Centenares de personas procedentes de Cortes de Baza, otros tantos de la misma Granada, también decenas venidas de Castril y otros lugares, como Baza, se manifestaron por las calles de Granada en contra del inncecesario e irracional trasvase de aguas del río Castril. Se protestó y pidió la paralización definitiva y que se reconsidere el proyecto alternativo, consistente en la captación de aguas desde la desembocadura del río en el pantano del Negratín, y que supondría respetar la integridad ecológica del río y el nulo impacto de las obras.
Pero además, se denunció y exigió la paralización del trasvase por encontrarse fuera de la ley, por realizarse estas obras en claro fraude de ley tras la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005. Y no sólo eso. La presencia de los antidisturbios en Cortes de Baza impidiendo a los agricultores el acceso a sus tierras y permitiendo que las máquinas de la empresa ilegalmente contratada (véase entrada del día 24-09) atraviese sus cultivos, en un proceso de expropiaciones que es ilegal y se encuentra en los tribunales de justicia, y ello por expreso mandato del Subdelegado de Gobierno, quien además ha enviado multas a más de setenta vecinos y vecinas (por ahora) por el mero hecho de expresar su solidaridad con los agricultores afectados, concitó la indignación y rabia de los manifestantes hacia el Subdelegado, A. Cruz. Se le demandó el respeto a la sentencia del T. Supremo, al derecho y a las libertades suspendidas de facto en el pueblo de Cortes.
Por las acusaciones de fascismo y la demanda de libertades pareció tratarse de una manifestación más propia de otros tiempos. En realidad, que se consiguiera acabar con la dictadura y se estableciera un sistema democrático homologado por los paises occidentales, no quiere decir que las actitudes fascistas no permanezcan en sectores de la dirigencia política. Tampoco que el sistema garantice las libertades y los derechos que, sobre el papel, figuran en declaraciones y textos constitucionales. Amedrentar a la población con el envío masivo de multas, a personas denunciadas e identificadas siguiendo el más puro estilo nazi, es una forma de restar presencia en las protestas que no puede ser tildada más que de fascista.
En efecto, fueron muchos los vecinos que creían poder ser multados si acudían a la manifestación. Castril y Cortes son pueblos cuya renta per cápita se sitúa alrededor de los 8.000 euros. Es decir, estamos hablando del umbral de la pobreza relativa existente en el Estado español. ¿Qué puede sentir una familia, una persona, cuando reciba la notificación de una multa de 7.000 euros, prácticamente la totalidad de su renta anual? No obstante, la respuesta del pueblo cortesano fue, una vez más, extraordinariamente aceptable. En Castril, la sombra del ayuntamiento, cómplice de la CHG en este nuevo intento por acabar con la vida del río, se proyecta vengativamente sobre los vecinos/as. Cualquier crítica a la política del alcalde se transforma en una pérdida de los favores municipales. En todos los sentidos. Desde los que tiene que prestar un servicio público, a los que tiene que garantizar como institución y que deben ser neutrales y transparentes. En Castril, como en otros pueblos de Andalucia, las redes clientelares se establecen con la satisfacción mutua de intereses; y el ostracismo y persecución de los críticos y adversarios políticos es una constante cotidiana. Las prácticas del antiguo señoritismo continúan instaladas en la vida del pueblo: es el fascismo sociológico, que sobrevive al fascismo político. Esa es la explicación de la muy inferior afluencia de manifestanntes de Castril respecto al vecino pueblo de Cortes.
