la CHG, esta vía de servicio fue paulatinamente deteriorándose hasta cerrarse definitivamente para el tráfico rodado hace ahora un año. Como consecuencia, el tráfico ha tenido que recuperar esos peligrosos kms. de ascenso hacia Campo Cebas por la antigua carretera dependiente de la Junta de Andalucía.

Son especialmente peligrosos porque a las numerosas curvas sin visibilidad, falta de señalización en el asfalto y estado del mismo, se une una estrechez como no recordamos en alguna carretera andaluza. Conduciendo con prudencia, dos turismos podrán cruzarse no sin cierto riesgo. Pero si el cruce se produce con un autocar o camión, y no se olvide la frecuencia de los camiones que acuden a las canteras, el peligro es enorme. Tanto es así, que incluso sin inclemencias metereológicas, se han producido numerosos accidentes. El último, el sufrido por el autobús de línea con Granada hace unas semanas.

La CHG lleva tiempo diciendo que tiene aprobado el arreglo del camino de servicio que de ella depende. Pero esto empieza a parecer como la “realidad de los nuevos regadíos”. El tiempo pasa, los accidentes se producen y, algunos, con heridos. Mientras, el alcalde alaba el esfuerzo de las administraciones en la mejora de las infraestructuras en su álbum-programa de fiestas.

¿Se puede referir con la mejora de las infraestructuras a las otras carreteras que salen de Castril? La que une Castril con Huéscar, acceso para otros pueblos de la comarca y el levante, y que permite conectar, poco antes de Fátima, con la carretera que comunica con otros anejos de Castril (las Almontaras, Fuentevera, etc.) hasta alcanzar la carretera Cortes de Baza-Benamurel-Baza, desde donde ya se puede acceder a la A-92, tiene tramos estrechos y sinuosos objeto también de accidentes. En la carretetera con dirección hacia la de Cortes-Benamurel-Baza, se arregló hace años el tramo hasta sobrepasar el cruce de los Laneros, pero con una travesía por las Almontaras planteada como si de un desprecio a la población se tratara (¿dónde está la prometida rotonda?). Pero más allá del cruce con lo Laneros, hasta llegar a la carretera de Cortes-Baza, hay kms. olvidados por la Junta desde que esta existe. Los coches pueden circular a pesar de ser estrecha y de visibilidad escasa en muchas curvas. Pero el asfalto está en tan mal estado, con tal cúmulo de baches, badenes e irregularidades, que todavía tenemos mejor recuerdo de aquella carretera que aún en los 60 estaba sin asfaltar. Quien necesariamente tiene que repetir esta ruta, acaba visitando el taller mecánico antes de tiempo. En general, hasta llegar a Baza, estamos hablando de carreteras tercemundistas.

No olvidemos que la carreteras de salida de Castril comunican con centros comarcales de los que se depende para servicios básicos y necesarios: hospitales, institutos, juzgados, registros de propiedad, mercados, comercios, notarías, etc. Son carreteras que permiten también la comunicación con la capital o con otras provincias con fuertes vinculaciones migratorias. En algunos casos, como la de Baza-Cortes, se viene prometiendo, al menos desde 2007, su inminente arreglo y mejora.

Dado este lamentable estado de las carreteras, ¿a qué se refiere el alcalde con el esfuerzo de las administraciones en “financiar y ejecutar obras e iniciativas que han sido y serán fundamentales para la mejora de nuestras infraestructuras”? Porque si revisamos lo que nos queda, los caminos de acceso al río (por encima del pantano y por la dehesa), cementerio de Castril, cortijos de Castril y anejos, etc. las mejoras han sido excepcionales. Y además, con un problema añadido: su no generalización provoca agravios comparativos, generando un comprensible malestar entre los vecinos y vecinas que no se consideran agraciados, que son mayoría.

Las infraestructuras, las carreteras como redes de comunicación comarcal, serán uno de los retos que tendrá que afrontar y exigir a las administraciones el próximo ayuntamiento que salga de las urnas. Eso esperamos.