La Coordinadora Nueva Cultura del Territorio se opone al trasvase del río Castril. Su denuncia ha sido enviada a diversas instituciones.

Entre las instituciones a los que se les ha enviado la denuncia se encuentran: Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo Español, CHG, Presidencia de Gobierno, Fiscalía y otros.


Como mejor proceda nos dirigimos a usted y le EXPONEMOS

Manifestarle nuestra oposición y protesta por las obras que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino) está llevando a cabo en el municipio de Cortes de Baza
(Granada) para la conducción de agua a diversos municipios
colindantes.

Estas obras parecen ampararse en el Real Decreto 1419/2005,de 25 de
Noviembre por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales
para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos
de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana,
Guadalquivir y Ebro. Amparándose en este Real Decreto se ha eludido el
preceptivo procedimiento de evaluación ambiental y se han tramitado los
expedientes de expropiación. Dicho Real Decreto fue declarado nulo de
pleno derecho por la Sentencia de 24 de noviembre de 2009, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.

Más allá de este importante aspecto legal, y refiriéndonos al fondo
de la cuestión, quiero señalarle los siguientes aspectos fundamentales
del tema:

El origen del problema reside en el deterioro de los recursos
hídricos en la comarca de Baza, como consecuencia de la falta de
ordenación, el crecimiento excesivo de las presiones y la consiguiente
sobreexplotación de las masas de agua.

2. En este caso, como en otros donde se plantea este tipo de
problemas, la primera obligación es "poner orden en la propia casa" y
no exportar el problema, extrayendo recursos externos, de lugares en
donde, gracias a la baja presión local sobre los mismos, estos todavía
se conservan en buen estado.

3. El río Castril del que se pretende extraer los nuevos recursos
sufre ya un proceso de alteración de sus condiciones hidrológicos tras
la construcción del embalse del Portillo. El actual proyecto de
trasvase no se puede desvincular de los restantes planes y proyectos de
extensión de regadíos, de aprovechamiento energético y del futuro
régimen de explotación del embalse a que todo eso dará lugar.

4. Es necesario actualizar la evaluación del régimen de aportaciones
naturales del río Castril, así como definir el caudal ecológico con
arreglo a los nuevos criterios de la normativa vigente. Este tema es
fundamental. Debería estar resuelto como parte del Plan Hidrológico de
la cuenca del Guadalquivir, cuya tramitación sigue acumulando años de
retraso.

5. Es fundamental tomar en consideración los importantes aspectos
sociales, patrimoniales y culturales del problema, que explican la
comprensible sensibilización de la población, la resistencia legal y
física que ésta presenta a las obras y la conflictividad que rodea al
tema. Esto hace necesario abrir un proceso real de participación y
acuerdo social profundo que en ningún momento se ha llevado como la
normativa y el consenso científico vigentes sobre estos temas exige.

6. La alternativa de toma en desembocadura del río, junto a los
inconvenientes de calidad, comporta también ventajas y reduce
conflictividad, por lo que debe de ser reconsiderada y sometida a un
riguroso proceso de evaluación de alternativas que integre todo los
factores económicos, ecológicos y sociales.

Atentamente
por NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO-Málaga
Francisco Puche Virginia Tellez José Galán

El delegado de Medio Ambiente deriva las responsabilidades sobre el trasvase al Gobierno. El Subdelegado deja recado con el envío masivo de multas.

Se ejecutan una obras y realizan unas expropiaciones al amparo de un decreto, el RD 1419/2005, declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo. Ante ello, la CHG acelera las obras pretendiendo una política de hechos consumados. Los agricultores/as y vecinos/as de Cortes y Castril protestan, defienden el río y las tierras de las que dependen ambos pueblos. Con ellos está la justicia y el derecho. ¿Qué hace el representante del Gobierno en la provincia? Manda a la fuerza pública (GRS) para desalojar a las personas propietarias de fincas y a los vecinos y vecinas que los acompañaban en el trance de la invasión destructiva que se produce en sus cultivos. Nadie los ha convocado, simplemente es la solidaridad vecinal, es la defensa de un río del que secularmente han vivido y que ha dado lugar al patrimonio natural y cultural con el que se identifican los pueblos ribereños.

Ahí no termina todo. Desde hace unos días están llegando cartas anunciando multas de 3.000 euros a personas acusadas de convocantes y participantes de reuniones y no se sabe qué más. Ni nadie les ha pedido el DNI, ni han obstaculizado los trabajos de la empresa que contratada ilegalmente trabaja ilegalmente en tierras ilegalmente expropiadas. La acusación es tan esperpéntica que incluso bastante antes de que lleguen las cartas a las personas denunciadas por la Guardia Civil, en el foro de la página http://www.riocastril.com/, un anónimo invitado anuncia mofándose, con varios días de antelación, quienes van a ser multados. Como no creemos en la clarividencia, suponemos que tras ese anónimo invitado se encuentra la persona que rastrea en las fotos a ver si localiza la cara de alguno de sus críticos para, sin demora, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Incluso se permite especular acerca de a quién no ha encontrado. Que no se preocupe, que le daremos oportunidad de ello. A estas alturas, sospechamos el nombre del anónimo invitado.

Viendo esa actitud prepotente del Subdelegado de Gobierno, arropando con la fuerza pública las obras ilegales, era de prever que no acudiera a la reunión convocada en la delegación provincial de Medio Ambiente. Así que nos quedamos sin poder interpelar al principal responsable de que las obras se estén ejecutando y apoyadas en la absurda represión sobre las personas que defienden el río y el ecosistema de la cuenca.

La reunión contó con la presencia del delegado de Medio Ambiente, el gerente de Agencia Andaluza del Agua, y los responsables técnicos de la delegación. De todo lo acontecido en la reunión puede leerse, a continuación, el escrito dirigido al Defensor del pueblo Andaluz, donde se comentan todos los temas que se trataron y se pide su intervención.

Sr. Defensor del Pueblo Andaluz:

En días pasados enviamos una queja referida al trasvase del río Castril que se está ejecutando estos días en el término municipal de Cortes. En ella expresábamos nuestra protesta e indignación por la actuación de la CHG al reemprender las obras a pesar de haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba (RD 1419/2005). Asimismo mostrábamos nuestra disconformidad con el envío de fuerza pública para proteger los trabajos de la empresa frente a las legítimas reclamaciones de los agricultores propietarios de las fincas. Hoy, día 9, parece que se han retirado dichas fuerzas especiales (GRS).

Ayer, martes día 8, sostuvimos una entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente en Granada. De esta entrevista albergábamos la esperanza de que la delegación se comprometiera en la paralización de las obras, aunque fuese una suspensión cautelar de las mismas. Los motivos que aducíamos los habíamos presentado por escrito semanas atrás. En archivo adjunto se envía dicho escrito. Rechazaron tal posibilidad alegando que técnica y jurídicamente estas obras son competencia del ministerio de Medio Ambiente, los únicos que podrían pronunciarse sobre ello, así como sobre la legalidad o ilegalidad de las obras y las expropiaciones.

Sí aceptaron estudiar las falsedades y omisiones relativas al impacto ambiental de las obras, contempladas en la Ficha Ambiental que en su día elaboró la CHG y que sirvió para emitir el Informe Ambiental que la delegación de Medio Ambiente envió a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Amiente. En base a dicho informe, la secretaría de Cambio Climático decidió no proceder al Estudio de Impacto Ambiental.

Por nuestra parte insistimos en que además de pedir información al ministerio, a partir de la cual la delegación tomaría las correspondientes medidas, en su responsabilidad sobre la gestión medioambiental y dada la magnitud de las falsedades y omisiones contenidas en la Ficha Ambiental, la delegación podría pedir la suspensión cautelar de las mismas hasta conocer la realidad de las obras. Justificaron que el pronunciamiento e informe de la delegación de Medio Ambiente necesariamente tenía que hacerse sobre la base de la Ficha Ambiental, pues al haber sido declaradas las obras de emergencia, no era necesaria la presentación de un proyecto.

Pero precisamente es esa circunstancia, la emergencia, lo que ahora ha quedado anulada en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2009, BOE 1 de marzo de 2010. Por tanto, si no hay emergencia, entendemos que la CHG está ahora obligada a presentar el proyecto para ser sometido a estudio y aprobación por parte de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por tanto, sí entra en el ámbito de competencias de la Junta el pedir la suspensión de las obras hasta que se presente y sea informado dicho proyecto. Al margen de las competencias del ministerio, la Junta no puede eludir las propias.

La petición que hacemos ahora queremos unirla a la planteábamos en días pasados. A la ilegalidad de la contratación de las obras y del proceso de expropiación, unimos el que la carencia de proyecto ya no se justifica y, en consecuencia, la Junta de Andalucía puede y debe intervenir paralizando las obras del trasvase.

Esperamos que de sus gestiones se vean satisfechas las demandas de los pueblos de Castril y Cortes, porque creemos que es de justicia y que el derecho nos ampara.

Gracias de antemano. En Castril a 9 de septiembre de2010.

IU pregunta en el Parlamento Andaluz sobre el trasvase del río Castril

Comunicado enviado por Izquierda Unida



PSOE Y PP hacen la pinza contra los intereses de los vecinos de Cortes de Baza y de la Plataforma por la defensa del Río Castril



En la tarde de ayer tuvo lugar la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía. En el transcurso de esta comisión se debatió la proposición no de Ley que presentó Izquierda Unida, a través de su parlamentario Pedro Vaquero, para la paralización definitiva de las obras de trasvase del río Castril denominadas “obras de emergencia para la conducción de abastecimiento a la población de Baza desde el pantano del Portillo” así como la retirada de las tuberías ya instaladas y devolver las zonas destrozadas de la vega del río Castril a su estado inicial, así como derogar la Ley de emergencia por la que se aprobaron dichas obras en el consejo de Ministros del 16 de diciembre de 2.006. Tanto los representantes del partido socialista como los de los populares se posicionaron en contra dejando solo al representante de Izquierda Unida, contraviniendo de esta forma el clamor de los vecinos de Cortes de Baza y Plataforma por la defensa del río.

Vaquero se ha mostrado muy crítico con la postura adoptada por los representantes de los dos partidos mayoritarios calificándola de “torpe y represiva”. Torpe porque va en contra de los vecinos, y represiva por parte de la Subdelegación del Gobierno “que están haciendo las obras en contra de la voluntad de un pueblo, con la protección y presencia de unos 70 agentes de la Guardia civil imponiendo la voluntad de una administración en contra de todo un pueblo”.

IU ha puesto de manifiesto en esta comisión “la ilegalidad” la falta de base jurídica en función de la cual se ha establecido la orden del Ministerio de Medio ambiente para ejecutar esas obras “la orden que se produjo en su día estaba establecida en función de que en el 2.005 había habido un Real decreto de emergencia por motivos de la sequía, pero cuando el Tribunal Supremo, Sala Tercera, en función de un recurso presentado se pronuncia a favor de la nulidad de pleno derecho de ese Decreto, no hay base jurídica para el trasvase del río en cuestión”. Todas estas cuestiones no han querido ser debatidas por los asistentes a la comisión “obviando el debate y dando la espalda a los vecinos, dejándolos a su suerte y con el único apoyo de Izquierda Unida”.

La Confederación acelera las obras del trasvase. Una agricultora necesita asistencia tras ver invadidas sus tierras por las máquinas.

Los numerosos procesos judiciales abiertos por las numerosas irregularidades que rodean el proyecto de trasvase del río Castril y la sentencia del T. Supremo declarando nulo de pleno derecho el Real Decreto 1419/2005, que aprobaba las medidas de emergencia para combatir la sequía, no están sirviendo de impedimento para que la CHG prosiga con las obras del trasvase. Las fuerzas del GRS han sido llamadas para que custodien los trabajos de la empresa sin que los agricultores puedan acceder a sus fincas y hacer valer sus derechos. Hoy por tercer día consecutivo.

No lo olvidemos: Las obras fueron contratadas aplicando el artículo 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas por estar declaradas de urgencia según el decreto 1419/2005, decreto anulado por el Supremo. Las expropiaciones se están llevando a cabo con carácter de urgencia, por el art. 52.2 de la ley de Expropiaciones Forzosa, en virtud del decreto antes mencionado. Y además, las obras se están haciendo sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que correspondería de haberse realizado por la vía ordinaria.

Ante esta flagrante ilegalidad, ¿qué pueden hacer quienes proponen un proyecto diferente, más respetuoso ambientalmente, capaz de satisfacer los intereses en juego y económicamente más rentable? Los agricultores/as han pretendido seguir en sus tierras con el apoyo de los vecinos y vecinas. Pero la fuerza pública los ha expulsado e impide el acceso a ellas. Varios de ellos han recibido notificaciones en las que se les imponen multas de 3000 euros. ¡Una multa por estar en una finca con autorización del propietario! Dicen que están impidiendo los trabajos de la empresa. ¿Pero quién ha autorizado a la empresa para que invada esas tierras? ¿Por qué no puede permanecer ese agricultor/a con sus vecinos/as en ella? Es el subdelegado de Gobierno quien debiera de responder a esas preguntas.

Hoy, una agricultora de Cortes, ante tanto despropósito e impotencia, viendo cómo las máquinas invadían sus cultivos, ha sufrido una crisis nerviosa que ha requerido asistencia sanitaria. La propia Guardia Civil nos indicó, a última hora, que se encontraba más restablecida. Pero la tensión, los sollozos, las emociones contenidas, creaban una atmósfera asfixiante de dolor que impregnó a todas la personas presentes. Hasta los propios dirigentes provinciales de Izquierda Unida (IU), que vinieron a expresar su apoyo al pueblo de Cortes, se quedaron anímicamente impactados e impresionados de los acontecimientos vividos.

Hemos dicho que el Subdelegado de Gobierno debe responder numerosas preguntas. El miércoles hay concertada una entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente y se espera la presencia del Subdelegado. Se plantearán las numerosas irregularidades y falsedades contempladas en la Ficha Ambiental que la CHG elaboró y que sirvió para que Medio Ambiente considerase moderado el impacto ambiental de las obras. Se va a pedir, una vez más, la suspensión de las obras. Ya no vale decir que las competencias son del Gobierno, del ministerio de Medio Ambiente. La gestión ambiental depende de Junta de Andalucía, del delegado en la provincia de Granada. Y ante tantas falsedades y omisiones cometidos en la Ficha Ambiental, a él le compete paralizar las obras, investigar lo sucedido y depurar responsabilidades.

¿Quién ha dicho que las obras no discurren por el valle fluvial? ¿Quién y por qué ha omitido que el río es atravesado hasta en seis ocasiones? ¿Por qué se oculta que la tubería supera los 42 km.? ¿Qué organismo ha informado que las obras no atraviesan ninguna zona BIC? Unas obras ilegales y rodeadas de todas estas falsedades tienen que hacer recapacitar al delegado de Medio Ambiente. Y el Subdelegado de Gobierno debe saber que en una situación así, no puede enviar a la fuerza pública para que la empresa se abra paso a la fuerza por las tierras que legítimamente defienden los agricultores/as.

Entre los afectados se empieza a hablar de prevaricación. ¿Quién puede estar incurriendo en ese posible delito?

Nuevas notificaciones en el proceso de expropiación por el trasvase del río Castril amparadas en el decreto declarado nulo por el T. Supremo.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa con el proceso de expropiaciones por la vía de urgencia amparándose en el decreto 1419/2005. Este decreto fue declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo en sentencia de 24 de noviembre de 2009 y publicada en el BOE de 1 de marzo de 2010. Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de la aplicación del decreto anulado, carecen de legalidad. Entre ellas, las obras del trasvase del río Castril, la contratación de las obras, el proceso de expropiaciones, etc. De todo ello ya tienen conocimiento en la CHG y las administraciones implicadas. Asimismo, existen numerosos procedimientos judiciales abiertos, algunos incluso por la vía penal ante el absurdo empecinamiento de la CHG, ministerio de Medio Ambiente y consejería en proseguir con estas obras ilegales.

La prepotencia mostrada por el Subdelegado de Gobierno, mandando a la fuerza pública para desalojar a los agricultores de sus tierras y que la empresa pueda continuar con los trabajos a pesar de su manifiesta ilegalidad, es un hecho sin precedentes en un Estado de derecho. Los responsables de todos estos acontecimientos pronto se verán sometidos al veredicto de las urnas. Es bastante probable que tengan que abandonar las administraciones que hoy ocupan y continuar su vida cotidiana como cualquier otro ciudadano de a pie. Pero la acción de la justicia no se detendrá y algunos tendrán que responder ante ella.

En un giro de tuerca más, con fecha de 24 de agosto de 2010, la CHG publica un edicto en el ayuntamiento de Castril en el que avisa de que continuará con las expropiaciones, conminando a los agricultores que se negaron a firmar la propuesta que anteriormente se les hizo a que valoren sus finca antes de que de oficio sea la propia CHG quien fije la indemnización correspondiente. Y ello lo hace en base a la urgencia aprobada en el decreto anulado por el T. Supremo. (Puede leerse el edicto pichando sobre él). Es un desprecio más a la sentencia del Supremo, un desafío a uno de los poderes del Estado, al poder judicial. La CHG, con este acto de desacato, se está situando fuera del marco constitucional y del Estado de derecho.

En Castril y Cortes nadie quiere un nuevo caso “Nevada”, donde responsables políticos acaben con penas de inhabilitación y de cárcel, pero sin que el centro comercial sea demolido. Por eso, todas las acciones que se están emprendiendo en todos los ámbitos tienen como objeto la inmediata paralización de las obras, restituir los terrenos afectados e indemnizar a los agricultores. Luego, será la justicia quien tenga que actuar y repartir suerte.

Algunos están aún a tiempo de rectificar errores. Es de sabios.

La fuerza pública desaloja por la fuerza a los agricultores/as de Cortes que defienden sus tierras de las obras del trasvase del río Castril.

Esta mañana, las fuerzas del GRS han procedido por la fuerza a desalojar a los agricultores y vecinos/as de Cortes de Baza de sus tierras para permitir que continúen las obras del trasvase del río Castril. Esta injusta medida ha sido denunciada ante el juzgado de Baza. Asimismo, se ha mandado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo su intervención.

Esta inverosímil e inaudita situación, en que la fuerza pública es puesta al servicio de unas obras ilegales contra los legítimos derechos de los agricultores, ha levantado una oleada de indignación que, sin embargo, no está siendo reflejada en los medios de comunicación con presencia en Andalucía.

Para romper el bloqueo informativo esperamos que desde los foros y blogs de la comarca, desde las posibilidades que ofrece internet para la comunicación horizontal, se difunda lo sucedido y aparezcan las imágenes. Nosotros, para que estos hechos puedan entenderse en su contexto, publicamos la queja enviada al Defensor del Pueblo Andaluz. En ella se expone el problema y se le pide que intervenga.

Sr. Defensor del Pueblo Andaluz

En la mañana de hoy, 3 de septiembre de 2010, la Guardia Civil ha procedido a disolver por la fuerza a los vecinos y vecinas de Cortes de Baza y alguno de Castril que se encontraban con los agricultores propietarios de las tierras de por donde se pretende que discurran las obras del trasvase del río de Castril. Según la fuerza pública, la actitud de los agricultores y vecinos/as impedía que las obras que atraviesan los cultivos de la vega pudiesen llevarse a cabo.

Por su parte, los vecino/as de Cortes y miembros de la Plataforma por la Defensa del Río Castril les han argumentado, tanto a los responsables de la empresa como a los de la fuerza pública, que las obras son ilegales. Se les han entregado escritos en los que se advierte de tal circunstancia. Hace varias semanas también se advirtió de lo mismo al Sr. Subdelegado de Gobierno en Granada, a los responsables de diferentes administraciones públicas: consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ayuntamientos por donde discurren las obras, etc. Por tanto, nadie puede ignorar el hecho de que las obras y las expropiaciones efectuadas son ilegales.

El proyecto de trasvase del río de Castril es ilegal porque el decreto del Gobierno que amparaba la realización de medidas con carácter de emergencia contra la sequía, decreto 1419/2005 de 25 de noviembre fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de noviembre de 2009. Bajo esa declaración de “emergencia“ se justificaron todos los pasos para poner en marcha el proyecto: contratación de la empresa, denegación del estudio de impacto ambiental, expropiaciones, etc. Todos ellos son nulos, porque el decreto que los ampara así lo es. En consecuencia, las obras del trasvase del río Castril a Baza, obras aprobadas mediante decreto del Gobierno de 15 diciembre de 2006, como consecuencia de la emergencia decretada en el decreto 1419/2005, son ilegales.

Podemos enviarle más adelante toda la documentación acreditativa de cuanto llevamos dicho. En estos momentos, por la premura de nuestra queja, no podemos hacerlo; pero tampoco lo creemos necesario. No lo creemos porque desde su oficina respondieron a una queja sobre el impacto ambiental de este proyecto. Dicha queja fue emitida por Juan Manuel Iruela Sánchez, y la respuesta, con nº de expediente 07025361, fue recibida con fecha de salida del 17/09/09. En ella, desde su oficina se argumenta que dichas obras fueron declaradas de emergencia según el decreto 1419/2005, precisamente el decreto anulado por el Tribunal Supremo. Por tanto, pueden suponer que lo que ahora tiene que hacer el Gobierno es paralizar las obras y retirar los tubos que tienen enterrados en las vega de Castril, por ahora. Y si los promotores creen en la bondad de un proyecto similar, iniciarlo por la vía ordinaria. Pero no pretendemos decirle al Gobierno lo que debe hacer, sino lo que está obligado a realizar; esto es, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y suspender definitivamente las obras del trasvase.

Con esta queja eso es la que queremos exponerle: que la ley sea de obligado cumplimiento, incluido a los poderes públicos. Es algo inaudito que hoy haya sido disuelta por la fuerza pública una concentración de agricultores y vecino/as que defienden sus tierras y cultivos contra una empresa y unas obras ilegales. El proceso de expropiación está recurrido en los tribunales, la resolución que deniega el estudio de impacto ambiental también está recurrida, hay abiertas varias denuncias por la vía penal, etc. Los agricultores no han aceptado ninguna expropiación y además, tiene recurrido todo el proceso. Las tierras son de su propiedad. ¿Por qué no pueden estar en ellas? ¿Quién es esa empresa que pretende destrozar sus cultivos? ¿Qué autorizaciones muestra? Nada de nada. Enseñan un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Granada, según el cual se suspende cautelarmente un decreto de la alcaldía de Cortes que paralizaba las obras, hasta que haya sentencia firme, y lo esgrime como si eso fuera una muestra de legalidad, cuando no es nada de nada. En ningún momento se dice en tal auto que las obras sean legales y puedan proseguir. No lo puede decir porque el auto sólo se refiere a la validez de un acto administrativo determinado, y decide cautelarmente suspender su vigencia. Y eso es todo. Los agricultores enseñan los títulos de propiedad, los recursos y denuncias interpuestos a las expropiaciones y, sin embargo, son obligados a que abandonen sus tierras para que entren las máquinas que destrozan sus cultivos, es decir, las máquinas de la empresa contratada para hacer unas obras y con unas expropiaciones realizadas al amparo de un decreto declarado en sentencia firme nulo de pleno derecho. En definitiva, que unas obras ilegales han pretendido abrirse camino con el apoyo de la fuerza pública frente al derecho y la legitimidad de los agricultores a defender las tierras.

Pedimos su intervención. Pedimos que intervenga ante el Sr. Subdelegado de Gobierno para que no dé instrucciones a la fuerza pública para desalojar a los agricultores de Cortes o Castril, que estas fuerzas no impidan a los agricultores y vecinos/as el acceso a sus tierras, que se abstenga de mostrar públicamente animadversión hacia los grupos y personas que defendemos el río Castril y que, respetando la ley, que es su obligación, la fuerza pública sólo intervenga para defender la única legalidad a día de hoy, el derecho de los agricultores a disponer de sus tierras y de sus cosechas.

Esperando con rapidez su repuesta, quedamos agradecidos de antemano.

Siguen las protestas de los ciudadanos/as de Cortes en contra del trasvase del río Castril.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril remite el siguiente comunicado en el que, entre otras, sostiene que las declaraciones del Subdelegado de Gobierno no se ajustan a la verdad.

Hoy jueves, día 2 de septiembre, y por sorpresa, la empresa constructora se ha concentrado con todos los trabajadores en el término municipal de Cortes de Baza con intenciones de reanudar las obras. También se han desplazado alrededor de unos cincuenta efectivos de la guardia civil para apoyar el reinicio de las mismas.

Del mismo modo que días anteriores, la empresa sigue argumentando que el Auto del Juzgado nº 4 de Granada que suspendió cautelarmente el decreto de la alcaldía de Cortes de Baza por el cual quedaron paralizadas las obras les habilita para continuarlas, y les da el respaldo legal de las mismas.

Sin embargo los propietarios y ciudadanos siguen exigiendo que sea la empresa constructora la que acredite que el proceso de expropiaciones está terminado y que presenten la orden judicial que los habilita para poder entrar en sus tierras y vender sus cosechas.

A pesar de las declaraciones Subdelegado del Gobierno en Granada declarando nuevamente en su visita a Baza que las obras del trasvase cuentan con todos los parabienes legales y que son unas obras de interés general, afirmamos que eso no es cierto, puesto que el Tribuna Supremo declaró Nulo de pleno derecho el Real Decreto de Sequía 1419/2005 que jurídicamente las sustentaba, con lo cual dichas obras dejan de ser igualmente de interés general y se deben volver a licitar por la vía ordinaria.

Del mismo modo, los opositores en contra del trasvase, denunciamos que las declaraciones del subdelegado, acusando a los ciudadanos de utilizar la fuerza y coaccionar a los trabajadores de la empresa, son falsas; y que en ningún momento se les ha coaccionado y mucho menos utilizado la fuerza; lo único que piden los ciudadanos afectados es que se haga justicia y que se paralicen las obras por ser estas actualmente ilegales.

A media mañana de este mismo día se han vuelto a retirar los efectivos de la Guardia Civil de la zona y la empresa ha retirado la maquinaria de los terrenos ocupados depositándola nuevamente enfrente del Cuartel de la Guardia Civil de Cortes de Baza.